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Chimeneas de la planta de cementos de ANCAP en Minas. (archivo, junio de 2011)

Foto: Fernando Morán

Efecto placebo

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Fustigan a la economía verde por alimentar el “asistencialismo” y representar al “capitalismo”

La producción de bienes mediante el uso eficiente de los recursos naturales, con baja emisión de carbono e inclusiva socialmente, es el núcleo conceptual del cambio que promueve la economía verde. Si bien el impulso realizado por Naciones Unidas en el documento elaborado en Río+20 intenta subsanar la tensión entre medio ambiente y comercio, los empresarios, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil coinciden, por diferentes razones, en que la ambigüedad de la propuesta genera más dudas que certezas sobre su interpretación y aplicación.

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La Red Temática de Medio Ambiente (Retema) realizó, días pasados, un encuentro con representantes de diversos ámbitos tras la consigna “Río+20 impacto esperado en el comercio, Organización Mundial del Comercio (OMC) y barreras paraarancelarias”. Las normas internacionales de regulación de sistemas ambientales surgieron en la década del 90, contextualizó el gerente de Normalización del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), Fernando Gómez. En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de Río de Janeiro, germen de la realizada en junio pasado, momento en el cual el académico Víctor Manuel Toledo advirtió que el mundo atravesaba una crisis civilizatoria con énfasis en “lo alimentario, ecológico y existencial”, citó la representante del Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe (Maela), María Noel Salgado. En Río 92 existió un predominio de la visión social sobre los intereses empresariales, con discusiones fundamentales como la soberanía de los recursos naturales y el principio de precaución, sostuvo el representante de Amigos de la Tierra, quien participó en ambas conferencias, Alberto Villarreal, y se preguntó: “¿Qué pasó?”. Dos décadas atrás, evocó, los empresarios participaron junto a la sociedad civil de la conferencia, mientras que en Río+20 “estaban sentados junto con los representantes de los gobiernos”, contrastó. El último mitin, que reunió a 45.000 personas de 188 países, confluyó en el documento El futuro que queremos (ver: http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/6/visiones-contrapuestas/). La amplia convocatoria impidió “compatibilizar” posiciones, por lo que el “documento es muy vago y carece de fuerza”, expresó la asesora económica y de comunicaciones de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), María Laura Rodríguez. La ausencia de plazos y cronogramas, así como la falta de definición en las propuestas, dejan al libre albedrío de cada país las iniciativas ambientales destinadas a cambiar las formas de producción, sintetizó la asesora. Salgado, por su parte, destacó que, en la concreción del acuerdo, “se lució el gobierno brasileño”, pero fue catalogado por los movimientos agroecológicos como “un fracaso más”. En la misma tónica opinó Villarreal, para quien “gracias a la diplomacia de Brasil” el documento resultante “salvó la cara” del encuentro, ya que países como Estados Unidos “no querían reafirmar ningún principio ni que se mencionara la palabra ‘responsabilidad’” en la propuesta. Sin embargo, la ambigüedad del documento “preocupa” por la ausencia de definición de reglas claras para el comercio mundial, donde la aparición de etiquetas ecológicas (la huella del agua o del carbono, entre otras) y las normas impuestas por las cadenas de supermercados, amenazan con convertirse en “trabas” y “barreras paraarancelarias” advirtió el vocero de la Retema, Jorge Mattos.

El increíble Hulk

La reducción de costos en los recursos naturales y la energía es uno de los argumentos que se sugieren para que los empresarios incluyan el medio ambiente en la estrategia de competitividad de sus negocios, especificó la representante de la UEU. Es inminente la profundización de las exigencias contenidas en los certificados y calificaciones ambientales para el sector productivo de los países emergentes, aunque no siempre estén acompañados de razones válidas, aclaró Rodríguez. Una encuesta reciente que realizó la gremial a 250 socios evidenció que un gran número de exportadores carece de gestión ambiental, y la mayoría de los que cumplen con exigencias ambientales lo hace por la obligatoriedad exigida en el mercado de destino, explicó la asesora. Si bien detrás de la sustentabilidad “hay una discusión filosófica en relación a las nuevas generaciones”, también “hay cada vez más empresas e inversores que se suman a la economía verde”, destacó la representante de la gremial. Iniciativas como la de la Bolsa de San Pablo, que exige reportes de sustentabilidad, y que en caso de no ser presentados por las empresas, éstas deben explicar las razones, o la de los fondos de pensiones, que aspiran a inversiones sustentables como sinónimo de rentabilidad a largo plazo, fueron evaluadas positivamente por Rodríguez. Sin embargo, la economía verde es concebida como “un instrumento más, que plantea poner valor a cada elemento de la naturaleza” para los grupos nucleados en Maela, afirmó su representante. La delegada de la organización, que defiende la agricultura campesina y familiar agroecológica, manifestó que los proyectos de los organismos internacionales en el área rural tienen como cometidos el “asistencialismo”, o bien convertir en “empresarios a los pequeños productores” con el “lucro” como elemento central de las políticas aplicadas en el territorio. La economía verde “no es más que el capitalismo verde”, disparó Villarreal quien advirtió al respecto: “Es el último asalto del capitalismo sobre los bienes comunes”. En este contexto, el delegado de comercio internacional de Amigos de la Tierra explicó que la situación quedó evidenciada en el marco de la negociación del acuerdo de Río+20, cuando aparecieron “temores” de los países desarrollados de que quedaran planteados oficialmente los mecanismos de protección al comercio asociados al ambiente, los procesos y la producción. El desafío, según Villarreal, es que bloques regionales/políticos como el Mercosur o la Unasur protagonicen un “cambio de modelo”, ya no para equilibrar la relación “norte-sur” sino para “poner freno a las empresas, que desde la revolución industrial vienen contaminando el planeta”, reclamó.

Ambiente de moda

La Organización Internacional de Normalización (ISO por su sigla en inglés) inauguró en 1990, con el desarrollo de la norma de sistemas ambientales, una serie de reglamentaciones que se han convertido en “una moda”, según Gómez. Los documentos “no son barreras paraarancelarias sino temas de base”, explicó el especialista, quien afirmó que “quien no los tiene no participa” de los beneficios que implican para empresas y organizaciones. Se han implementado, en ISO, normas denominadas del ‘ciclo de vida’, que monitorean la continuidad del producto desde el nacimiento hasta la deposición, y también sobre gases de efecto invernadero, además de que se delinearon estrategias para el etiquetado ambiental. Con relación a la discusión en torno a la huella del carbono, Gómez explicó que es un tema de “alto vuelo”, y que en la última reunión, en la que participó la cancillería uruguaya, no se llegó a un acuerdo.

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