Lo puede decir cualquiera que haya abierto un sobre con un análisis clínico adentro: los números casi nunca son fríos. Por más que reprima la gestualidad al mínimo, un recitador de estadísticas como Julio César Gard logra captar la atención de su audiencia porque habla sobre una pasión de multitudes. Con cuánta más razón podía tener al público en vilo Rafael Paternain, quien desde 2005 y hasta esta semana condujo las investigaciones estadísticas del Ministerio del Interior sobre violencia y criminalidad, los problemas que, según las encuestas, más preocupan a la ciudadanía uruguaya.
Aunque obtuvo su doctorado en la Universidad de Alicante, Paternain era un “Harvard”, como suele caracterizar desde hace años el hoy presidente José Mujica a los funcionarios políticos con títulos terciarios y perfil académico. Era funcionario político porque su designación tenía ese carácter, pero no porque entre sus tareas figurara el trazado de políticas. Ni siquiera la formulación de recomendaciones. Lo suyo era el diagnóstico. “Los que viajan en ancas del lugar común creen que la realidad ya está suficientemente diagnosticada, y que sólo resta hallar e implementar las soluciones”, escribió hace un par de años, en un compilado de ensayos sobre inseguridad ciudadana que publicó la Fundación Friedrich Ebert.
Vaya si eso faltaba en el Ministerio del Interior hasta 2005, cuando su titular a partir de ese año, José Díaz, lo nombró al frente del Observatorio Nacional de la Violencia y la Criminalidad. Hasta entonces había muy pocos estudios al respecto, públicos o privados. De entrada, los datos que publicó esa oficina chocaron con la percepción de los medios de comunicación y con gran parte de la oposición política, la cual ha ubicado la inseguridad en la tapa de su agenda. Los dirigentes blancos y colorados (y unos cuantos frenteamplistas, cada vez más) y las cejas de los informativistas y noteros de la crónica roja tenían las soluciones antes de conocer el problema: tolerancia cero, mano dura, agravamiento de penas, incorporación de militares a la fuerza policial, reducción de la edad mínima de imputabilidad penal, razzias. El Observatorio dibujó el panorama en blanco y negro, con números sobre el papel, y los publicistas del miedo, en lugar de reflexionar con ese material a la vista, dictaminaron hasta quedar roncos que la realidad revelada por esos estudios estaba equivocada.
Esos informes estaban lejos de señalar tendencias uniformes. Hubo aumentos y descensos en la frecuencia de diversos delitos, por rachas, nada que permitiera al primer gobierno del Frente Amplio promocionar una victoria contra la criminalidad. Eso sí, los datos enfriaban todo relato fatalista sobre un supuesto tsunami de inseguridad. La situación de Uruguay en esta materia no estaba bien ni lo está ahora, pero tampoco tan mal como la pintaban.
El Observatorio constató algunos fenómenos ineludibles a la hora de pensar en la seguridad ciudadana. Por ejemplo, que “los delitos se han nacionalizado”, como informó Paternain ya en 2005: casi no hay ahora en el mapa uruguayo zonas libres de criminalidad. O que las rapiñas se concentran en Montevideo. Al modificar la forma en que las comisarías registran las denuncias, la oficina desveló la enorme magnitud de la violencia intrafamiliar y de género, hasta hace poco oculta en el rubro de “lesiones”, y detectar la alta frecuencia de agresiones entre jóvenes.
La labor de Paternain no estuvo exenta de grises. Errores en informes de 2009 dieron pie a la interpelación del entonces ministro del Interior, Jorge Bruni: una cantidad de robos de celulares se contabilizaron como hurtos y no como rapiñas. Fuentes de la cartera le achacaron “una actitud personalista” (ver la diaria del 03/11/2010). De todos modos, en el episodio que llevó a su renuncia llama la atención la falta de diálogo entre un funcionario que había trabajado desde 2003 con seis ministros (tres colorados y tres frenteamplistas), sin que se supiera de conflictos, y el actual titular, Eduardo Bonomi.
A falta de más precisiones, la puja por los números sólo puede contribuir a las especulaciones. La primera: que las estadísticas del Observatorio bajo la dirección de Paternain no sirvieran de apoyo a las políticas que quiere llevar adelante Bonomi. La segunda: que diferencias no conocidas dentro del oficialismo hubieran determinado un ajuste de cuentas. La tercera: que Bonomi temiera que Paternain ganara influencia en el gobierno.
Cualquier hipótesis, alguna de estas tres u otras posibles, abona otra incertidumbre: que las políticas de seguridad del gobierno se definan sobre la base de teorías, discursos y golpes de talenteo y no sobre hechos, estadísticas y números. Que se diga, aunque suene feo: sobre sensaciones térmicas y no sobre termómetros.