Los 80 contratos que desataron el preconflicto pertenecen a funcionarios que ingresaron por sorteo entre setiembre y octubre de 2009 para atención directa a jóvenes privados de libertad. Los contratos vencían inicialmente el 31 de diciembre; a partir de planteos del gremio se prorrogaron hasta el 28 de febrero, y luego se extendieron nuevamente hasta el 31 de marzo.
Joselo López, integrante del gremio de funcionarios, explicó a la diaria que el directorio de INAU alegaba la no renovación por desfinanciamiento del rubro 0.
Consultada al respecto, Nora Castro, presidenta de INAU, se limitó a decir: “Estamos haciendo negociaciones a nivel del Poder Ejecutivo” para resolver la recontratación.
Los números
El Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), ex Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), reúne tres grandes áreas: el Programa de Medidas Socioeducativas de Base Comunitaria (Promesec), de medidas alternativas a la prisión; siete establecimientos en Montevideo; y la Colonia Berro (departamento de Canelones), en donde hay ocho hogares. De acuerdo con los datos publicados en la Memoria Anual de INAU, en el área metropolitana Semeji atendía (al 31 de diciembre de 2009) a 525 jóvenes, de los cuales 248 se encontraban internados con privación de libertad, 28 en Centros de Internación Transitoria, 14 en régimen de semi-libertad y 216 en medidas no privativas de libertad.
López explicó: “Minutos antes de empezar la asamblea recibimos una llamada de la directora general de INAU, Carmen Melo, que nos transmitió un mensaje del Poder Ejecutivo, y recibimos otra llamada de Ana Vignoli en que se nos planteaba una negociación en el Ministerio de Trabajo que se estaría fijando para el próximo jueves”.
“La asamblea resolvió que se va a habilitar el ámbito de negociación, en el marco de una movilización, y resolvió medidas en el caso de que no llegue a buen puerto”, dijo López.
El planteo del gremio consiste en establecer un plazo de 60 o 90 días para hacer un llamado a concurso que permita regularizar los contratos por un plazo más largo.
Los funcionarios sostienen que la no renovación de esos contratos distorsionaría por completo la atención. López explicó que en el hogar Sarandí (Colonia Berro) hay dos turnos que funcionan exclusivamente con estos funcionarios, cuyos contratos vencen el 31 de marzo.
Otras medidas
Por otra parte, el gremio mantiene las medidas tomadas respecto de dos hogares.
Uno de ellos, el hogar Puertas, ubicado en Montevideo, recibe a los adolescentes derivados por la Policía que desde allí, de acuerdo con lo que dictamine la justicia, son trasladados a algún hogar, cumplen medidas alternativas, o quedan en libertad.
Los funcionarios reclaman por la saturación del hogar y desde el 11 de marzo no reciben a los adolescentes que son recapturados (sí lo hacen con los que ingresan por primera vez).
El otro es el hogar Desafío, pensado para adolescentes menores de 15 años. López señaló: “Para no desnaturalizar el servicio, planteamos no recibir a mayores de 15 años”. Indicó que se había logrado la estabilización, pero debido a la escasez de cupos en otros establecimientos, habían vuelto a ingresar mayores de 15.
López sostiene que todos los hogares “están por encima del cupo que deberían tener de acuerdo con la infraestructura edilicia y el número de funcionarios”. Al respecto, Castro indicó: “Hay menos internados que en otras oportunidades. Hay alrededor de 240 internos, mientras que en otros momentos llegamos a tener 310”.
López discrepó con esta cifra -estimó que hay entre 250 y 300 internos- y agregó: “Hay cerca de 200 [adolescentes] que deberían estar en privación de libertad y no están. Si tuviéramos la cantidad que determina el Poder Judicial, tendríamos el doble”.
Tanto Castro como López señalaron el incremento de funcionarios en 2009. López indica que con el comienzo del frío disminuyen las fugas y los servicios se saturan aun más.
En diálogo con la diaria, Jorge Jouroff, gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) -ex Interj-, reconoció que “el sistema está lleno” y que arrastra problemas locativos desde hace mucho tiempo, pero aseguró que “vienen superándose”.
Jouroff dijo que está habiendo reuniones con el ministro del Interior y la asesora ministerial en materia carcelaria en relación con “la búsqueda de locales”. “Pensamos que surgirá alguna solución en un plazo cercano”, afirmó. Agregó que “con el nuevo presupuesto se abre una oportunidad de hacer un rediseño general del sistema, de la minoría infractora, necesitamos nuevos locales pero también hay que pensar los roles de los locales, la rehabilitación”, dijo que “se abre una oportunidad de pedir recursos”, pero recordó que falta la designación de las nuevas autoridades de INAU.