El caso de Martina Berti tomó relevancia pública el pasado 1º de mayo, luego de que su madre, Andrea Colombo, se subiera de forma sorpresiva al estrado en el que el PIT-CNT realizaba la oratoria por el Día de los Trabajadores. En esa instancia, Colombo denunció que su hija falleció en un accidente trabajando para una “multinacional eólica”, donde las condiciones de trabajo “no eran las que correspondían”. A poco más de un año del fallecimiento de Berti, que ocurrió el 7 de enero de 2022, su madre aún busca “justicia” y “llegar a la verdad” sobre las causas de su muerte.

En diálogo con la diaria, Colombo contó que su hija tenía 23 años en el momento del accidente, que fue estudiante de la carrera de energías renovables de la Universidad Tecnológica del Uruguay y que le faltaban pocas materias para terminarla. La historia de Berti en el mundo del trabajo de las energías eólicas comenzó cuando fue contratada por SEG Ingeniería el 27 de diciembre de 2021. Según Colombo, cuando surgió el llamado de la empresa para trabajar en el mantenimiento de molinos eólicos en el parque eólico Campo Palomas, ubicado en Salto, Berti se anotó porque la oportunidad significaba mucho para ella”, ya que “era un llamado al que sólo se presentaban hombres”.

Finalmente, Berti fue seleccionada para trabajar en SEG Ingeniería, pero como vivía en Montevideo, la empresa le alquilaba un cuarto de hotel cuatro días de la semana, “llegaba a trabajar y el viernes de noche ya se volvía”, señaló Colombo. Durante esos días, Martina le contó a su familia y amigos la gran cantidad de horas y esfuerzo físico que le demandaba el trabajo. Según su madre, las jornadas llegaban a extenderse hasta 14 horas y “casi que no paraban para comer”: “Ella pensaba que era la adaptación a la realidad, puso todo lo que tenía que poner, más una cuota de inocencia. Como era su primera experiencia laboral no dimensionó, fue más allá de su inocencia”.

Colombo afirmó que en el recibo de sueldo de su hija se puede ver que “tiene más horas extras que horas comunes”. “El contrato de ella era de ocho horas. Se supone que cuando se está en un molino se trabaja tres horas y se descansa una; es mentira. Ellos trabajaban 13 y 14 horas. La rapidez por entregar para ir a otro parque significa dinero. En medio de eso, la vida del trabajador vale muy poco”.

A eso se sumó el verano, que intensifica aún más las condiciones de trabajo en los molinos. Según pudo saber la diaria por fuentes del sector, durante el verano arriba de un molino se puede llegar a una temperatura diez grados mayor que a la intemperie, y “hay veces que las jornadas se hacen más extensas de lo que el físico aguanta”.

En ese contexto, llegó el 7 de enero, fecha en la que Berti sufrió el accidente que le costó la vida. Cerca de las 16.00, y a poco de terminar su jornada laboral, tuvo la necesidad de ir al baño, pero no había ninguno cerca del molino en el que estaba trabajando: el más cercano estaba a tres kilómetros. Para ir al baño condujo una camioneta de la empresa, pero tuvo un accidente en el camino en el que el vehículo volcó. Colombo insistió con que el calor y el número de horas que trabajaba “significaban un agotamiento mortal”, y agregó que a su hija “no la contrataron para manejar”.

la diaria se contactó con fuentes del PIT-CNT, que hablaron con los empleados que trabajaban en el mismo molino que Berti y contaron que el camino que tuvo que transitar Martina para llegar al baño “es espantoso”. Agregaron que “las ruedas de la camioneta, que era una Fiat Kangoo, son muy bajas para esa zona” y que “en un derrape” terminó contra los alambrados del camino: “No es una ruta, es un camino vecinal, de piedra, que ni siquiera está acordonado. Cuando fuimos a hablar con los trabajadores, íbamos en un vehículo que era el doble de ese y era peligroso el manejo en esa zona. Imaginate en una camioneta como la de Martina, en que las ruedas son pequeñas”, contaron.

Según Colombo, la camioneta que usó Martina durante el accidente era alquilada y la empresa la devolvió “como si nada”, y “supuestamente” sin ningún fallo mecánico. Sin embargo, apuntó que todas las cosas que le devolvieron de Martina “volvieron con olor a nafta”. Para ella, uno de los causantes del accidente es que la caminería “es un desastre”. Por esa misma línea fueron las fuentes del PIT-CNT, que manifestaron que la camioneta terminó volcada y que nunca podría estar en perfectas condiciones. Colombo también mencionó que hubo irregularidades por parte de la empresa a la hora de denunciar el accidente, ya que la firma demoró un mes en comunicarlo al Banco de Seguros del Estado (BSE).

la diaria se comunicó con el abogado de SEG Ingeniería, Claudio Barboza, para saber su versión sobre el accidente, pero dijo que la empresa no iba a hacer más declaraciones sobre el tema. Sin embargo, en junio del año pasado, Barboza declaró al semanario Brecha que para transitar por el camino que hizo Berti “no se necesitaba una cuatro por cuatro” y que “cualquier auto puede transitar por ahí”.

Agregó que en el momento del accidente “el camino estaba en buenas condiciones y con buena visibilidad”, y que los trabajadores no estaban haciendo turnos de más de 13 horas: “En cada aerogenerador se trabaja tres horas y se pasa a otro o van a la base. Pero que trabajaran 13 horas de corrido, seguro que no”, planteó.

Entre “irregularidades” y demoras

Colombo también recordó lo que ocurrió el 1º de mayo, dijo que su accionar “no fue premeditado” y que la intención “no fue ir contra los trabajadores ni sacar el foco de lo que significa el 1º de mayo”. Comentó que ella buscaba que la ayudaran con un abogado, ya que su situación económica no es buena, para poder empezar con el procedimiento judicial contra la empresa.

Luego del acto, desde el PIT-CNT se contactaron con ella, le brindaron un abogado y empezaron a hacer las gestiones para tener una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que se concretó el 6 de mayo. Según Colombo, en esa instancia, desde la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) se le comunicó que en 15 días iba a estar el informe con la inspección sobre el accidente, pero no tuvo novedades hasta siete meses después: “El informe era necesario para armar el rompecabezas que tenemos que armar y poder continuar con el caso. Hago responsable al MTSS”, dijo.

Tomás Teijeiro, titular de la IGTSS, dijo a la diaria que no puede dar información sobre el contenido del expediente “por respeto a los intereses de ambas partes y por ceñirse a la normativa vigente”, pero aclaró que el informe se trabajó “dentro de los plazos razonables”. Explicó que así va a funcionar hasta el 1º de marzo, cuando entre en vigencia el Decreto 371 de 2022, que “cambia la tramitación de los expedientes”: “Con el cambio pretendemos dinamizar y hacer que las cosas sean mejores y más prácticas. Este expediente se está tramitando por el procedimiento anterior, los plazos son distintos. El procedimiento es muy garantista, pero muy lento. Nos enfrentamos a esa circunstancia”.

Además del informe del MTSS, el BSE también realizó un documento, pero Colombo comentó que hubo irregularidades en la entrega. Desde el BSE le dijeron que ya le habían entregado el informe, cuando nunca lo hicieron y, en principio, lo único que le dieron fue un papel en el que le notificaron que no le correspondía pensión. “Evidentemente, el banco lo primero que hace es cubrirse de que no tengas pensión, para no pagarte”, agregó.

Finalmente, el BSE le entregó el informe a Colombo, pero, según ella, tiene “irregularidades”, ya que están equivocados datos como el camino y el kilómetro en el que ocurrió el accidente. De todas formas, destacó que uno de sus objetivos era que el incidente fuera definido como un accidente laboral y el BSE lo hizo, aunque la empresa sostiene que no lo es.

Producto de la falta de avance del caso y por disconformidad con la respuesta del sindicato, en noviembre Colombo resolvió no continuar contando con el apoyo del PIT-CNT y optó por seguir con un abogado particular. Gustavo Rosas, secretario de Salud Laboral de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), fue el encargado de seguir el caso y acompañar a Colombo por parte del PIT-CNT.

En diálogo con la diaria, Rosas dijo que desde la central hicieron “lo que estaba a su alcance”, que “la idea era dar una mano” y que creen que la dieron: “Puede estar disconforme la familia, pero hicimos lo que podíamos. Los responsables de esto en estos casos son la empresa y las autoridades, tanto el MTSS como el BSE”. En ese sentido, señaló que las investigaciones del ministerio y del banco demoraron mucho y entorpecieron la capacidad de respuesta del sindicato.

El interés de Colombo “es que la información de lo que pasó con Martina sea clara, que genere un antecedente para que no existan más Martinas. Yo sólo hubiera querido que no le pasara eso. Pasó y no puedo arreglarlo, lo tengo que aceptar, tengo que transitar el duelo, pero eso no quiere decir que no se va a hacer justicia por Martina, de ninguna manera”.

“En la pelea estoy con mi hija, con mi familia y con el nuevo abogado. Hasta las últimas consecuencias”, afirmó, y aseguró que no tiene ningún interés monetario en el caso, que sólo quiere saber “la verdad y que la empresa pague penalmente”. El 1º de marzo, a las 9.30, habrá una audiencia en el MTSS sobre el accidente de Berti, en la que también estarán presentes representantes de SEG Ingeniería.

“Un sector totalmente desprotegido de normativas”

En respuesta a la falta de normativa específica sobre seguridad en el sector, el Sindicato Único de Trabajadores de las Energías Renovables (Suter) busca generar una decreto de seguridad e higiene para los trabajadores del rubro de la energía eólica. En diálogo con la diaria, Marcos Guerín, presidente del sindicato, contó que el sector “está metido entre medio del decreto de industria y comercio y el de la construcción. No está claro cuál de los dos nos aplica”. Según explicó, desde el sindicato entienden que en determinadas circunstancias de su trabajo pueden aplicar artículos de los dos: “Estamos pivoteando entre uno y otro, eso siempre genera conflicto. Por eso queremos generar un decreto de seguridad e higiene específico para nuestro sector”.

El 13 de octubre se realizó una primera mesa tripartita con representantes del sindicato, las empresas y el MTSS. En esa instancia, los trabajadores explicaron que el objetivo de la tripartita era crear un nuevo decreto de seguridad, pidieron información a las empresas sobre algunos aspectos del sector y ellas se comprometieron a cumplir.

Se fijó una segunda tripartita para el 3 de noviembre; sin embargo, los representantes de las empresas pidieron prórroga y se les concedió. La tercera instancia fue agendada para el 8 de diciembre, pero la parte empleadora no se presentó nuevamente. De acuerdo a Guerín, las empresas usan una “estrategia de desgaste” en las negociaciones, con la intención de estirar todo lo posible una posible resolución, ya que los cambios que buscan hacer “le van a insumir un costo”.

“Las empresas multinacionales, por lo general, no tienen representantes jerárquicos en Uruguay, entonces se manejan con los estudios jurídicos. A su vez, la toma de decisiones en estas empresas es muy escalar, es decir, cada cosa que pasa en determinado país donde tienen una filial va pasando por todas las diferentes jerarquías de la multinacional. La toma de decisiones es compleja y lleva mucho tiempo, entonces las estrategias que adoptan los estudios jurídicos son de desgaste”, explicó.

Consultado sobre si el MTSS sancionó a las empresas por no presentarse, Guerín comentó que desde el sindicato le hicieron la misma pregunta al ministerio, pero que “no les supieron responder”. Como solución, buscan empezar a trabajar la normativa únicamente con la cartera: “En primera instancia, armar algo provisorio, si se quiere, entre los dos decretos que están vigentes, pero extraer de los dos decretos las normativas que más se aplican a nuestro sector, y empezar a hacerlo en coordinación con el ministerio y darles aviso a las empresas”.

Guerín agregó que no tienen fecha para otra tripartita y que en febrero comenzarán a moverse para llevar a cabo la normativa junto al ministerio. “En este caso, las empresas tienen las mismas responsabilidades que el Estado. Es un sector totalmente desprotegido de normativas, algo tiene que haber”, concluyó.