En diálogo
El jueves 5 de mayo se lanzó el Diálogo Nacional por el Empleo, organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Universidad de la República. La iniciativa apunta a “lograr acuerdos lo más amplios posible en torno a la formulación y aplicación de prácticas de empleo que sean funcionales a la sostenibilidad del proceso de desarrollo y crecimiento económico con trabajo decente”. Participan instituciones públicas y privadas y organizaciones del mundo del trabajo. El diálogo durará hasta octubre y desarrollará un eje temático por mes. “El empleo y la formación de los jóvenes” es el tema de mayo; “políticas para enfrentar la insuficiencia actual en materia de oferta laboral”, el de junio; “adecuación entre las estructuras de calificación de la oferta y demanda laboral” se abordará en julio; “políticas de empleo para las diferentes fases del ciclo económico” en agosto, y “empleo y políticas a nivel micro y mesoeconómico” se abordará en setiembre. El 13 de octubre se realizará el seminario final, en el que se presentarán los resultados del diálogo.
“Uruguay presenta una de las brechas más grandes en América Latina entre el desempleo juvenil y el de toda la población; a su vez, tiene la mayor de informalidad y mayores problemas para su inserción laboral de forma correcta en empleos de calidad”, dijo a la diaria Álvaro Brunini, responsable de la Unidad de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Por su parte, Matías Rodríguez, director del Instituto Nacional de la Juventud, quien también participó en el encuentro, agregó que la situación es peor todavía para “los jóvenes de los hogares más pobres, los que tienen baja calificación, las mujeres y sobre todo jóvenes del interior del país”.
Por eso se habla de no considerar el concepto “joven” como un término homogéneo y de que las políticas de empleo deben contemplar esa heterogeneidad.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “uno de cada cinco jóvenes en la región [América Latina] no estudia y no trabaja, y en algunos países la mitad o más de los jóvenes se irían de sus países si tuvieran oportunidad”, y sólo 37% de los que están ocupados de América Latina cuentan con protección social. Tanto para la OIT como para el gobierno uruguayo es prioritario crear políticas que inserten a los jóvenes en el mercado laboral, sin desatender la continuidad de su formación educativa o la formación de una familia (se habla de crear sistemas de cuidados para niños) y que ese trabajo sea decente (con remuneraciones adecuadas, protección social, sin discriminación y que permita el derecho de asociación). La OIT también apunta a reducir las causas de emigración para “mitigar o compensar el riesgo de fuga de jóvenes talentosos” o que queden inconclusas sus trayectorias laborales o personales.
Todos piden cambios
Nuestro país cuenta desde 1997 con una Ley de Empleo Juvenil. Desde el Poder Ejecutivo se está trabajando para crear una nueva norma, considerando la escasa aplicación de la actual.
Rodríguez dijo a la diaria que las exoneraciones de aportes a las empresas que contrataron jóvenes cayeron en 2007 con la reforma tributaria. Agregó que la intención es “establecer nuevos beneficios para que los empleadores puedan contratar a jóvenes”, que haya “un subsidio al salario o que se subsidie la capacitación de los trabajadores de las empresas” y que existan estímulos para compatibilizar el trabajo y el estudio.
Asimismo, la meta es integrar a los jóvenes en las acciones de intermediación laboral que realiza el MTSS, “se apunta a identificar oportunidades laborales que estén asociadas a etapas previas de capacitación”, dijo Rodríguez.
Brunini agregó que se aspira también a “mejorar la normativa de inserción laboral de los jóvenes de forma que exista un marco adecuado para estas pasantías y becas”.
Martín Pereira, representante del PIT-CNT, planteó en un espacio de aportes y comentarios la necesidad de regularizar el sistema de becas y pasantías, porque las empresas o instituciones contratan a los jóvenes una vez y terminan realizando un montón de tareas que no se habían mencionado inicialmente. Solicitó la reducción de la jornada laboral a seis horas, para que les permita a los jóvenes continuar estudiando, y propuso la creación de una bolsa de trabajo pública que pueda ser administrada de forma tripartita por empresarios, trabajadores y el Estado, debido al lucro de la intermediación laboral. Pereira indicó que es necesario que las grandes empresas creen guarderías y se fortalezcan los Centros de Atención a la Infancia y la Adolescencia (CAIF) para ofrecer soluciones a las familias. Además recomendó crear estímulos para que los empresarios contraten jóvenes; aclaró que aquéllos no necesariamente deben ser económicos, sino que las empresas pueden tener beneficios a la hora de obtener préstamos o presentarse a una licitación pública.
Por su parte, Pablo Durán, representante de las cámaras empresariales, planteó que deben determinarse “condiciones atractivas” para que los empresarios acundan a mano de obra juvenil. Sostuvo que muchas veces se opta por no contratar empleados jóvenes porque tiene el mismo costo y, sin embargo, se trata de la primera experiencia laboral que realizan, y abogó por que existan salarios diferenciales. Respecto a la Ley de Empleo Juvenil dijo que “no ha dado resultados” y opinó que tiene que ser “mucho más flexible”, porque en el pasado “fracasó porque debía hacerse a través de determinadas instituciones, con convenios, con contratos inscribibles; [era] muy rígido todo el sistema que envolvía las cuatro modalidades contractuales que preveía la Ley de Empleo Juvenil”. Durán expresó algo similar respecto a la Ley de Pasantías, y sostuvo que las becas “tienen que tener un formato sencillo, accesible y tentador que hoy no tenemos”.