La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, con los votos del Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA) y los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo, el proyecto de ley del FA por el cual el Estado deberá pagar la totalidad de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia. La iniciativa fue aprobada por 17 votos en 17, dado que los senadores del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado, a excepción de Botana y Straneo, se retiraron de sala al momento de la votación.

“Nosotros entendemos que el único proyecto para los trabajadores es el proyecto del Poder Ejecutivo”, sentenció la senadora del PN Graciela Bianchi, en representación de la mayoría discorde del oficialismo. La propuesta del Poder Ejecutivo dispone un total de ocho millones de dólares para los extrabajadores de la mutualista, mientras que el proyecto aprobado este miércoles por la cámara alta establece un monto aproximado de 30 millones de dólares.

“Como no estamos dispuestos a que los trabajadores terminen con esperanza, pero con resultado cero, nos vamos a retirar de sala”, manifestó Bianchi antes de levantarse de su asiento. Según supo la diaria, legisladores nacionalistas manejan la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou vete el proyecto en caso de que se apruebe sin modificaciones en la Cámara de Diputados y se transforme en ley.

A su turno, el senador del FA Daniel Caggiani dijo que “es un día bastante triste para este Parlamento”, en referencia a la salida de casi la mitad de los senadores en el momento de la votación. Aseguró que el propósito del proyecto es “solucionar una injusticia que se creó con una resolución del propio Estado, que fue nada más y nada menos que cerrar una de las mutualistas más longevas de nuestro país”.

“Lamentablemente hoy tenemos que aprobar un proyecto, luego de casi dos años, para intentar por lo menos poner un poco más de justicia en una situación en la que muchos de los trabajadores, tanto médicos como no médicos, son víctimas, y han terminado siendo rehenes de una situación que cada vez se complejiza más, porque el tiempo pasa”, expresó Caggiani.

Por su parte, Botana, que también presentó un proyecto al respecto y aportó a la redacción del texto aprobado, sostuvo que “pagarles de menos a los trabajadores no es defender el patrimonio del Estado”. A su entender, en este caso “lo único que debe hacer mi gobierno es seguir exactamente con la misma línea que ha trabajado hasta el día de hoy”, esto es, hacerse “sencillamente responsable de las cosas”. Afirmó que con la solución aprobada por el Senado no se está “jugando con la plata de la gente”, y añadió que, “seguramente, con la plata de la gente jugaron los que armaron las soluciones que armaron”. La intervención de Botana fue aplaudida por exfuncionarios de la mutualista presentes en las barras.

En tanto, el senador de CA Guido Manini Ríos consideró oportuno recordar “el origen de todo ese proceso que llevó a lo que llevó”. Dijo que devino de “un cúmulo de incumplimientos” por parte de Casa de Galicia “en base a compromisos por los cuales se otorgaban diversos fideicomisos que se fueron dando en el tiempo”, hasta que “llegó un momento, en octubre del año 2021, [en el] que el propio Ministerio de Economía manifestó que no iba a seguir aportando a ese fideicomiso en base a los incumplimientos que se le iban reportando”.

“Hoy votamos este proyecto porque entendemos que los trabajadores no pueden pagar todas las irregularidades que hubo y que hicieron que no se cumpliera con ellos, máxime cuando el gobierno en su momento asumió el compromiso de la redistribución de los trabajadores y de darles las compensaciones que les corresponden por ley”, manifestó Manini Ríos. A su juicio, si los montos que se obtuvieron mediante los remates vinculados a Casa de Galicia “fueron menores a los previstos”, entonces “es de justicia que se vote este proyecto de ley”.

El proyecto

Antes de la sesión, el proyecto había sido aprobado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. El documento aprobado, al que accedió la diaria, dispone la creación de un fondo adicional en el Banco de Previsión Social, al que se le deberá transferir desde Rentas Generales un total de 213.780.000 unidades indexadas (UI), que garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 UI “por trabajador y deberá ser abonado en un único pago en el plazo máximo de 180 días” desde la promulgación de la ley.

A su vez, una vez aprobada la normativa, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrán 30 días para verificar que los prestadores cumplan con las contrataciones y, en el caso de constatar que no lo hacen, le descontarán el 50% del valor de las cápitas recibidas por la distribución de socios establecida en la Ley 20.022 “por el tiempo que dure el incumplimiento”. Además, el proyecto establece que los trabajadores que aún no hayan sido contratados por ninguna empresa deberán ser contratados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado en un plazo de 60 días.