Juicio ciudadano
Se trata de un proyecto de la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias (Udelar), financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC-Udelar). Es un mecanismo deliberativo para discutir temas controvertidos de ciencia y tecnología. El jurado ciudadano fue conformado por personas no expertas en la temática de energía nuclear, sin ningún tipo de vinculación, salvo estar interesadas en aprender al respecto. Estudiaron durante tres meses, partiendo de un dossier elaborado por la Unidad de Ciencia y Desarrollo, avalado por un comité asesor de técnicos. Se seleccionó una veintena de expertos en la temática (con diversas posturas), a los que el jurado fue consultando en las instancias, y respondieron el fin de semana.
La síntesis fue presentada ayer, en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar), por ocho de los 15 integrantes del jurado ciudadano (ver recuadro), sin más público ni prensa que la escasa concurrencia que tuvo el fin de semana, durante la realización del juicio (ver nota adjunta).
La posibilidad de instalar un programa nuclear en nuestro país está a estudio de una comisión multipartidaria formada en 2008. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) establece que para introducir este tipo de tecnología en un país deben cumplirse cuatro fases. La primera implica el estudio de su viabilidad, debiendo lograr un consenso político y social al respecto. Esa fase comenzó en 2008 y fue proyectada en un plazo de tres a cuatro años. De avalar el plan nucleo-eléctrico, las etapas siguientes apuntan a la creación de normativa, recursos humanos, infraestructura; luego, la planta en sí, su operación, hasta llegar a su desmantelamiento (tienen una vida útil que va de 40 a 60 años).
El presidente de la comisión multipartidaria es Ramón Méndez, director nacional de Energía, quien el domingo, al ser interrogado por el jurado, enfatizó que mantener un diálogo de ida y vuelta con la ciudadanía durante todo el desarrollo de la fase uno y recibir insumos de ella son las intenciones de la comisión. Sin embargo, en el juicio se cuestionó la real aplicación de esta voluntad, puesto que la comisión está integrada únicamente por actores políticos y no hay información pública sobre las cuestiones en las que se ha avanzado. Méndez alegó que la comisión ordenó una encuesta de opinión pública para establecer una estrategia de comunicación con la ciudadanía y que por eso está demorado el intercambio.
En las recomendaciones, el jurado sugirió que la comisión haga públicos los informes que eleva cada tres meses al presidente de la República y que genere ámbitos de participación ciudadana en relación con cada documento. Asimismo, se indicó que “el trabajo en fase uno debería ser acompañado por una reflexión y debate público sobre temas naturalmente vinculados, como la matriz energética actual, las proyecciones existentes y el modelo de país que hay detrás”.
El equipo recogió algo de lo expresado en el juicio el fin de semana: “La sociedad uruguaya ya está expuesta a algunos riesgos de la generación nucleo-eléctrica debido a las actividades de los países vecinos”, puesto que tanto Argentina como Brasil tienen plantas nucleares, y que en caso de producirse accidentes en ellas, pueden afectar suelos, agua y población nacionales. También destacaron que hay exposición a riesgos que puedan ocasionarse por el uso que se hace actualmente en nuestro país de tecnologías nucleares, con aplicaciones médicas, industriales y de investigación académica.
El tema de la formación de recursos humanos fue también discutido en el juicio; el jurado destacó la “necesidad de formación a nivel técnico y profesional para la gestión de los residuos nucleares ya existentes”, así como para “educar a la sociedad en los principales planos que toca un plan nucleo-eléctrico, teniendo en cuenta que Argentina y Brasil ya han optado por la generación nucleo-eléctrica”.
Asimismo, recomendaron potenciar “todas las formas posibles de obtención de energía” y hacer una “gran campaña” de eficiencia energética.
Juntando pruebas
En diálogo con la diaria, Laura Agote, una de las voceras del jurado, explicó que la intención es que el informe “sea escuchado mínimamente” por los actores políticos. La idea que tiene el grupo es continuar estudiando el tema y escuchando argumentos que se vayan generando. Respecto a cuán a mano está para un ciudadano común informarse sobre el tema energía nuclear, Agote comentó su experiencia. Indicó que el jurado se dividió los temas, lo que llevó a que “tuviéramos que movernos en medios en los que no estamos habituados. Yo, por ejemplo, me vinculé con Facultad de Química y con Facultad de Ingeniería para averiguar sobre determinados temas, y la recepción que tuve desde el ámbito académico fue excelente, no importaba prácticamente ni quién era, era una ciudadana que les explicaba que estaba en esto y eso era suficiente para que me dieran la información y los proyectos desarrollados, sin limitaciones. No me pasó lo mismo en los organismos públicos, donde me cuestionaban quién era, para quién estaba preguntando, si era una empresa”.