Diputados de la coalición de gobierno acordaron este miércoles una nueva redacción del proyecto de reparación a víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos entre 1962 y 1976. Ante los reparos de algunos integrantes de la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja, Ope Pasquet, del Partido Colorado, propuso hacer modificaciones al proyecto, que llegó con media sanción desde el Senado y que había sido enviado por el Poder Ejecutivo a iniciativa de Cabildo Abierto (CA).

Según reconstruyó la diaria, Pasquet envió la nueva redacción a los diputados Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, y Carlos Testa, de CA, quienes habían quedado como encargados de llegar a una nueva versión. El texto pasó por la Torre Ejecutiva, donde se le dio el visto bueno, y entonces se repartió a los demás integrantes de la comisión, entre ellos a los de la oposición. La idea de la coalición es votarlo en una sesión extraordinaria el próximo miércoles, e incluso se planteó aprobarlo esa misma tarde en el plenario de la cámara baja, algo que aún está por resolverse. De todas formas, como sufrirá diversas modificaciones respecto de la versión original, deberá volver a pasar por el Senado.

Cambios

El nuevo proyecto, que tiene modificaciones en varios aspectos, dispone en su primer artículo “una reparación moral y patrimonial a las víctimas” que “hayan sufrido la pérdida de la vida, la incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o la privación de libertad por más de 72 horas”, o “a sus causahabientes cuando corresponda”.

La nueva redacción se apoya en dos antecedentes en la misma materia: un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo del colorado Jorge Batlle en 2004, que no fue aprobado, y otro de similares características e igual suerte propuesto por Tabaré Vázquez en 2007. De ellos se retoman aspectos cruciales, como las listas de víctimas que podrían hacer su reclamo.

En el artículo 7 se establece que “quienes pretendan percibir la indemnización” deberán “formalizar su pretensión ante la Comisión Especial que se crea” para ello, que tendrá cinco miembros y dependerá del Ministerio de Educación y Cultura. Para hacer el reclamo, las personas dispondrán de “un plazo de un año contado desde la entrada en vigor de la ley; vencido el plazo, caducará el derecho”.

Esta comisión especial “tendrá por acreditado el derecho a recibir reparación” de “los causahabientes de las personas fallecidas incluidas en las listas que acompañaron los proyectos de ley que sobre la misma materia envió el Poder Ejecutivo” tanto en 2004 como en 2007. En resumidas cuentas, quienes aparezcan como víctimas en los proyectos anteriores, que son más de 60 entre militares, policías y civiles, no deberán presentar pruebas ante la comisión, como forma de facilitar su trabajo, mientras que “otros solicitantes podrán acreditar su derecho empleando para ello cualesquiera medios de prueba admitidos por el orden jurídico uruguayo”.

También se retoma del proyecto de Vázquez –que tendía a resarcir económicamente a los familiares de las víctimas– el monto a otorgar. Aquella iniciativa de 2007 estableció que “el monto del resarcimiento” sería de 150.000 dólares, “por única vez, por cada una de las personas fallecidas o declaradas ausentes”, que se distribuiría “por partes iguales entre los beneficiarios”, es decir, entre los familiares.

El texto que se pondrá a consideración ahora señala que el Estado pagará 150.000 dólares “a los causahabientes de quienes perdieron la vida”, pero establece dos nuevas categorías: corresponderán 100.000 “a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes” y 50.000 “a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes”. Quienes ya hayan recibido alguna indemnización “sólo tendrán derecho a la diferencia entre la suma efectivamente percibida” y la que se establece ahora. Las indemnizaciones se financiarán a partir de Rentas Generales.

Por otro lado, el quinto artículo indica que en honor a las víctimas “se dispondrá la construcción de monumentos que conserven su memoria”.

En diálogo con la diaria, Pasquet manifestó que con este nuevo texto se está “incluyendo definiciones que son indispensables para la aplicación de esta idea de reparación”, como los montos y “quiénes tienen calidad de víctimas”, algo que en el proyecto anterior quedaba a discreción del Poder Ejecutivo, punto central de la discordia. Ahora, este proyecto “va a contribuir a cerrar un capítulo doloroso de nuestra historia en cuanto contempla a gente que hasta hoy se sentía menoscabada en su derecho”.

A su vez, descartó que esto sea para beneficiar únicamente a víctimas de grupos armados de izquierda, porque podrá acceder todo aquel que “logre probar que fue víctima de la acción de cualquiera de estos grupos, no importa cuál haya sido su orientación ideológica, porque el proyecto no distingue”.

El diputado Goñi, en tanto, dijo a la diaria que “finalmente se acuerda aprobar una solución que desde varios gobiernos anteriores se venía postulando y que tiene como objetivo reparar a todas aquellas víctimas de ese período que en las legislaciones actuales no habían sido amparadas”.

De parte del Frente Amplio, el diputado Mariano Tucci habló en una rueda de prensa y dijo que la bancada se reunirá el martes próximo para analizar el nuevo texto, y que estaba en contra de la versión anterior porque estaba “mal diseñado y mal fundamentado”. De todas formas, pidió “delimitar con mucha claridad” que “no es lo mismo la violencia que se ejerce desde el Estado organizado que desde organizaciones de la vida civil”, además de que “en Uruguay hubo organizaciones terroristas de derecha”, como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de Pie, “que hicieron estragos en la vida social”.