El diferendo entre hoteles y tarjetas comenzó hace unos cinco meses, cuando los primeros mantuvieron una reunión con representantes de las empresas Visa, Master Card, Diners, American Express y la local Oca Card, para solicitar “una mejora en el arancel que cobran y en los plazos de pago” a los comercios. Así lo explicó a la diaria el presidente del Centro de Hoteles de Punta del Este, Fernando Massa, quien aseguró que el arancel cobrado por los plásticos sobre la factura “era en el mejor de los casos del 5% y podía llegar hasta un 7%”, por lo que “se solicitó un ajuste al 3% general para todos los hoteles y una mejora del plazo de 30 a 20 días”.
Tras 45 días sin respuesta volvieron a plantear el tema, pidiendo “una respuesta o una contrapropuesta” que nunca llegó. Desde el 1º de setiembre los hoteles involucrados resolvieron “no aceptar tarjetas”, aunque la “indiferencia” de esas empresas continuó.
Ante la falta de diálogo, los representantes de los hoteles se reunieron con los diputados del departamento, la Intendencia fernandina y el director de Turismo, “para que el sector público medie o actúe”. Desde ese ámbito se solicitó intervención a los ministerios de Economía [MEF] y Turismo, que recomendaron presentar una denuncia formal ante la Comisión de Defensa de la Competencia [dependiente del MEF], ya que podría ser un caso de “abuso de posición dominante”.
Casaretto presentó un proyecto para que el Ejecutivo establezca, decreto mediante, un arancel de 3% máximo por un período de 180 días, mientras se estudia un proyecto de ley de regulación integral de la actividad comercial que involucre el uso de tarjetas de crédito.
Massa señaló que “a fines de esta semana o a comienzos de la próxima” el Ejecutivo podría actuar en esa línea, o bien indicar a los hoteleros que continúen por la vía establecida en Defensa de la Competencia, aunque esta opción “no es para el corto plazo”.
El que calla...
Pero “la situación permanece igual”, aseguró Massa, añadiendo que “el diálogo no existe y las posturas se mantienen rígidas”, afectando al país porque “deteriora la imagen de Uruguay como destino turístico”.
No obstante, mostró optimismo respecto de un posible acuerdo previo al inicio de la temporada, aunque “por las dudas” están “conversando con los clientes y explicándoles la situación para buscar formas alternativas de pago”. la diaria intentó comunicarse con los representantes de las tarjetas de crédito, que optaron por no hacer declaraciones.
Por su parte, Milnitsky explicó que la denuncia sigue su curso en el organismo y en el BCU, entidad reguladora de los servicios que venden las tarjetas. Dijo que se estudiará si la denuncia es pertinente y, según añadió, el BCU se centraría en algunos aspectos y la Comisión en otros. Después, los denunciados podrán realizar los descargos correspondientes, para lo cual tendrían 10 días; por último, el organismo definirá si la investigación debe seguir su curso.
Sobre los plazos, aseguró que “puede que sea muy clara la práctica anticompetitiva y que se solucione rápido, o todo lo contrario”, aunque advirtió que también puede solicitarse un cese de la práctica mientras prosigue la investigación.
En caso de hallarse una solución, la Ley de Defensa de la Competencia permite “suspender la investigación” o, por el contrario, continuarla si el organismo entiende que se trata de una práctica anticompetitiva.