En noviembre de 2008 se desarrolló el seminario “Renta básica universal: ¿derecho de ciudadanía”, instancia que buscó abrir el debate de un tema desconocido para el general de la población, que implica el pago de un ingreso por el Estado, como derecho de ciudadanía, sin importar los ingresos que se perciben.
Con los resultados del evento fue publicado un libro con título homónimo, presentado ayer en la Facultad de Ciencias Sociales, oportunidad en la que Mirza expuso junto a la coordinadora del programa Uruguay Integra y actual diputada por el Frente Amplio, María Elena Laurnaga.
En conversación con este medio, Mirza explicó que “la renta básica universal plantea una opción de transferencia incondicional de ingresos a cualquier ciudadano por su propia condición y, cuando decimos incondicional, es eso: no se estipulan contraprestaciones ni contrapartidas, como existen en otras modalidades”.
En ese sentido, ejemplificó que “el Plan de Emergencia, la Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México y algunos sistemas de transferencia como las Asignaciones Familiares, son transferencias monetarias condicionadas”. Sin embargo, en el caso de la renta básica, su sustento teórico se encuentra en el reconocimiento de “un derecho de ciudadanía”.
El simulador
Durante el seminario se discutieron las experiencias de Europa, donde países como Francia, España e Italia tienen modelos en práctica, y de Latinoamérica, subcontinente del que se evaluaron dos modelos: por un lado el brasileño, detallado por el senador del oficialista Partido de los Trabajadores, Eduardo Suplicy, y por otro el argentino, argumentado por Rubén Lo Vuolo. “Del lado argentino hay una propuesta que está en marcha, que busca empezar por las puntas de los tramos etarios, es decir, por los niños, adolescentes y los más viejos, y luego abarcar el resto de la población”, explicó Mirza. En Brasil la aplicación también es progresiva pero por escala de ingresos. “La renta arranca por los sectores sociales más pobres, desde el primer quintil de ingresos, y luego avanza hasta cubrir toda la población”. En Uruguay se hicieron simulaciones con la proyección de posibles escenarios, concluyéndose que existe “viabilidad fiscal, social y económica de aplicarla”.
De acuerdo al trabajo del economista Marcos Lorenzelli, docente de la Universidad Católica e incluido en la citada publicación, hay cuatro posibilidades: la primera apunta a que la renta llegue a todos los ciudadanos tomando como referencia el valor de la canasta básica de alimentos (línea de indigencia); la segunda es igual pero como referencia se toma la canasta básica total (línea de pobreza); la tercera otorga las transferencias sólo a menores de edad y a mayores de 65 años o que tengan una pensión por invalidez, en base a la línea de indigencia; mientras que la cuarta posibilidad es igual a la tercera pero con referencia en la línea de pobreza. En cualquiera de los casos se brindaría a los mayores de edad el 100% de la canasta y a los menores el 60%. El estudio concluye que el primer escenario tiene una carga fiscal de 9,66% del Producto Interno Bruto (PIB), el segundo de 28,99%, el tercero de 3,31% y el cuarto de 9,92%, según destaca el trabajo contenido en el libro.
Por otra parte, el espacio fiscal ocupado por las transferencias aplicadas actualmente (Asignaciones Familiares, pensiones no contributivas por vejez e invalidez, tarjeta alimentaria, asistencia neta a la seguridad social, impuestos generales afectados a la seguridad social, y las asistencias netas a la Caja Militar y a la Policial) implica 6,44% del PIB.
Descontando ese espacio fiscal, se aprecia que para el primer escenario de renta básica es necesario disponer de un 3,22% adicional del PIB; para el segundo, de 22,5%; para el cuarto, de 3,48%; mientras que en la tercera opción queda un margen a favor de 3,13%. Se detalla en el informe que la segunda opción debería descartarse; la primera y la tercera presentan “un problema político importante: a algunos habría que reducirles los beneficios”; mientras que la cuarta “supone un esfuerzo fiscal que habrá que evaluar y discutir si es desmedido o no, pero que seguramente tiene algunas ventajas”.
Sin prejuicios
Mirza apuntó que la intención “es poner el tema en el debate público y tomarse un tiempo razonable para discutir, reflexionar de forma desprejuiciada, con audacia y coraje”. Argumenta que es “una opción válida” y entiende que la cantidad de habitantes del país puede ser “una ventaja para avanzar hacia una mayor integración social e inclusión social”. En cuanto al plazo para el debate, manifestó que “hay tres, cuatro o cinco años, no hay un plazo determinado”, añadiendo que hay voluntad oficial para “apoyar la iniciativa”, además de “un campo muy fértil para trabajar en conjunto y estimular el debate público”.
Se mostró crítico respecto de posturas que “argumentan, sin saber, que esto fomenta la holgazanería” o que “puede ser una herramienta de fuga del mercado de trabajo”. Indicó que la discusión debe “romper con los esquemas y prejuicios, porque la mayor traba quizá pueda venir de nosotros mismos”. “No parece ser una herramienta de fuga del mercado de trabajo sino que estimamos que lo potenciaría”, replicó. “El libro no tiene precio, pero tiene mucho valor atrás”, defendió Mirza. El texto está disponible en la página web de Uruguay Integra. (www.uruguayintegra.gub.uy) .