El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y los intendentes de Montevideo y Canelones, Carolina Cosse y Yamandú Orsi, expusieron sus argumentos a favor de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) este martes de mañana, en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay en el hotel Radisson de Montevideo. Los dirigentes de la oposición disertaron a lo largo de una hora, frente a decenas de referentes del mundo empresarial, e hicieron énfasis en lo que consideraron un daño a la institucionalidad causado por el uso de una norma de casi 500 artículos, y distinguieron el “retiro del Estado” como hilo conductor de todos los contenidos que se pretende derogar.

El primer orador fue el expresidente del PIT-CNT, quien dijo que la LUC trajo consigo un “mundo de desequilibrios”; el primero de ellos, el abuso de la herramienta de la ley de urgente consideración, prevista en la Constitución: “El tren de UPM, que va a ser grande, no tiene tantos vagones como tiene esta ley”, comparó, y dijo que esto es precisamente lo que la hace “tan difícil de discutir”. Como “primer aviso” para la audiencia, mencionó que esta figura “se utilizó aun sabiendo [que es] el peor procedimiento en términos de calidad democrática que tiene el Poder Legislativo”.

Pereira advirtió que esta utilización del recurso es “un problema institucional” que a futuro puede ser “la tentación de una mayoría parlamentaria”, y se preguntó si “esa es la lógica con la que el Poder Legislativo va a funcionar de aquí en más. ¿Una ley con todos los proyectos de ley que un gobierno traiga? ¿Una ley de 3.000 artículos, de 5.000, que se tenga que aprobar en 90 días?”. Reforzó el planteo señalando que desde 1985 hasta 2019 se aprobaron varias LUC y que, entre todas, sumaron “403 artículos”, mientras que la LUC del gobierno de Luis Lacalle Pou contiene 476.

Orsi coincidió en que “no se puede llevar al borde a la Constitución” y dijo que es necesario “manejarse con equilibrio; no se pueden tratar más de 40 asuntos y casi 500 artículos de apuro. Su proyección como método de gobierno es extremadamente peligroso”, analizó, y en la misma línea se preguntó “hasta dónde podrían llegar futuros gobiernos” de seguir con este manejo de la herramienta.

El intendente canario consideró que el gobierno cometió “un error importante” al “considerar urgentes asuntos que no aparecen como prioritarios”, y opinó que esto se refleja en que hay asuntos de los que están contenidos en la ley que “se encuentran pendientes para su implementación, aunque estén vigentes desde el año 2020”. “Esto evidencia la propia debilidad y la razón de urgencia se cae. El mismo gobierno puso esta ley en un congelador”, aseguró, y luego agregó: “Nuestra mayor crítica es que es mucho mejor construir puentes que volarlos, por más que sea más rápido”.

En tanto, Cosse recordó que era senadora cuando se discutió la LUC “en 45 días; más de diez artículos por día”. Afirmó que a su entender esa “no es forma de legislar” y que implica un “deterioro de la institucionalidad”. Durante su alocución proyectó una presentación con imágenes de las delegaciones de expertos que visitaron el Parlamento durante el tratamiento de la norma y plantearon sus reparos, y destacó que “contaron con 20 minutos para exponernos que estaban en contra”. “Todas estas personas nos dieron argumentos para votar por el Sí, y estamos hablando de organizaciones que nada tienen que ver con los partidos”, aseveró. En las diapositivas aparecía la delegación de la Fiscalía, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la Asociación de Magistrados, y el comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, entre otros.

El “retiro del Estado”

“En los 135 artículos hay un hilo común, que es el retiro del Estado”, describió la intendenta de Montevideo, y en ese sentido planteó que “una cosa es ser liberal y otra cosa es promover el retiro del Estado”. Mencionó como ejemplos los artículos sobre el Instituto Nacional de Colonización –que desafectan tierras del instituto–, los de educación –que modifican el carácter de la obligatoriedad– y los que tienen que ver “con las garantías de los ciudadanos”, como los alquileres sin garantía. En su opinión, este tipo de innovaciones “bajan obligaciones del Estado” y son “el campo fértil para que sucedan otras cosas”, que ya “están sucediendo: por ejemplo, los niveles de inversión pública más bajos de la historia reciente”, apuntó.

Cosse advirtió que “un marco normativo tan retractivo, tan regresivo, no sólo va a tener efecto en nuestros hijos y en nuestros nietos –porque estamos hipotecando factores clave del futuro, como la educación, como la transparencia, como la lucha contra el narcotráfico–”, sino que “configura un problema hoy”. La intendenta finalizó su mensaje con una apelación: “Es muy importante lo que vamos a votar, votemos Sí a la esperanza”.

“Primó el silencio”

Pereira sostuvo que si bien la pregunta que se formula desde el gobierno “habitualmente es 'a quién perjudicó'” la LUC, “una pregunta que no se formulan es a quién favoreció”. “Uno supone que cuando se construye una ley de este volumen y que tiene urgencia, favorece a las grandes mayorías nacionales”, de las cuales dijo que “están compuestas por trabajadores, jubilados, pequeños y medianos empresarios, y personas que viven en contexto crítico”. Sin embargo, afirmó que en los dos años que van del período “a esas personas” las vio “vivir peor”.

“Desde 2002 no se veían en Uruguay ollas populares, y que los informativistas hayan resuelto no pasar imágenes” de ellas “no significa que hoy no haya 60.000 montevideanos que, independientemente de lo que pase acá, vayan a alimentarse a las ollas populares”, sostuvo el exdirigente sindical. Asimismo, Pereira dijo que “por más que quieran tapar el sol con la mano” se registraron “dos años consecutivos de caída salarial, aun en los sectores que no tuvieron viento de cola, [sino que] tuvieron huracán de cola”.

Por otra parte, Pereira criticó la decisión del oficialismo de que Lacalle Pou tenga la “última palabra” sobre el referéndum en la conferencia del miércoles, y suspender los eventos de otros dirigentes, y aseguró que la oposición estuvo abierta a debatir “con hombres y mujeres que habían construido la ley”, como la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el presidente del PN, Pablo Iturralde, y el responsable del No, Alejo Umpiérrez, “y no aceptaron ningún debate”. “Si tenían tanto argumento, no entiendo por qué primó el silencio”, sentenció al respecto.