Cuando falta un año para las elecciones internas, el Frente Amplio (FA) ya tiene entre manos el borrador de Propuesta de Bases Programáticas, con miras al periodo 2025-2030. El documento, al que accedió la diaria, consta de 79 páginas, y se titula “Tiempos de esperanza, tiempos de la gente”.

En la introducción se señala que “vivimos tiempos complejos a nivel global, con cambios profundos que se procesan y se propagan a gran velocidad”. “Desequilibrios que siguen inclinando la balanza hacia el lado de los poderosos. Fracasos de los espacios multilaterales para evitar o mitigar las grandes crisis y preservar contextos de paz y de creación de bienestar en forma solidaria”, se agrega. Además, se destaca el “incremento de distancias entre regiones y países en lo económico, en lo social, en lo ambiental, con diferencias abismales en materia de salud y en la creación y acceso al uso socialmente beneficioso del conocimiento”.

“Las desigualdades también se propagan y aumentan al interior de los territorios y las sociedades. Son tiempos de la cultura del consumismo, donde parece imponerse la idea de que la felicidad pasa exclusivamente por tener más bienes materiales. Tiempos en que las tecnologías de la comunicación y de la información, con toda su potencialidad, tienen enormes capacidades de modelar nuestras opciones y nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre el mundo”, se evalúa. Además, en el borrador se indica que “pese a las permanentes voces de alarma y la evidencia de la ciencia, son tiempos de irresponsabilidad de los grandes beneficiarios de la economía mundial en el cuidado de la vida y la naturaleza”.

En cuanto a las propuestas, uno de los puntos que destaca el programa es qué desarrollo quiere el FA. Allí se hace énfasis en la “sostenibilidad”, subrayando la defensa de los conceptos de crecimiento con justicia social, “que implica crecer y distribuir al mismo tiempo”, y “de transición ecológica justa”. “El crecimiento económico moderno y sus pautas de consumo han dado lugar a una explotación de los recursos naturales que provoca una crisis ambiental global que cuestiona la sostenibilidad del modelo dominante impuesto históricamente. No se puede considerar la naturaleza como una variable exógena. El enfoque debe ser sistémico y la sustentabilidad un pilar fundamental”, se indica.

“Diversificación de la matriz productiva”

Uno de los puntos principales del borrador es el “desarrollo productivo sostenible”. Para ello se consignan, como acciones prioritarias, que se impulsará “la transformación y diversificación de la matriz productiva, lo cual implica profundizar el componente de investigación, desarrollo e innovación en la estructura productiva del país, abriendo paso a nuevos productos y servicios competitivos, incluyendo los servicios globales de exportación, y reduciendo la dependencia de la renta de los recursos naturales”.

Para esto se debe: “Promover e impulsar aumentos de productividad de forma sustentable, a lo ancho del tejido productivo, con la incorporación de tecnología y la recalificación de los trabajadores, asegurando una distribución justa de sus beneficios, tanto en los sectores orientados a la exportación como en el amplio espectro de actividades orientadas al mercado interno, ya sea mediante producción para el mercado o mediante bienes y servicios públicos”.

Sobre la “macroeconomía para el desarrollo”, en el borrador se sostiene que se debe articular “el mantenimiento de los equilibrios y la estabilidad de precios, con la promoción de capacidades competitivas que aseguren un crecimiento sostenible, que no dependa de capitales especulativos” ni de un “boom” de precios de exportación, “protegiendo el salario real y el empleo”. “La sostenibilidad fiscal es una condición básica para el adecuado funcionamiento de la economía y para la mejora del bienestar social. En el próximo período el gasto público deberá responder a las crecientes necesidades sociales y recuperar lo perdido en este período de retrocesos”, se añade.

En la sección titulada “Transición ecológica justa” se toca el tema del agua potable. Allí dice que se deberá “construir una política de Estado para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento”. Para ello, según el FA, habrá que “priorizar, mejorar el nivel tecnológico, los recursos humanos y materiales de OSE, realizar las inversiones imprescindibles que garanticen el abastecimiento a toda la población, reducir las pérdidas de agua no contabilizada y lograr la cobertura de saneamiento adecuado, en el marco de un modelo de gestión inteligente con amplio sustento técnico, político, social e institucional”.

“Vista la alta variabilidad de las precipitaciones, los períodos de sequías más frecuentes y su impacto en la producción, apoyar a productores -con énfasis en pequeños y medianos- para la construcción de represas multiprediales, incluyendo una evaluación ambiental estratégica por cuenca, en el contexto de una gestión participativa, de forma de garantizar la sustentabilidad ambiental y la seguridad hídrica”, se agrega.

Trabajo y seguridad social

En el apartado relacionado al trabajo, el borrador llama a “avanzar en la regulación de la economía de plataformas digitales, revisando la ley de teletrabajo y evitando formas de contratación unipersonales que encubren relaciones de dependencia”. También a “revisar críticamente las diferentes tercerizaciones llevadas adelante desde instituciones estatales, buscando revertir situaciones de precarización del empleo y de escaso aporte de valor agregado por parte de las empresas intermediarias”.

En la parte titulada “Reducción de la pobreza y la desigualdad en todas las esferas de la distribución del ingreso y de la riqueza” se desglosan, como acciones prioritarias, avanzar “en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y el patrimonio con el criterio de progresividad”. “Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte”, se agrega.

El documento consigna que, en caso de ganar las próximas elecciones, entre las primeras acciones del gobierno que llevará adelante el FA será “convocar a un amplio, democrático y genuino diálogo social entre todas las organizaciones políticas y sociales, representativas del conjunto de la sociedad, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante los cambios y mejoras que deben introducirse a nuestro sistema de seguridad social, atendiendo a las necesidades y características de la sociedad actual”.

En ese marco de diálogo, se propone impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo). Además, “mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social, revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular, las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes más pueden hacerlo”.

Vivienda y seguridad

En el apartado referido a vivienda se llama a desarrollar “de manera enérgica la política nacional de alquileres”, combinando diferentes instrumentos. “Entre ellos, se creará un sistema de alquiler social, regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual. El actual sistema seguirá funcionando. Quienes opten por el nuevo sistema recibirán estímulos estatales (garantías, subsidios, préstamos blandos para mejoras, etcétera). Complementariamente, se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social”, se agrega.

En el terreno de la seguridad, particularmente, sobre la Policía Nacional, el borrador consigna que se impulsarán prácticas “de formación inicial, ascenso y especialización sostenidas en bases científicas, con un perfil distanciado de las prácticas militarizadas, jerarquizando la incidencia de las personas con mejores calificaciones”. Además, “se priorizará en la formación policial el enfoque basado en derechos humanos y las perspectivas de género e interseccionalidad”, y también “los contenidos específicos relacionados con la violencia basada en género, doméstica e intergeneracional”.

A todo esto, se plantea elaborar “un plan nacional de profesionalización de la función policial que, con enfoque local, se oriente a atender las necesidades del personal (vivienda, salud integral, finanzas) y se mejorarán sus condiciones laborales (salario, equipamiento, regímenes horarios, carga de tareas)”. “La gestión del personal será de acuerdo a parámetros de idoneidad, que incluyan condiciones, capacidades y competencias, para la selección de las jerarquías de la Policía Nacional por parte de las autoridades políticas del Ministerio del Interior”, se agrega.

Por último, en el documento se plantea impulsar la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor orden institucional a diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas”, incluyendo “derechos humanos, cárceles, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, estadísticas de criminalidad, política antilavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes”.