La Fundación Bensadoun Laurent, una organización que trabaja por la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, computó en el cierre de 2023 un total de 27 inclusiones laborales en empresas y organizaciones. Esto representó una disminución de contrataciones de 27% con respecto al año 2022. Estas cifras abarca a estudios que realiza la fundación y no a toda las empresas privadas que contratan o no.
Fernanda Berrueta, coordinadora del área técnica de la Fundación Bensadoun Laurent, explicó a la diaria que la Ley 19.691, de promoción del trabajo para personas con discapacidad, exige que en las organizaciones con 25 o más trabajadores permanentes haya 4% de personas en situación de discapacidad empleadas, pero marcó que actualmente “no hay una fórmula que permita conocer si esto se está cumpliendo”.
En tanto, la Ley 18.651 establece también un 4% de contrataciones de personas con discapacidad en la administración pública, pero para el cierre de 2022, y de acuerdo con la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), sólo se cumplió con un 0,7%. “La inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad sigue siendo una deuda pendiente a nivel país”, sostuvo.
Considerando estos números, explicó que “desde la Fundación se considera que es necesario seguir apostando por las políticas vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, incluido el empleo. De ahí la importancia de que el Censo de Población, Hogares y Vivienda 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas arroje datos actualizados de la población con discapacidad en Uruguay, para el fortalecimiento y diseño de políticas públicas”.
Acerca de ese relevamiento, señaló que “nos brindará datos actualizados que servirán como base sólida para el diseño e implementación de políticas públicas más efectivas y acordes a las necesidades reales del colectivo”.
Comentó también que “a propósito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, desde la Fundación seguiremos apostando por la fiscalización de la Ley 19.691, de Promoción del Trabajo para las Personas con Discapacidad en el ámbito privado, para garantizar así el derecho al trabajo del colectivo”.