La simple mención a la posibilidad de realizar detracciones a algunas exportaciones primarias que hizo el presidente José Mujica el martes 8 revolvieron el avispero de los tributos al agro.
Para empezar, aclaremos que las detracciones son un instrumento más de la política económica y en todo caso no son otra cosa que un impuesto a las exportaciones. Como todo tributo, tienen pros y contras.
Mirando los aspectos positivos, las detracciones pueden aplicarse a las ventas externas de determinados productos, por ejemplo, los que no incorporan valor agregado nacional, con el objetivo de desincentivarlas. Otra ventaja de las detracciones es que son de fácil recaudación, un atributo nada menor si de impuestos se trata y que en particular contrasta con la recaudación del Impuesto al Patrimonio Agropecuario, que parece ser verdaderamente compleja.
Vale la pena recordar que, hoy por hoy, se aplican detracciones. Las exportaciones de cueros vacunos sin elaborar (o poco elaborados) pagan al fisco 5% del valor, una medida adoptada hace muchos años con el propósito de apoyar a la industria de la curtiembre nacional. De acuerdo a las cifras de exportaciones de 2012, si se aplicaran dichas detracciones a una tasa de 5% y sólo a la exportación del grano de soja, la recaudación resultante sería superior a 80 millones de dólares anuales, más de lo que recaudaría el Impuesto al Patrimonio Agropecuario que hoy es ley y es objeto de un recurso legal por parte de algunos productores.
La principal crítica a las detracciones es que desestimulan las exportaciones, y éstas son imprescindibles para el ingreso de divisas y el mantenimiento y ampliación del nivel de consumo y la actividad económica. Ésta fue la principal razón por la que la reforma tributaria de 2007 no hizo uso de ese instrumento.
La reforma tributaria se orientó a asegurar que las grandes empresas agropecuarias estuvieran gravadas por el Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE). En este sentido el IRAE tiene varias ventajas, entre ellas, que contribuye a formalizar actividades del agro, ya que las empresas necesitan justificar sus compras. Sin embargo su aplicación no tuvo el impacto recaudatorio previsto, justamente en momentos de altas rentas. A esta altura, es claro que se requieren ajustes en el diseño del IRAE al sector agropecuario, tanto en su versión ficta como por liquidación.
Volviendo a las detracciones cabe preguntarse: ¿quién las paga? En primer lugar, lo hace el exportador, y a continuación son trasladadas en forma de menores precios hacia el empresario o productor agropecuario de los productos a los que se aplica. En el caso de los arrendamientos de tierras, predominantes en la producción de soja y otros granos, los empresarios los trasladarían a los propietarios de la tierra reduciendo el valor de los los arrendamientos, que hoy están cercanos a los 350 dólares por hectárea y por año.
En definitiva, las detracciones son un instrumento de la política económica como cualquier otro y su aplicación puede ser conveniente o no. Además de su recaudación fácil, pueden diseñarse para ser aplicadas a pocos productos no elaborados, estimulando así el valor agregado nacional, ya que reducen el precio de la materia prima si se destina a la elaboración local y, en algunos casos, reducen también el precio al consumidor uruguayo. Sin embargo, es cierto que no constituyen la mejor opción, porque debilitan las exportaciones. En este sentido es preferible ajustar el diseño y aplicación del IRAE agropecuario y que se concrete el impuesto al patrimonio.
Pero todo parece indicar que la sangre no va a llegar al río. El presidente de la República prometió no imponer las detracciones a las exportaciones de productos primarios. El próximo gobierno, cualquiera sea su signo, hará lo que le parezca mejor y probablemente no recuerde lo que dijo Mujica. Lo que sí logró el presidente, como tantas veces, fue alborotar el avispero de las organizaciones que defienden los intereses de los exportadores primarios y el repique en los medios de comunicación y políticos afines.