La actividad se desarrolló el jueves y viernes pasados en el Centro Agustín Ferreiro, dependencia de la Administración Nacional de Educación Pública ubicada en el departamento de Canelones, en la Cruz de los Caminos, entre Totoral del Sauce y San Jacinto.
No es un sitio cualquiera. Agustín Ferrero fue un maestro rural, consejero de Primaria en la década de 1940 y desde allí creó las escuelas granja. Su idea era que estas escuelas se convirtieran en centros educativos y de investigación agrícola, con incidencia productiva y social en la zona. El proyecto se amplió y desarrolló exitosamente durante 15 años, pero sus estructuras fueron desmanteladas en 1961 por representantes del gobierno del Partido Nacional y desde entonces nunca fue reflotado. El centro que hace honor al maestro volvió a escuchar en estos dos días el concepto de reforma agraria, pero el entorno actual no parece ser más alentador que el de aquellos años.
la diaria asistió a la actividad de cierre, desarrollada en la mañana del viernes. Allí se dijo que en Uruguay 284 empresas concentran 2,5 millones de hectáreas (la séptima parte del país). Tal vez, con mayor violencia se vivencia la expulsión de los agricultores familiares, el deterioro de la biodiversidad (por incremento de monocultivos e intensificación de uso de pesticidas) y la pérdida de soberanía alimentaria.
La instancia reunió a más de cien productores de todo el país. La CNFR nuclea alrededor de 115.000 productores familiares; a la actividad acudieron representantes de las 48 entidades que forman parte del consejo directivo. También participaron integrantes de la Red de Mujeres Rurales del Uruguay, el Movimiento Nacional por Defensa de la Tierra (Monadet), el grupo Mandiyú, ocupante de un predio del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Bella Unión, Redes Amigos de la Tierra, la Mesa Coordinadora de Campos de Recría, la Intergremial de Productores de Leche, la Asociación de Colonos del Uruguay, integrantes del departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT y de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines. Entre otros expositores, participaron representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del INC y legisladores.
Pal que la trabaja
El incremento en la compra y arrendamiento de tierra por parte de grandes empresas extranjeras en la primera década de este siglo ha disparado su valor, lo que acarreó la pérdida de competitividad de los pequeños productores. Esta realidad fue expresamente señalada por los productores participantes y también por los representantes del gobierno. Walter González, integrante de la Sociedad de Fomento Rural y Granjera de Paysandú (Soforugpa) y maestro de una escuela agraria, explicó que los adolescentes que en tres meses terminan los cursos no tienen demasiadas opciones porque la mitad son hijos de asalariados rurales que tienen que irse de sus predios por ser demasiados hermanos. Dijo entonces que las opciones que tienen son ir a trabajar a la ciudad o ser empleados como sus padres, aunque recordó que en muchos predios no los aceptan porque ya cuentan con suficientes peones. “Tienen 15, 16 años y les está tocando esa realidad: no tienen acceso a la tierra y más allá de que quieran quedarse, no pueden”, afirmó.
En el encuentro se conversó sobre el trabajo del Instituto de Colonización. El documento elaborado como síntesis de los talleres indicó preocupación por la subsistencia de “adjudicaciones a beneficiarios que no reúnen las condiciones para ser colonos ni residen en los predios y comprobados casos de usufructo incorrecto de fracciones”. En el texto las organizaciones solicitaron ajustar los mecanismos de adjudicación de tierras y consideraron “impostergable un real fortalecimiento” del INC “para que tenga acceso a una mayor superficie de tierra”.
Pero la realidad indica otra cosa, porque en la elaboración del presupuesto quinquenal 2010-2015 el INC pidió un incremento que no fue avalado por el Poder Ejecutivo: “Se solicitó un aumento de la partida presupuestal [...] justificado por el aumento en el precio de la tierra, no era para comprar más sino para comprar lo mismo, se elevó por las vías institucionales adecuadas pero no llegó a la vía legislativa”, explicó a la diaria Andrés Berterreche, presidente del INC. El jerarca reconoció que las posibilidades que tiene el instituto de responder a la demanda son escasas: “Estamos totalmente desequilibrados, cualquier llamado que hace el instituto se presentan 50, 60 personas, en general las necesidades de tierra que hay en el país son muy importantes”.
Extranjerización y uso
En las últimas semanas trascendió el interés de empresarios árabes de comprar tierras en nuestro país. Daniel Garín, subsecretario del MGAP, detalló: “En primera instancia se está tratando de desestimular este tipo de planteos y en algunos casos donde hay posibilidad, se plantea no la venta de tierra sino cambiarlo por el desarrollo de una cadena de valor de productos de alimentos”. Pero la aplicación de estas propuestas no exceptúa la venta de tierras. Mario Costa, colono y vicepresidente de la CNFR, remarcó la “capacidad de intervenir en la compra de tierras por extranjeros. Hay una palabra ‘moratoria’ que es la capacidad de trancar, de impedir algo rápidamente hasta que se resuelva. Creemos que es facultad del Ejecutivo hacerlo, esperamos que se haga, porque el riesgo que tenemos es que seamos muy buenos en las autopsia; saber de qué murió después de que nos encontramos con: ‘uh, hay seis millones de hectáreas vendidas, en poder de arrendatarios’. Precisamos que la función de un gobierno es gobernar, administrar, y una buena parte es planificar, prever […] Tenemos medio país ocupado por los extranjeros y en lo único que se traduce es en falta de soberanía; mientras no se tomen medidas efectivas y sigamos con el discurso, el discurso no resuelve, esto es grave, es urgente […] creemos que acá al Parlamento le sobran elementos para buscar mecanismos ágiles para que en vez de hacer autopsias podamos tomar medidas previas”.
En cuanto al deterioro de los recursos naturales, Garín reconoció que los únicos que realizan planes de manejo del suelo son los cultivos forestales y arroceros. “La agricultura extensiva, que es la que está haciendo un uso más intensivo del suelo en estos momentos, no tiene tan siquiera una exigencia de tener un plan de uso”. Pero los planes no son inmediatos, en lugar de solicitar planes urgentes de uso del suelo, el MGAP se plantea lanzar en otoño de 2011 una experiencia piloto en un área geográficamente restringida que abarque cultivos de invierno de agricultura extensiva, para “ir progresando paulatinamente, y arañamos la esperanza de que cuando termine el quinquenio de este gobierno podamos tenerlo masificado al conjunto de la agricultura familiar”, dijo en su disertación.
Tampoco habrá acciones inmediatas para que el MGAP pueda cumplir con sus tareas de inspección en la aplicación de pesticidas.
Por otra parte, las organizaciones participantes solicitaron que se aplique “retenciones a las ganancias extraordinarias del agronegocio”, pero en diálogo con la diaria, Garín indicó que ese tema no está en la agenda actualmente.