Diputados de la coalición de gobierno tenían previsto cerrar en estas horas una nueva redacción del proyecto de ley de reparación a víctimas de “hechos ilícitos” cometidos entre 1962 y 1976 “por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico”. Una primera versión de este proyecto, que envió el Poder Ejecutivo a iniciativa de Cabildo Abierto (CA), recibió media sanción en el Senado en diciembre, pero al hacerse nuevas modificaciones en Diputados, deberá volver a ser discutido en la cámara alta.
La búsqueda de una nueva redacción surgió a raíz de un planteo del diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, presidente de la comisión de Constitución y Códigos, que tiene a estudio el proyecto, coincidente con el de varias delegaciones que concurrieron a dar su opinión, que explicaron que el texto tenía algunos problemas y que dejaba un amplio margen de discreción para que el Poder Ejecutivo resolviera en torno a las prestaciones a dar a las víctimas.
Según pudo saber la diaria, a raíz del planteo de Pasquet tanto los diputados Carlos Testa, de CA, como Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, quedaron como encargados de darle una nueva forma al texto para repartir al resto de los integrantes de la comisión y llevarlo a votación el próximo miércoles en una sesión extraordinaria. La idea es “darle mayor precisión” al proyecto, por ejemplo, estableciendo “un límite en el monto” a pagar por indemnización. También, dado que el artículo 6 prevé crear una comisión especial para atender todo lo “relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo” y que esta “incluirá a dos representantes de las víctimas”, la idea de los diputados es que haya una mayoría del Poder Ejecutivo en dicha comisión. A su vez, estaba previsto ser más explícito en la necesidad de establecer un nexo causal a la hora de solicitar la reparación.
A la última sesión de la comisión acudieron varias delegaciones, entre ellas la del Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, representada por los profesores Aldo Marchesi y Ana Frega. Quien tomó la palabra en primer lugar fue Marchesi, que dijo que su intervención se relacionaba con asuntos que en el proyecto “no están explícitamente clarificados y dificultan comprender cuál es el objetivo” de la iniciativa.
El primero es que “la periodización es un problema” porque “no están explicitados” sus fundamentos. “No hay una suerte de marco interpretativo que explique por qué se elige como punto de partida el 1° de enero de 1962 y culmina el 31 de diciembre de 1976”. “Lo mismo ocurre con la asignación de fechas en sí mismo. Todos sabemos que 1962 es un año relativamente importante en la historia reciente y que en ciertas narrativas ha tenido un reconocimiento, que ha sido enfatizado, pero el 1° de enero no es una fecha que indique algo”, dijo y agregó que “acá hay un problema y la ley debería explicitar cuáles son los criterios de periodización histórica que se están manejando para el inicio y para el final”.
“Por otra parte, si el interés de la reparación son personas que sufrieron como consecuencia de la violencia política no estatal, cabría aclarar que en 1961 existieron eventos de estas características que no estarían acogidos por la ley. Uno de los casos emblemáticos es el de Serafín Billoto, militante de movimientos críticos con la revolución cubana que en un incidente fue asesinado y hasta hoy no está claro qué ocurrió”, apuntó el profesor.
También dijo que “en términos de definición analítica, para entender de qué se está hablando, durante la década del 60 y del 70 diferentes actores señalaron y denunciaron múltiples ataques por organizaciones armadas de izquierda y derecha con estas características”. Consideró que “entre los muertos –la mayor expresión de la violencia política– encontramos a personas asesinadas por la guerrilla de izquierda, pero también existieron asesinatos cometidos por organizaciones ilegales de extrema derecha como el Escuadrón de la Muerte”.
“No corresponde en este momento evaluar las dimensiones de una u otra organización, pero lo cierto es que en el proyecto no se especifica quiénes serán los destinatarios de dichas políticas de reparación. ¿Se trata de una ley que incluiría al conjunto de las víctimas de la violencia política no estatal –eso es algo que no está claro; no se desprende– o se está tomando una opción por ciertas víctimas de la violencia política no estatal, lo cual sería otra definición?”, preguntó Marchesi.
Por otro lado, cuestionó que el proyecto “no incluye antecedentes en políticas de reparación a las víctimas de la violencia no estatal”, y dijo que, por ejemplo, “en relación con el personal militar, la Ley N° 14.106, aprobada en marzo de 1973, estableció una serie de reparaciones” con montos “para la adquisición de una vivienda”. “También conocemos el otorgamiento de pensiones graciables a algunas víctimas civiles de la guerrilla”, dijo y añadió que “durante la dictadura este tema fue central y de hecho podríamos decir que la dictadura desarrolló una política de reparación moral o reconocimiento moral a las llamadas ‘víctimas de la subversión’”.
Otras comparecencias
En esa sesión también se registraron comparecencias de organizaciones de víctimas y familiares de víctimas tanto de organizaciones no estatales como estatales durante las décadas en cuestión, que manifestaron posiciones diversas en torno al proyecto. Jimena Valdés fue representante del grupo Niños en Cautiverio Político, que abarca a “un conjunto de unas 100 personas” que fueron “víctimas del terrorismo de Estado” habiendo sido recluidos junto a sus madres “en los centros de detención, represión y tortura utilizados por las Fuerzas Armadas y por la Policía”, “privados de higiene y alimentación”, con “nutrición inadecuada o insuficiente”, además de privados de “atención médica”. Ellos fueron “objeto de reconocimiento legal y reparación con la aprobación de la Ley Nº 18.596”, del año 2009, y con respecto al proyecto en discusión señalaron que “no establece con claridad el concepto de víctima ni los aspectos a reparar, ni un marco temporal justificado, vinculado con el accionar del Estado, que hubiera causado estos perjuicios”.
Otro grupo, Memoria Viva Infancia y Dictadura en Uruguay, que también abarca a hijos de ex presos, manifestó a través de su representante Victoria Sequeira que están “totalmente en contra de la aprobación de esta ley porque el Estado todavía debe no solamente la reparación integral” sino “el reconocimiento” a sus propias víctimas. Es que, según denunciaron, ellos no acceden actualmente a reparaciones económicas ni de ningún tipo. “Aún hoy, a cincuenta años del golpe de Estado, no hemos sido reconocidos ni reconocidas como víctimas directas del terrorismo de Estado”, apuntó y señaló: “Queríamos plantearlo acá y que dé vergüenza al Estado uruguayo el hecho de tratar estos temas y no estar haciéndose cargo de toda la violencia que ejerció ese Estado contra sus niños y adolescentes”.
Contraria fue la postura de la delegación del grupo denominado Familiares de Prisioneros Políticos de Uruguay, representada por Diego Flores, quien explicó que el origen de la asociación fue en 2021 “a partir del incremento notorio, sorpresivo e inexplicable de los procesamientos de civiles, militares y policías por hechos anteriores al año 1985”, ya que son familiares de presos por terrorismo de Estado. En cuanto al proyecto de ley, lo consideraron “un hito importante” donde se encuentra “la posibilidad de un pequeño paso que permita que la reconciliación avance”. De todas formas, también interpretaron que “seguramente adolece” de “aspectos técnicos que deben ser revisados”. También apuntó que, desde el inicio de esta legislatura, tienen “la expectativa” no sólo de que se apruebe este proyecto, sino también “el referido a la prisión domiciliaria para los mayores de 65 o 70 años”.
Otra organización favorable al proyecto es el Centro de Estudio de Derechos Humanos Uruguay, que asistió representada por su presidente, Sergio Molaguero, víctima de secuestro por parte de un grupo guerrillero. Cuestionó que las víctimas de los grupos no estatales “en su momento no fueron protegidas y hoy continúan en la misma situación, en clara discriminación frente a otros compatriotas que sí han recibido asistencia económica por hechos de violencia vividos en nuestro país, como por ejemplo los resarcimientos que establece la ley 18.596”. En este sentido, “es un deber del Estado reconocer el dolor de esas víctimas invisibilizadas durante décadas y condenadas al olvido”, y dijo que se trata de “uruguayos que encontraron la muerte o fueron gravemente heridos, en la mayoría de los casos, por estar en un lugar donde se produjeron enfrentamientos en los que no participaron y tampoco buscaron”.
En tanto, la Asociación Patriótica 14 de Abril de 1972 asistió con su presidente, el exdiputado colorado Daniel García Pintos, que luego tuvo un paso por CA, y manifestó ante los diputados que están de acuerdo con la iniciativa, aunque señaló algunos reparos. “Desde el punto de vista económico”, dijo, “hay demasiadas cosas que se dejan en manos del Poder Ejecutivo como, por ejemplo, el monto del resarcimiento”, y opinó que “el Parlamento tiene derecho a poner un monto”.