Los integrantes
La comisión, de carácter asesor, está integrada por los directores generales de Planificación Territorial y Acondicionamiento Urbano, de Desarrollo Productivo, de Gestión Ambiental y por el director de Desarrollo Productivo de la Intendencia. En calidad de invitados participan ediles departamentales de la comisión de Asuntos Rurales, representantes de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (su director nacional, Manuel Chabalgoity, participa desde el comienzo), un representante del MGAP y organizaciones de vecinos del medio rural. Está estipulado que reciba el apoyo técnico de la Udelar y del INIA.
La reunión duró cuatro horas y convocó a más de 50 personas, hombres en su gran mayoría. Fue una sesión de la Comisión Especial para el estudio del uso del suelo rural en Canelones, creada por el intendente Marcos Carámbula en 2008, en el marco de la ley Nº 18.303 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que otorga a los gobiernos departamentales la potestad para reglamentar el uso del suelo en su territorio.
En la sesión del 29 de junio la comisión recomendó al intendente que adoptara la medida cautelar de impedir la siembra de cultivos transgénicos por un lapso de ocho meses en el área comprendida al sur de la ruta 11 (la más poblada del departamento), mientras se evaluaba el impacto de dichos cultivos. Los promotores de la medida fueron las organizaciones de productores que participan en la comisión (ver recuadro) y contó con el aval del resto de sus integrantes.
Los argumentos fueron la defensa de los recursos naturales, debido al alto uso de pesticidas que requieren los cultivos transgénicos y de las áreas de producción hortícola, lechera y ganadera, que se encuentran desplazadas por grandes emprendimientos que pagan mejores precios por el arrendamiento de la tierra; el mantenimiento de la población rural en el campo (los grandes emprendimientos contratan menos personal y las fumigaciones complican la permanencia de pobladores en áreas vecinas) y el derecho que tienen los productores orgánicos de que sus cultivos no reciban pesticidas aplicados en campos vecinos. Días después, otras organizaciones de agricultores familiares, asociaciones de productores de leche y la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) se entrevistaron con Carámbula para pedirle que rechazara la medida. El intendente solicitó entonces que estas agrupaciones fueran recibidas por la Comisión Especial y que ésta solicitara apoyo técnico a la Universidad de la República (Udelar), al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a la Comisión de Riesgo en Bioseguridad y al MGAP, y que en base a esos insumos concluyera medidas operativas.
La discusión
Los productores de leche y agricultores resaltaron que los transgénicos son utilizados por agricultores familiares y no sólo por grandes emprendimientos. Y argumentaron que los cultivos de tomate y manzana también apelan a los pesticidas.
Canelones es el departamento con mayor erosión del suelo. El tema fue mencionado por quienes estaban a favor de la medida cautelar y por los que estaban en contra, alegando que la siembra directa implica una mejor práctica que el arado tradicional, aunque los promotores de la medida en ningún momento se manifestaron contrarios a la siembra directa. En representación del ministerio acudió el director de Servicios Agrícolas, Inocencio Bertoni, en tanto el presidente del INIA y de la Comisión del Riesgo, Enzo Benech, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Pedro Queheille, lo hicieron a pedido del ministro Aguerre.
Bertoni destacó la intención del MGAP de profundizar la conservación de los recursos naturales y aplicación de agroquímicos. Benech resaltó la disposición de coexistencia regulada entre cultivos transgénicos y no transgénicos y recalcó que está establecido que los primeros pueden plantarse en caso de que no generen daños a la salud y el medio ambiente. Por su parte, Queheille indicó que “prohibir no soluciona”, que el problema es el uso abusivo y mal manejo de plaguicidas, y que las leyes están, pero hay que hacerlas cumplir. El problema es que hasta el momento el MGAP no tiene esa capacidad.
Por otra parte, se mencionó el riesgo de continuidad de la semilla del maíz no transgénico. Éste es un cultivo de polinización cruzada, y si en las proximidades hay un maíz transgénico, se altera la semilla no modificada genéticamente. Más de 60% del maíz plantado actualmente en Uruguay es transgénico, y eso puede generar una dependencia alimentaria, al tener que comprar eternamente la semilla patentada. La asesora de la comisión de Riesgo en Biodiversidad, Alejandra Ferenczi, presente en la sesión, dijo que se está trabajando para reglamentar la coexistencia, y que se definirá la distancia que tiene que existir entre ambos cultivos. A diferencia de sesiones previas, los representantes de la intendencia no manifestaron ninguna opinión. Pese a la presión de los integrantes de la AIA, que acudieron en masa para que se desestimara la medida cautelar, la comisión pasó a un cuarto intermedio.
El lunes 4 de octubre la Red de Agroecología del Uruguay habría entregado a Carámbula una declaración respaldada con 999 firmas, solicitando que se respetara la sugerencia de la medida cautelar alegando, entre otros motivos, que los cultivos transgénicos provocan “impactos que no han sido ponderados ni evaluados correctamente”. El dilema continúa planteado.