El 19 de agosto se celebra el Día Nacional de la Empleada Doméstica, sector laboral que acordó un nuevo laudo el mes pasado y registra 55% de informalidad, aunque también contabiliza avances, evidenciados en la duplicación del personal cotizante al Banco de Previsión Social (BPS), que en 2011 recaudó por ese concepto 37.000.000 de pesos. El laudo marca 8.534 pesos por 44 horas de trabajo semanales, reflejando aumentos que, según el margen de ingresos, fueron de 5%, 6% y 7%. Consultado por la diaria, el presidente del BPS, Ernesto Murro, destacó en un acto realizado en la sede del organismo a su cargo el “crecimiento del salario por el cual se cotiza en el BPS”.
La situación de las empleadas bolivianas que trabajaban en dudosas condiciones en una casa de Carrasco estuvo presente. Mabel Lorenzo, de la Liga de Amas de Casa, se quejó de la actuación estatal en el caso. “Nuestros representados son muy vulnerables, tienen presiones que les impiden vivir con tranquilidad. ¿Es posible que se rodee una manzana de un barrio por la sospecha de que existen empleadas domésticas no formalizadas en una vivienda?”, interrogó. A la Liga “sorprendió” que un caso “excepcional” se tornara así “extensivo” a una sospecha de “trabajo esclavo” en toda la rama. “No importa si es una mansión o la casa más humilde” el objetivo de un ingreso no solicitado por sus propietarios. “La medida de sitiar una casa no estaba habilitada por norma alguna”, fustigó. A continuación, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Nelson Loustaunau, quien “no pensaba” referirse al tema, cambió de opinión al escucharla, ya que “el que calla otorga”. Recalcó que la ley que ampara el trabajo doméstico se alinea a la política oficial de “promoción de derechos e igualdad entre el hombre y la mujer”. En ese sentido, las inspecciones buscan proteger a las “poblaciones más vulnerables”. Sobre la actuación en Carrasco, dijo: “Supe lo que pasaba minuto a minuto en el operativo y no es como se cuenta, no es cierto que rodeamos la manzana”, desmintió. “No llegamos ni con un tanque ni con un helicóptero”, ironizó.
Lo que motivó el pedido a la Justicia de una orden de ingreso y la posterior inspección fue la negativa de los dueños de casa a permitir la entrada a dos funcionarios de la Inspección General del Trabajo. “La ley los faculta cuando son obstruidos a pedir una autorización judicial y fue lo que hicieron”, por lo que tres inspectores y tres policías franquearon la puerta. “Fueron tres porque era una casa grande que tenía salida a varias calles”, precisó Loustaunau. Murro añadió que el BPS monitorea el trabajo de los extranjeros y celebró el origen del asunto. “Una realidad nueva que hay desde 2010: después de 80 años, Uruguay empieza a tener nuevamente inmigración”. Informó que el organismo envía a cada empleador el detalle de lo que debe pagar a su personal doméstico por aumentos, salario vacacional y aguinaldo. Lilián Celiberti, dirigente del colectivo feminista Cotidiano Mujer, que denunció el caso, analizó en diálogo con la diaria: “Es un sector muy vulnerable y es su fuente de trabajo: ellas quieren salir adelante”.