La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene previsto implementar a partir del año próximo una “transformación”, que incluye una reforma curricular y otros cambios, un proceso de discusión que ya comenzó. Para llevarlo a cabo, necesitará una mayor dotación de recursos y cumplir ese pedido es un objetivo trazado por el Partido Colorado (PC) de cara a la discusión de la Rendición de Cuentas, dado que el presidente de la ANEP es el colorado Robert Silva. En ese marco, el diputado Felipe Schipani, del sector Ciudadanos –mismo que Silva–, confirmó que la ANEP ya ajustó los números y estableció la cantidad extra que pedirá en la próxima Rendición de Cuentas: cerca de 65 millones de dólares para 2023.
Ese monto implica “todos los aspectos vinculados a la transformación educativa”, indicó Schipani, como el financiamiento del cambio curricular, los Centros María Espínola y la “profesionalización docente”. “Es una cifra importante, pero para lo que es el presupuesto de ANEP, no es tan significante, porque es 2.000 millones de dólares por año”, subrayó.
En tanto, en filas de Batllistas, sector del PC liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, también se marcaron prioridades de cara al debate presupuestal. El diputado Conrado Rodríguez indicó que propondrá que se incluya el refuerzo presupuestal para mantener sedes de juzgados de paz en pequeñas localidades del interior del país, ya que es algo que quedó pendiente del proyecto del año pasado.
El legislador recordó que en 2021 hubo una gran discusión sobre el tema, porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió eliminar algunas sedes. Eso generó una “enorme controversia” a nivel político, sobre todo a nivel de las localidades afectadas, como Nueva Helvecia, Castillos, Sauce y Villa Rodríguez. “Por los estudios que hacían [desde la SCJ], no había tantos asuntos que ameritaran mantener las sedes; por lo que implica, no solamente en recursos humanos –un juez, un alguacil, un funcionario, etcétera–, sino también por mantener los edificios, porque la gran mayoría son alquilados”, repasó.
Aunque se buscó una solución en el Parlamento, el año pasado la SCJ no obtuvo el refuerzo presupuestal para mantener las sedes, por eso Rodríguez lo volverá a plantear, ya que “no es una cifra desorbitante”: unos 15 millones de pesos por año. “Para muchas pequeñas localidades del interior, la referencia del juzgado es importante, más allá de la cantidad de asuntos que tramita, y hace al acceso a la Justicia. Porque si no, esas personas tendrían que trasladarse muchos kilómetros para poder acceder a la Justicia”, expresó el colorado.
Disposición a estudiar aumento para soldados
El viernes, la diaria informó que entre las propuestas de Cabildo Abierto (CA) para la Rendición de Cuentas está el aumento en las retribuciones al personal militar, en tres franjas: 5% a los oficiales, 7,5% a los suboficiales y cabos de primera, y 10% a los cabos de segunda y soldados, además de partidas fijas por nocturnidad, lo que CA estima que tendría un “costo total” de 1.350 millones de pesos anuales.
Según la web del Ministerio de Defensa, del total de militares, que a diciembre de 2019 eran 27.159, hay 13.307 que son soldados, mientras que 4.047 son cabos de segunda y 2.671, cabos de primera. El sueldo nominal de un soldado de primera es 26.015 pesos, similar al de cabo de segunda, y el de cabo de primera, 31.614 pesos.
En filas del PC el pedido de CA es bien visto, pero a medias. El diputado Schipani dijo que el aumento debería enfocarse “en los salarios más bajos”. Además, recordó que la bancada colorada mantuvo una reunión con Javier García, ministro de Defensa, quien les adelantó que habría un pedido “para tratar de incrementar los salarios más bajos, de los soldados”.
Rodríguez, de Batllistas, dijo que el pedido de CA implica una cifra “bastante importante”. Subrayó que los salarios de los soldados son los más bajos de todo el Estado, pero el tema es “si eso es sustentable en el tiempo”. “No discuto la necesidad que pueden tener muchos militares de muy bajo rango, que incluso no tienen las mejores condiciones de vida y hacen una tarea sacrificada que muchas veces no es reconocida, por ejemplo, en la frontera de nuestro país, pero para hacer una suba para todos los escalafones del inciso Ministerio de Defensa hay que analizar si la propuesta es sustentable”, insistió. Agregó que, en todo caso, se podría negociar para que la suba sea “básicamente para los soldados”.