La Comisión de Derechos Humanos y Equidad aprobó este martes un proyecto por el cual la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) debe monitorear y vigilar la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), a propuesta de la senadora colorada Carmen Sanguinetti.

El proyecto, que estará en el orden del día del primer plenario de mayo, señala en su exposición de motivos que la CDPD es una “herramienta jurídica” internacional de apoyo para “hacer valer los derechos de las personas en situación de discapacidad y sus familias, a la vez que supone importantes consecuencias para las personas, entre las que se destaca la visibilidad de este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas”.

Uruguay había sido observado por la ONU por la falta de designación de un mecanismo de supervisión, recordó semanas atrás Sanguinetti.

La presidenta de la INDDHH, Jimena Fernández, señaló a la diaria que el organismo creó, hace año y medio, dentro del Área de igualdad y no discriminación, una Unidad de personas en situación de discapacidad. “Entre los temas centrales que comenzó a trabajar, además de la educación inclusiva y el acceso a la Justicia, por ejemplo, está el de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, ambos firmados por Uruguay”, recordó.

En ese sentido, Fernández dijo que desde ese espacio se trabaja en el seguimiento de la Convención. “También, en el marco de este mecanismo, se eligió -por votación representativa de todo el país- un consejo asesor formado por la sociedad civil (personas en situación de discapacidad y familiares). También, con el apoyo del UNFPA, se está elaborando un sistema de indicadores para monitorear la Convención artículo por artículo”, expresó.

En este contexto, Fernández dijo que el proyecto de ley presentado por Sanguinetti le parece “excelente” porque permitiría a la INDDHH, como órgano que cuenta con autonomía y cumple con los Principios de París, “contar con una normativa que asegura que el mecanismo se implemente en este ámbito, con lo que significa para el largo plazo y como garantía”. “La INDDHH viene avanzando en la línea del proyecto presentado, pero su aprobación como ley sería una excelente noticia”, agregó.

De acuerdo a Fernández, que se cumpla con la Convención “implica avanzar en términos de derechos”. “Lo primero es un cambio de paradigma: de una mirada de protección, se pasa a otra que busca la autonomía de la persona con discapacidad, que tiene derechos como cualquier otra. Esto implica, por ejemplo, para asegurar el acceso a un servicio o un derecho, que se hagan ajustes razonables, que lo permitan”, concluyó.