La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se declaró en preconflicto luego de que entrase en vigencia el decreto 224/023, dictado por el Poder Ejecutivo, que limita el máximo de días de licencia remunerada a un total de nueve días.

En un comunicado emitido este jueves, la AFJU denunció que el nuevo reglamento de licencias “tiene un fin recaudatorio y no atiende al fondo de las problemáticas de salud de los trabajadores”. De esta manera, los integrantes del sindicato de funcionarios judiciales acusaron al Poder Ejecutivo de “golpear a los trabajadores en los momentos de mayor debilidad”, destacando la necesidad de un salario completo en situaciones de enfermedad.

Además, el comunicado de AFJU cuestionó la aplicación desigual de las nuevas normativas, lo que caracteriza como una “violación” a la Constitución de la República, puesto que el decreto no aplica a jueces y defensores públicos y establece “dos categorías de funcionarios”. Además, para AFJU, la nueva reglamentación supone una “clara intromisión” en el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y Legislativo. Por esto, llamó a la Suprema Corte de Justicia a “defender su independencia” e impedir la injerencia del sistema político sobre el Poder Judicial.

Asimismo, uno de los puntos del comunicado cuestiona que los senadores y diputados, así como otros funcionarios del Poder Legislativo, no se vean afectados por el decreto. Es por esto que AFJU anunció el inicio de las consultas jurídicas necesarias para determinar sus próximos pasos: entre otras posibilidades, presentar un recurso de inconstitucionalidad o apelar a un recurso administrativo.

De esta manera, AFJU convocó también a una asamblea de carácter “grave y urgente” para este jueves, con paro de actividades y sin guardia gremial.

la diaria se comunicó con Pablo Elizalde, secretario de AFJU, una vez finalizada la asamblea. Para el dirigente sindical, la ley es “altamente perjudicial para los trabajadores democráticos y para el sistema democrático en general”. Además, Elizalde denunció el “entrometimiento en las maneras de funcionamiento y de organización del trabajo en el Poder Judicial” por parte del sistema político, que según describió, “no considera de la misma forma [que otros] al Poder Judicial”.

De esta manera, Elizalde declaró que AFJU repudia los artículos 13 a 29 de la ley 20.075, así como el decreto reglamentario que la articula, y rechaza “la desigualdad que dicha ley reglamenta que instaura entre los funcionarios del Poder Judicial dos tipos de categorías”.

En cuanto a las medidas tomadas por el sindicato, Elizalde adelantó que la asamblea resolvió agregar un paro de 24 horas sin guardia gremial, a concretarse el día de la implementación del nuevo régimen de certificaciones médicas. La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) dispone de 60 días para llevar a cabo esta implementación. “Ya lo tenemos resuelto, así que es sólo comunicarlo”, detalló el dirigente. Asimismo, anunció que se facultó al consejo de la AFJU a llevar a cabo “medidas distorsivas”, una vez que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resuelva sobre sus criterios de aplicación, así como acciones de propaganda y otras comunicaciones a través de la prensa.

El objetivo, explicó Elizalde, es conformar espacios de negociación en múltiples niveles -el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la SCJ-, “con la finalidad de contemplar las especificidades del Poder Judicial”.

También se llevará a cabo una solicitud de acceso a la información pública ante el Banco de Previsión Social (BPS) con la finalidad, según Elizalde, de “ver cuál de las patologías es la que está impactando más fuertemente en los trabajadores judiciales”.

Por último, el representante de AFJU anticipó que su sindicato promoverá un recurso de inconstitucionalidad de los artículos 13 a 29 de la ley 20.075 ante la SCJ. De acuerdo con Elizalde, la recolección de firmas con ese propósito comenzará la próxima semana, y la AFJU comenzará a coordinar con las otras agrupaciones judiciales y de funcionarios públicos. Las medidas de fuerza, declaró, dependerán de las resoluciones que tome la corte.