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María Petrona Vázquez Araújo, acompañada por sus hijas, hijos y nietos, se apresta a recibir las llaves de su vivienda de manos de la ministra de Vivienda, Graciela Muslera.

Foto: Fernando Morán

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Proceso de regularización del asentamiento San Antonio de Montevideo.

Se entregaron ayer 21 viviendas a vecinos de uno de los barrios irregulares de la capital, San Antonio, ubicadas sobre avenida Instrucciones entre José Batlle y Ordóñez y Máximo Santos. Fue en el marco de un programa de regularización de la Intendencia de Montevideo (IM) que abarca mejoras de infraestructura para el barrio y 115 realojos, financiado por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) y, en menor medida, por la comuna.

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La inauguración estaba fijada para las 12.00. Cerca de media hora antes los electricistas ultimaban arreglos de conexión de las casas y del alumbrado público. Las viviendas entregadas están ubicadas en la parte frontal de la manzana que da a Instrucciones, en la trasera se encuentran otras 18 que fueron inauguradas el 24 de junio; resta por construir otras 76.

Al final de la flamante manzana, alejándose de Instrucciones, y sobre la vereda de enfrente se veían las casas bajas con techos de chapa. En la vereda un hombre y su familia estaban tranquilamente sentados mirando el panorama de la cuadra de enfrente. "Nosotros somos privilegiados, a nosotros no nos toca el realojo", dijo irónicamente, dado que el PIAI construye viviendas para sustituir a aquellas que se encuentran en espacios públicos proyectados como calles o plazas, teniendo un límite para realojos sociales.

En esa primera manzana se podían ver las mejoras: apertura de calles, acondicionamiento con carpeta asfáltica y cordón cuneta, así como las luminarias del alumbrado público. Próximo a donde estaba aquel vecino se abre un pasaje hacia la manzana trasera, por donde transitaban obreros de la empresa constructora contratada por el PIAI; la conexión lleva a la zona donde se harán los futuros realojos. La calle es de balasto y tierra, con aguas que corren por el medio y por donde un gallo caminaba mansamente.

Material alternativo

Hacia fin de año también se concretarán otros 45 realojos en la ciudad de Rivera. Éstos se llevarán a cabo por otro organismo: el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a partir del Plan de Relocalizaciones que lleva adelante. La particularidad de las casas que prevén construir es que serán de madera, un material poco utilizado para la construcción de viviendas, y los beneficiarios trabajarán en la instancia de obra. Asimismo se contará con el aporte de estudiantes y docentes de la Escuela de Construcciones de Obra de UTU. De hecho, técnicos de la Dirección Nacional de Vivienda del ministerio y profesores del programa de carpintería de UTU construyeron juntos un prototipo de vivienda de madera que dieron a conocer ayer.

Voceros de ambas instituciones destacaron que la materia prima elegida, la madera, tiene costos inferiores que el ladrillo y el hormigón, tradicionalmente utilizado, y los tiempos de ejecución son más rápidos.

El proyecto del ministerio es comenzar a construir a principios de setiembre y en seis semanas tener las primeras seis viviendas prontas.

Se congregaban allí varios vecinos entusiasmados con la inauguración, entre ellos estaba Petrona, una señora que hace décadas que vive en el asentamiento y que en breve emprenderá una nueva vida en las prolijas casas. Junto a ella estaba, radiante como su madre aunque su vivienda no será realojada, una de sus hijas, Alejandra, de 33 años. Ésta dijo a la diaria que vive allí desde antes de cumplir un año y, de la mano de su niña, indicó que el barrio será otra cosa, y enumeró: "Se van a hacer las calles, vamos a tener agua, luz, saneamiento, los niños no van a tener por qué seguir en el barro como ahora". A modo de síntesis, comentó: "La situación mejora tanto para ellos como para nosotros; ahora porque uno lo ve así, pero después, en el futuro, esto va a ser espectacular, otra vida".

El motor del barrio

La alegría vivida ayer en San Antonio también es el fruto del insistente trabajo de las comisiones barriales. Una de sus integrantes, Fabiana González, de 41 años, contó a este medio que habita el lugar desde antes de cumplir un año. Relató que “en 1999 o antes” las diferentes comisiones del asentamiento (a partir de cada manzana que se fue anexando al incipiente San Antonio se constituyeron subbarrios) empezaron a plantear a organismos públicos que entendieran sus reclamos; “en aquel momento no entraba una ambulancia porque las calles estaban mal y porque no teníamos luz”, comparó. Empezaron pidiendo balasto y la regulación del barrio se dificultaba porque estaban asentados sobre terrenos públicos pero pertenecientes a distintos organismos. En 2006 tomaron conocimiento del PIAI -remarcó que increíblemente en todos los lugares que habían recorrido anteriormente nunca les habían mencionado el programa- y a partir de la aprobación del proyecto trabajaron en la delineación del barrio, sintiéndose partícipes en el proceso. A Fabiana no le correspondían los realojos, pero disfrutaba de las mejoras de la zona. Agregó que el PIAI financió reformas en las instalaciones del club de baby fútbol, el Royal, situado frente a las viviendas inauguradas, donde se construyó un salón comunal, puesto que hasta entonces no disponían de un lugar para reunirse.

Para mudarse, las familias disponen de cinco días hábiles pero antes de que comenzara la inauguración ya había un camión esperando la apertura de la casa para ingresar el mobiliario. Por ahora los beneficiarios no pagarán pero saben que en algún momento comenzarán a aportar una cuota.

El PIAI, que funciona desde 1999, se financia mayoritariamente con préstamos del Banco Iberoamericano de Desarrollo; a modo de ejemplo los plazos para pagar el último convenio, firmado en diciembre de 2008 por 70 millones de dólares, van desde febrero de 2014 a diciembre de 2033. Hasta ahora ha terminado 71 barrios y tiene activos otros 47. De ese total (118), 60 corresponden a Montevideo, 17 a Canelones y 41 al resto del país. Según datos del organismo, en todo el territorio nacional hay cerca de 500 asentamientos irregulares, pero el programa no puede hacerse cargo de todos, porque su intervención sólo es posible bajo ciertas condiciones: estar construidos sobre suelos públicos no contaminados ni inundables, tener más de 75% de su superficie habitada, haber sido censados por el Instituto Nacional de Estadística en 2006 y tener un mínimo de 40 familias.

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