La Cumbre para la Tierra fue una conferencia celebrada en Río de Janeiro en 1992 y organizada por la ONU donde se acordó adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medioambiente asegurando el desarrollo económico y social. Allí, 178 gobiernos aprobaron la Declaración de Río sobre medioambiente y desarrollo, que define los derechos y deberes de los Estados en ese aspecto. Para dos décadas después, en 2012, se planea realizar la cumbre Río+20, instancia en la que se volverán a poner sobre la mesa los temas vinculados a la economía verde en el marco de un "desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la gobernanza para el desarrollo sustentable". Con la cuenta regresiva en marcha, el PNUMA organizó la mesa redonda "Camino hacia Río+20: Economía Verde en un contexto de desarrollo sustentable y combate a la pobreza", oportunidad en la que el organismo presentó su informe Green Economy. La encargada de hacerlo fue Elisa Tonda, oficial para América Latina y el Caribe del PNUMA, quien subrayó la importancia de la discusión que se desarrollará el año próximo.
Resaltó que se analizará la economía verde vinculada al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, considerando además "la mejora del bienestar humano" así como "de la equidad social". "Se trata de un esfuerzo por transformar estas definiciones en algo más concreto y relacionarlo con nuestra experiencia de trabajo", explicó.
Tonda precisó que el objetivo principal es el incremento de las inversiones capaces de reducir las emisiones de carbono y que ello repercuta además en un aumento de los empleos y de los ingresos. La experta evaluó que el análisis del desarrollo sostenible está en estrecha vinculación con la crisis financiera internacional enfrentada a partir de 2007, que también impactó sobre los precios de los alimentos, generando la necesidad de pensar en "diferentes modelos de producción y de consumo que permitan evitar complicaciones en el futuro". No obstante, aclaró que el abordaje de la problemática es diferente según las distintas regiones, países y recursos disponibles. "La voluntad es que esa economía verde sea una herramienta para que las clases más vulnerables sigan teniendo acceso a los recursos naturales y permita mejorar en calidad de vida a las personas que no acceden a servicios básicos", destacó.
Ganar o ganar
En cuanto al informe Green Economy, describió que apunta a servir como guía a los gobiernos durante el debate del año próximo mostrando los mejores caminos a adoptar, aunque advirtió que "es un informe global y no se puede aterrizar directamente a un contexto nacional". Allí se exhibe un análisis sectorial de los potenciales impactos de dirigir los esfuerzos hacia una economía verde. Para ello maneja el supuesto de la incidencia que tendría sobre la economía invertir en -"o reasignar"- recursos equivalentes a 2% del PIB mundial para iniciar la transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos. Tonda aseguró que el PNUMA alcanzó "resultados realmente interesantes" con ese análisis. Aseveró que una decisión tal promovería el crecimiento económico y permitiría en el largo plazo "crecer más que con el modelo actual". "En el corto plazo no nos permite demostrar que es una relación ganar-ganar, pero en el largo plazo queda demostrado que podemos crecer más que con el esquema económico vigente", interpretó. En ese escenario, además de los resultados económicos, "se reducen las escaseces ecológicas y los riesgos ambientales" gracias a la reducción del consumo de energía y agua, y de la superficie forestal, entre otros. "Permite superar el mito de que para ser amigables con el medio ambiente íbamos a tener que sufrir económicamente", puntualizó. Valoró que el sector privado debe "intervenir en la discusión" y también "tener un rol de liderazgo en la transición a una economía verde", identificando oportunidades y fijando prioridades. Asimismo, resaltó la necesidad de que participe el sector financiero, de informar y sensibilizar al mercado, promover investigaciones en economía verde y discriminar los casos exitosos. Por último, mencionó algunos de éstos en la región, como la agricultura orgánica en Cuba, la energía solar en Barbados y el ecoturismo en Costa Rica, que está generando importantes ingresos a este país centramericano.
Nada es para siempre
Pero investigadoras del Claes plantearon sus objeciones al informe y a la postura que adoptará el PNUMA en la cumbre Río+20. Una de ellas, Mariela Buonomo, expresó que la idea promovida de economía verde surge en un momento de crisis, hablándose de ella como “el nuevo motor del crecimiento económico” desde argumentos económicos y sociales. En ese punto, fustigó el “enfoque socioeconómico y antropocéntrico” reflejado en el análisis. “Ello es un error porque el crecimiento no puede ser eterno”, del mismo modo que el crecimiento “debe ser biocéntrico”. “La evidencia empírica de escasez de los recursos y los impactos en el ambiente que se producen” así lo determina, reflexionó.
Buonomo también lamentó del informe y el organismo “una concepción de sustentabilidad débil”, en cuyo desarrollo “no se cuestiona el mercado y se aceptan las diferentes formas de mercantilización de la naturaleza”. “La propuesta es insuficiente. Debe ser menos tímida y debería concentrarse en el concepto de una sustentabilidad súper fuerte”, recomendó.
Su colega Valentina Lorieto hizo una breve reflexión de los sectores vinculados al capital natural (agricultura, pesca, agua y bosques) analizados en el informe, dejando de lado los relacionados al capital artificial (como las energías renovables). Respecto de la agricultura, criticó que allí se habla de normativas ambientales “insuficientes” y que “no se cumplen”. Que no se considera el papel de la agricultura orgánica y que no resuelve “el problema de la frontera agrícola”. También que las soluciones sugeridas dependen del “consentimiento de 40 empresas” multinacionales que gozan de posición dominante.
Sobre la pesca observó que se habla de conservar el hábitat pero no los ecosistemas, y criticó la promoción de inversiones privadas en áreas protegidas, por ejemplo con el ecoturismo. “Eso lleva a una mercantilización de los recursos”. Además, “no hay un análisis ecológico, sino que se establece un área delimitada”. En cuanto al agua, “no está claro a qué se refieren con enverdecer” el sector, y se la aprecia principalmente como “insumo” para el resto de los sectores. En materia de bosques, llama a “detener la deforestación para mantener los servicios ecosistémicos y no por la importancia que éstos tienen por sí mismos”. “Se les da importancia por su valor económico”, se quejó.
Por su parte, la investigadora Soledad Ghione recordó que “nada finito puede crecer de forma perpetua”, y lamentó que en el trabajo de referencia “no se plantean lineamientos para la conservación de la naturaleza, no se presenta la conservación de un capital natural crítico”. En cuanto a la cumbre Río+20 se cuestionó: “¿Cómo se van a manejar los objetivos no cumplidos en Río 92?”. Concluyó que el Claes “identifica limitaciones a la extracción de recursos naturales y su dependencia”, en función de lo cual propone “alternativas, no un camino”, hacia un desarrollo sostenible y orientado a “asegurar el capital natural crítico”, a “establecer áreas de uso sostenible”, a incentivar la “producción 100% orgánica” y a establecer “límites de apropiación de la naturaleza”.