La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se pronunció sobre la contratación de servicios a ITHG Proveedores Marítimos SAS, una empresa no habilitada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que facturó a SAME 105, por más de 500 millones de pesos, el pago de 39.246 traslados médicos entre 2021 y 2022, luego de un llamado a proveedores de ambulancias especializadas y no especializadas, según informó el semanario Búsqueda. El prestador de salud público afirmó que no investiga a las empresas a las que les contrata servicios.
De acuerdo al Registro Único de Proveedores (RUPE), el domicilio fiscal de la empresa, que surgió pocos meses antes de ser contratada por ASSE, figura en el barrio Cerrito de la Victoria y comparte la dirección con una distribuidora de calzados. El dato sobre las compras surgió de un pedido de informes que realizó la diputada y presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, Lucía Etcheverry (FA), ante algunas dudas que le surgieron debido a que no todos los procesos figuran en el RUPE.
Ante la divulgación del dato, ayer, José Antonio Rodríguez, director de SAME 105, detalló en rueda de prensa las condiciones de las contrataciones a la empresa. En principio, Rodríguez consideró importante recordar que la contratación se concretó durante la emergencia sanitaria por coronavirus, un período en el que “la demanda de los sistemas de salud creció exponencialmente”, sobre todo en los servicios de internación y traslado. En cuanto a SAME 105, dijo que al servicio le significó tener que hacer “un cambio en la capacidad de respuesta” debido a que hasta entonces contaba con capacidad limitada y “pocas líneas” de teléfono.
Explicó que lo que ASSE solía hacer antes de ese momento en particular era contratar servicios a los “más de 40 prestadores privados” que tiene en una lista, a los que se recurre “por zona o alta demanda”, pero que en esa oportunidad no fue posible debido a que el desborde era general y las empresas privadas se encontraban cubriendo su propia demanda o la de las instituciones con las cuales tenían convenios previos que cumplir.
Según el director, el problema “se iba acumulando” y “la demanda era cada vez mayor”. Ante el panorama, se le comunicó a la gerencia general de ASSE sobre la necesidad de contar con mayores recursos y le presentó un proyecto con “otro paradigma de traslados” que constaba en contratar ambulancias y recursos humanos que serían supervisados por SAME 105 y puestos en marcha.
La gerencia aceptó el proyecto y se abrió un “llamado a precios rápido” para conseguir los insumos que se necesitaban para complementar los materiales que el prestador público ya tenía e incrementar la capacidad de respuesta. A la convocatoria se presentaron “cuatro empresas”, pero ITHG fue la que se consideró “más oportuna” debido a la relación “precio/servicio”.
Rodríguez reconoció a la prensa que la empresa contratada no está habilitada ante el MSP pero sostuvo que ASSE “no investiga” a quienes contrata, sino que revisa que se cumplan las condiciones y los requisitos que pide en los llamados.
Puntualmente, en este caso, “el servicio mecánico de SAME 105 revisó las ambulancias” y se chequeó que los recursos humanos que brindó la empresa, que trabajaron “en conjunto con personal de ASSE”, contaran con el título certificado por el MSP y con experiencia comprobable en atención en traslado. “Si la empresa ofrece algo en condiciones y el precio es razonable, no hay ningún problema, no es necesario que esté habilitada” en el ministerio, reafirmó.
Por otra parte, Rodríguez reconoció que el Tribunal de Cuentas hizo algunas observaciones sobre el proceso de contratación, que eran “esperables”, porque si bien todo sucedió “dentro de marcos legales”, “no se cumplieron” algunos tiempos.
Rodríguez evaluó que la nueva forma de trabajo que consiste en contratar sólo lo que ASSE no tiene, en vez del servicio integral, funcionó de manera exitosa. Debido a la conformidad, una vez pasada la pandemia, se pusieron en marcha nuevas licitaciones similares que aún están en proceso pero que sí se harán en los tiempos estipulados.
Por último, ante la consulta sobre si no llamó la atención la inexperiencia de la empresa que se contrató y el lugar en el que se ubica, dijo que no conoce a los propietarios y que sabe pocas cosas, entre ellas, que el encargado es José Lima.
Por su parte, el diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Salud Luis Gallo consideró en diálogo con la diaria que “no hay ninguna explicación racional y coherente dentro de los parámetros estatales”. Sobre la explicación de Rodríguez, dijo que los fundamentos “son un disparate”. “Cuando se contrata un servicio médico debe estar habilitado o en vías de habilitación” en el ministerio, agregó. Asimismo, se preguntó de quién habría sido la responsabilidad si ocurría algún tipo de accidente con un servicio no habilitado que funcionó con recursos intercalados.