La sala Hugo Balzo del SODRE se vistió con signos de suma (+) e interrogación (?) como parte fundamental de la propuesta de Sumar, conferencias ciudadanas, una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Bicentenario Uruguay que busca promover el acceso a la información y la participación en temas de interés público. Esta plataforma, dedicada en esta ocasión al Derecho de Autor y el Acceso a la Cultura, consiste en una instancia de tres etapas: exposición del panel de referentes -especialistas de distintas disciplinas con diversas visiones sobre el tema-; preguntas, respuestas y debates junto al panel ciudadano -representantes de la población a partir de una convocatoria abierta- y sus recomendaciones. El objetivo final es la redacción de un informe que incluye todas las posturas junto a las recomendaciones ciudadanas (de próxima redacción).
De este modo, el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 se presentaron los referentes José Antonio Villamil, Luis Alonzo, Alicia Guglielmo, Beatriz Busaniche, Daniel Drexler, Fernando Yáñez, María Balsa, Mariana Fossatti, Patricia Díaz, Pepi Gonçalvez y Mauricio Ubal, quienes luego mantuvieron un debate y respondieron las preguntas de los integrantes del panel ciudadano Alejandro Rodríguez Juele, Alexandra Moar, Bianca Vienni, Dan Raij, Fabiana Guadalupe, Ignacio Martínez, Katherine Perdomo, Mariana dos Santos Velázquez, Mariana Giménez de Mello, Nancy Cano y Heidy González Braga.
Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Pablo Álvarez, director general del MEC, y Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional y presidente del Consejo de Derechos de Autor, quien dijo que espera que la sociedad “defina la importancia de los derechos de autor y no se quede sólo en el tema de las fotocopias”. Además, habló sobre el tratado de Marrakech - por el cual en la práctica desaparecen los derechos de autor de las ediciones para ciegos y personas de baja visión-, el cual “es referencia para la sociedad de ciegos latinoamericana pero no lo es para los organizadores de este evento”, afirmó, mientras se podía observar la presencia del director de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay en el público (con intervención desde ese lugar al día siguiente), acceder al informe del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, disponible en la web de Sumar, y confirmar la referencia al tratado en los informes de algunos expositores, como fue el caso de Patricia Díaz (además de la constante traducción simultánea en lenguaje de señas).
Entre los cercos y el acceso
El doctor Villamil, prosecretario del Consejo de Derechos de Autor, sostuvo que una norma concebida en 1937 “no responde a las necesidades de la sociedad actual” y que es necesario establecer qué se puede copiar, cuánto y quiénes pueden hacerlo. Consideró de suma importancia incluir la excepción -“ampliamente difundida”- que permite realizar copias en el ámbito íntimo, incluso primero que en el educativo, ya que se vincula con la “libertad de las personas y el acceso a sus habilidades, asimismo sea sin fines de lucro”. Además, dijo que la situación de los autores, intérpretes y artistas en general es la de un mercado “dominado por pocas corporaciones transnacionales que gobiernan la producción editorial, musical y audiovisual”. El prosecretario dijo que la reforma de 2003 -Ley 17.616, de Derechos de Autor y Derechos Conexos- “aumenta los niveles de protección, sin actualizar el capítulo de limitaciones y excepciones”, por lo que “no mantiene el equilibrio entre protección y acceso”. Villamil exhortó a adaptar la legislación, concibiendo las limitaciones y excepciones para el ámbito digital, junto a la búsqueda de nuevas formas para que el autor -y no editores, productores o representantes- “efectivamente perciba una justa remuneración por el uso de sus obras en el entorno digital”.
El músico y compositor Mauricio Ubal, presidente de la Cámara Uruguaya del Disco -institución que promovió la extensión del plazo a 70 años de los derechos fonográficos, luego canalizado en el polémico artículo 218-, con guitarra en mano aseguró que en Uruguay no hay problemas de acceso a la cultura. Ubal cree que el “Estado debe proteger más y mejor para poder seguir produciendo”, ya que “proteger el derecho de autor es proteger al trabajador cultural”.
Por su parte, la argentina Beatriz Busaniche (ver http://ladiaria.com.uy/AC39) resaltó que la “propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social”, y señaló que ningún país del primer mundo se desarrolló con altos estándares de propiedad intelectual. Busaniche planteó que se debe buscar legislaciones que no “bloqueen el beneficio de los demás derechos”.
La presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), Alicia Guglielmo, se refirió a los objetivos de la CUL y a los derechos de los autores, centrando buena parte de su presentación en la cuestión de cómo se viabilizarán los libros de textos, al considerar que un libro “es una unidad indivisible”. Aseguró que “el fotocopiado está haciendo un daño muy grande en cuanto a la formación y a la cultura de este país”, además de que constituye un “problema de los más graves desde el punto de vista de la formación, de la sociedad y de la reflexión”. Guglielmo concluyó su informe diciendo que los contenidos -y los libros en general- sólo tienen sentido “si se hace una inversión previa, y ésta sólo corre por cuenta de las editoriales”.
Otro de los expositores fue Fernando Yáñez, de la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (SUDEI), quien ejemplificó la situación comparando el proceso creativo con una cadena: “Cada eslabón flojo debilita la cadena, por lo que pensar que el fortalecimiento del desarrollo de los creadores debilita el acceso democrático es un pensamiento aristotélico”. Cabe acalarar que ninguno de los demás integrantes planteó la cuestión en estos términos.
Por su parte Patricia Díaz, abogada de Creative Commons Uruguay, explicó que esta organización sin fines de lucro busca “fomentar los bienes comunes culturales”, para lo que han desarrollado una serie de licencias que posibilitan que los autores “otorguen a la gente el derecho de compartir, usar y recrear a partir de sus obras”. Además, pretenden generar conciencia de que “se necesita un cambio”: “La web es una nueva forma de relacionarnos, de expresarnos y de hacer política. Cuando está cercada no sólo se limita el acceso a la cultura, sino también la libertad de expresión y de educación”.
Luis Alonzo, Integrante del proyecto Software Libre y asesor informático del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), dijo que cualquier intento de aplicar las reglas de los objetos físicos a los bienes intangibles “nunca es adecuada”, y añadió que el software libre garantiza variadas libertades.
La directora de Ártica-Centro Cultural 2.0, Mariana Fossatti, se refirió, entre otras cosas, a las distintas formas de financiamiento que han surgido, como la convivencia armoniosa -el caso de la revista Orsai-, el financiamiento de masas probado en 2007 por la banda Radiohead -y que recientemente llevó adelante el músico uruguayo Franny Glass- y la autoorganización de los usuarios “agregando valor y ocupando espacios que la industria no alcanza”.
María Balsa, abogada en Creanexus (“plataforma para proteger ideas y creaciones desde el inicio del proceso creativo”), estableció que el desafío consiste en “aumentar la accesibilidad a la vez que se otorga el beneficio justo”. El músico Daniel Drexler, de la Asociación General de Autores del Uruguay, comparó la fragilidad con que llegan a la vida los humanos (con otros animales más agraciados en sus habilidades) e hizo un racconto histórico del derecho de autor, concluyendo que “el derecho de autor debe buscar la forma de encontrar soluciones eficaces ante la realidad digital, pero ello no puede generar el convencimiento de su avasallamiento”.
La productora audiovisual Pepi Gonçalvez desarrolló su exposición en defensa de los creadores audiovisuales. Expuso la necesidad tanto de crear una ley que obligue a firmar contratos como de que se informe sobre ella al profesional y a los estudiantes, además de considerar imprescindible organizar la gestión de los derechos del sector.
Desde la Universidad
Los representantes de las instituciones estaban más propicios a la defensa -y a referirse a lo particular de su área- que al diálogo y/o a los posibles intercambios. El segundo día, dedicado al debate, comenzó con una entrevista a Gabriel Kaplún, director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Kaplún sostuvo que no se puede regular todo “de la misma forma cuando no todo es igual. Hay que pensar en posibles alianzas virtuosas entre unos y otros”. Contó que la Universidad está trabajando mucho con el software libre, el acceso abierto y los recursos educativos libres, y se refirió a que “una de las cuestiones que la sociedad uruguaya requiere a las gestoras de los derechos son mecanismos de mayor transparencia”. El director consideró que la cuestión de las fotocopias constituye una excepción educativa de rigor -“lo que no implica incurrir en abusos”-, y que se debe “revisar la Universidad y la sociedad en conjunto”.