La disposición promovida por la Dinama intenta subsanar los problemas recurrentes de la calidad de las aguas en la cuenca del río Santa Lucía, que, sumados a los bajos caudales, "conforman un escenario que puede ser crítico para la principal fuente de agua potable del país”, según establece la resolución adoptada en octubre pasado.
La iniciativa, que integra una batería de medidas impulsadas por la Dinama, pretende revertir el “preocupante grado de eutrofización” de la cuenca del río Santa Lucía, que, según consta en el documento, es consecuencia de los volúmenes de materia orgánica, principalmente nitrógeno y fósforo¬, proveniente de distintas fuentes, entre las que se encuentran la actividad de los tambos.
Si bien la medida establece el control de todos los tambos ubicados en la cuenca del Santa Lucía, se priorizaron los establecimientos que tienen más de 500 animales en producción. Bianco confirmó que estarán sujetos a la disposición 60 tambos de un total de 1.800. En la cuenca del río Santa Lucía se ubica casi la mitad de los tambos del país, de los cuales los que manejan más de 500 vacas representan 25% del rodeo de esa cuenca, según destaca la resolución.
Para luego de la presentación del PGRS, la normativa prevé un plazo para llevar a cabo las obras en los establecimientos. En caso de no presentarse o incumplirse una vez finalizado, las empresas podrán ser sancionadas. La Dinama ya está recibiendo las refrendaciones anuales de los tambos, que deben presentarse firmadas por un veterinario e incluyen información sanitaria, de calidad del agua y manejos de efluentes de los establecimientos.
Limpieza profunda
Según explicó Bianco a la diaria, la resolución no generó sorpresa en el sector lechero, que hace más de 15 años viene trabajando para “ordenar y contar con medidas de manejos de efluentes”, pero los datos de contaminación de la cuenca del río Santa Lucía aceleraron el proceso de obligatoriedad en el tratamiento de las aguas. Si bien la mayoría de los tambos han implementado el manejo y el tratamiento de efluentes, esto “no quiere decir que esté todo bien”, sino que indica que “no partimos de cero, pero hay que mejorar el manejo del sistema”.
La normativa uruguaya, que reglamenta el estado en el que los efluentes deben llegar a las cañadas y a los arroyos para no contaminar, “es muy exigente” si se la compara con las de otros países. Según Bianco, eso “nadie lo discute”, pero “cumplir esos parámetros implica un tratamiento muy costoso, que hoy no es rentable” para el sector.
El Inale recibió propuestas de métodos y medidas para manejos de efluentes, como la instalación de biodigestores, que además proporcionan energía, pero cuyo costo supera los 100 mil dólares para cada establecimiento. “Estamos haciendo esfuerzos por buscar alternativas y manejos que no sean costosos; quizás lleven más tiempo e inversiones pequeñas o sean soluciones para implementar en colectivo”, informó Bianco. Una de las propuestas promovidas por los técnicos es que la materia orgánica sea esparcida de manera ordenada y que el agua que no se depure mediante un tratamiento no se vierta en la cuenca, sino que se le realice un proceso de purificación a campo mediante sistemas de riego. También, según Bianco, se insta a reciclar el agua mediante la asociación de los tambos con chacras cercanas.