P>-Trabaja el tema de los asentamientos irregulares de Montevideo al menos desde 2000. ¿Cuáles son los mayores aportes de esta tesis? -Quise ver cómo los distintos momentos políticos interactuaron con la necesidad de vivienda y de trabajo, entre otras, de las personas para formar distintos tipos y distinto número de ocupaciones. Las más planificadas urbanística y socialmente tendieron a ocurrir antes de las elecciones nacionales y tuvieron un pico muy alto en torno a los comicios de 1989 y 1994, años en que la competencia electoral por los pobres urbanos fue muy alta en la ciudad. Estas ocupaciones tuvieron una relación cercana con el Estado que las llevó a acceder a servicios nunca antes obtenidos por los pobres urbanos de las ocupaciones de tierras más antiguas de la ciudad, aquellas que comenzaron por goteo, que se caracterizaban por una gran precariedad urbana y social y que se conocen tradicionalmente como “cantegriles”. Esta relación cercana con el Estado tuvo lugar de diversas maneras, mediante peticiones directas con firmas, sentadas, cartas hasta a través de políticos en relaciones a veces clientelares (te doy algo y espero que me des tu voto). Los líderes de asentamientos jugaron un rol bisagra muy importante, conectando a los asentamientos con el Estado. Creo que la tesis tiene dos aportes interesantes. El primero es sustantivo y el segundo es metodológico. A nivel sustantivo, explorar la dimensión política implica acercarse a la agencia de las personas que viven en asentamientos, en particular la de sus líderes. Implica proponer que la necesidad tiene más probabilidades de activarse en ciertos momentos y de transformarse en movilización política de diversa índole. En cuanto a lo metodológico, combino un análisis cuantitativo con otro cualitativo. El cuantitativo me ayuda a entender en qué momentos fue más probable la ocurrencia de cierto tipo de ocupación de tierras. El cualitativo me da pistas de los mecanismos detrás de esos picos o esas bajas en el ciclo de ocupaciones. Sin este análisis más cualitativo a partir de documentos (como cuadernos de actas de comisiones vecinales o prensa) y unas 80 entrevistas con políticos, líderes, residentes ordinarios y técnicos, entender esas dinámicas y los significados que los actores les atribuyen a los hechos no hubiera sido posible.
P>-En la tesis indica que en la crisis de 2001-2002 no se formaron nuevos asentamientos y esgrime tres razones [ver nota en página 10]. ¿Considera que se mantienen esos motivos? -Sí, creo que esos factores siguen actuando hoy día. Intervienen factores políticos, la competencia electoral, la actitud del gobierno respecto al fenómeno. Hay momentos y lugares en que si uno ocupa es desalojado; hay otros momentos y lugares en que la tolerancia es mayor. En América Latina, por ejemplo, la tolerancia ha sido, históricamente, mayor que en otras zonas del mundo. En entrevistas con funcionarios del Frente Amplio [FA] que primero trabajaron en la intendencia y luego en el gobierno nacional es claro que hubo un aprendizaje; el tener el gobierno municipal hizo que funcionarios y políticos frenteamplistas se dieran cuenta de que la formación de asentamientos no era una solución de vivienda sino que se transformaba en un enorme problema a largo plazo. Esto generó aprendizaje y también muchos conflictos a la interna entre quienes veían en los asentamientos una suerte de reforma de tierras sui generis y quienes advertían del problema urbano que se avecinaba. Poco a poco el FA pasó de una mayor tolerancia a la represión o disuasión de nuevas tomas. Identifico un quiebre en 2004, justo antes de las elecciones, cuando ocurre una ocupación organizada por votantes frenteamplistas (de hecho, el nombre de la ocupación aludía a la campaña electoral) y las autoridades locales deciden no apoyarla, desalojarla, a pesar del costo electoral. Los vecinos también se han apropiado del territorio a partir de los procesos de descentralización y son conscientes de los problemas que implica formar nuevos asentamientos. Ha habido también un mayor endurecimiento judicial. [...] Y la reforma del Código Penal endurece la legislación en contra de las ocupaciones.
P>-¿Qué opina de la ocupación del barrio Nuevo Capra en enero de este año? -Me llamó mucho la atención porque muestra un cambio legal y político en relación hacia las invasiones. Es la primera vez que se usa la categoría legal de usurpación. Es la primera vez que el gobierno nacional se opone a una ocupación de este tipo (ya lo había hecho respecto a ocupaciones de FUCVAM, pero no de asentamientos) y esto muestra también cómo ha cambiado la actitud del FA y del sistema político al respecto. El lenguaje de la prensa para tratar el tema y la atención brindada también me parecieron especiales. Yo he llamado a los asentamientos “movilizaciones invisibles” o “elusivas” porque no suelen aparecer en la prensa como sí lo hacen las marchas, los paros, los cortes de ruta, etcétera. Sin embargo, este caso tuvo muchísima prensa. Eso refleja un cambio en el ambiente político respecto a las ocupaciones que hablan de un Estado y de un sistema político hoy mucho menos tolerante con este fenómeno.