La posibilidad de alcanzar crecientes grados de sostenibilidad ambiental en los procesos productivos se aleja con cada frustración en la concreción de acuerdos entre gobiernos. Para intercambiar experiencias sobre adelantos metodológicos en la medición de la huella de carbono en la región, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) organizaron ayer el seminario “Comercio y huella de carbono”. Se le llama “huella de carbono” a un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) generados y emitidos por una empresa o durante el ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena productiva, incluyendo a veces también su consumo, recuperación al final del ciclo y eliminación. El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura en el planeta resultado de la acumulación de gases atrapados en la atmósfera (efecto invernadero), y tiene serios efectos sobre la vida humana y el ambiente.
Hoy en día se atribuye mayor responsabilidad por las emisiones mundiales de GEI, especialmente dióxido de carbono, a los países desarrollados. Según estimaciones de la Cepal, China y Estados Unidos produjeron 26% y 16%, respectivamente, de las emisiones durante 2011, y sus principales fuentes de emisiones a nivel mundial se concentraron en la generación de electricidad (28%), la manufactura y construcción, y el transporte (12% en ambos casos). Latinoamérica fue responsable del 5% de las emisiones, y las fuentes principales de éstas fueron el cambio en el uso de los suelos y la agricultura.
Las proyecciones prevén un descenso en las emisiones de los países desarrollados y un aumento en las de los países en desarrollo. Esto se debe a “su propio ciclo económico y productivo”, según explicó Ximena Olmos, consultora de la Cepal.
“El cambio climático puede, incluso, llegar a modificar el mapa de los intercambios comerciales entre los países”, afirmó Olmos, por los cambios en los patrones de ventajas comparativas de los países, especialmente, los vinculados a la agricultura, pesca y silvicultura, algo “muy relevante” en los países de Latinoamérica.
Los efectos del cambio climático en la región se observan en la sustitución de bosques tropicales por sabanas, de vegetación semiárida por árida, pérdida de biodiversidad, menor seguridad alimentaria, y mayores inundaciones y fenómenos costeros “peligrosos” por el aumento en el nivel del mar. Este último fenómeno también podría afectar la infraestructura, ya que “podría dejar no operativos los puertos” y, por otro lado, “dar lugar a nuevas rutas de transporte” por el deshielo.
“Los temas que están en la intersección del comercio y el cambio climático son controvertidos”, arriesgó Olmos, quien manifestó que a pesar de la gravedad creciente del problema, la coordinación a nivel mundial ha sido nula. No se alcanzará un “tratado integral de cambio climático” al menos hasta 2020, conjeturó la experta, que contó que en la Cumbre de Naciones Unidas en Río de Janeiro en junio del año pasado se acordó que las medidas ambientales no se interpusieran como “obstáculo” al intercambio entre países. Mientras tanto, la Organización Mundial del Comercio, por el carácter de sus atribuciones, sólo tiene “poder complementario”, como asesora en los acuerdos. Por lo que, en la medida en que las negociaciones multilaterales no se concreten, “las acciones unilaterales de los países desarrollados pueden llegar a reducir la competitividad de las exportaciones de los países cuyos productores no midan y, eventualmente, no reduzcan sus emisiones”, dijo.
De momento, las iniciativas más difundidas incluyen “ajustes de frontera”, un impuesto “verde” que se le cobre al producto importado (por los GEI que contiene), al país exportador (por los GEI que genera), o al importador, al obligarle a comprar “permisos de emisión”. Asimismo, también se plantean subvenciones para incentivar patrones de producción menos intensivos en la emisión de GEI, mediante transferencias directas o el otorgamiento gratuito de “permisos de emisión”. Por otro lado, se planea el establecimiento de reglas que incluyan un nivel mínimo de eficiencia energética en los procesos de producción, o normas que incluyan, por ejemplo, un etiquetado del producto que indique sus niveles contaminantes. “De esta manera no sólo se genera un compromiso en las empresas, sino también conciencia en los consumidores”, valoró Olmos.
Cada uno por la suya, no funciona
La agricultura representa aproximadamente el 15% de las emisiones mundiales de GEI, y sus fuentes están relacionadas con la preparación y el manejo de suelos (40%), la fermentación entérica (27%), la producción de arroz (10%) y el uso de la energía (9%).
Actualmente, los productos agrícolas y alimentarios son una parte importante de la canasta exportadora latinoamericana (el 21%) destinada fundamentalmente a países industrializados. Según Olmos, estas exportaciones resultan de “especial sensibilidad” para la contribución al cambio climático por el rubro que trata y por “las grandes distancias que deben recorrer”. Asimismo, las metodologías impuestas por los países desarrollados, justamente preparadas por éstos, no contemplan “consideraciones especiales” para países en desarrollo. Por otro lado, los costos asociados a la medición de la huella de carbono son “muy altos”. Para Olmos, esto puede significar una “eventual barrera al comercio” y también un “posible factor de competitividad”.
Huellas no identificadas
En Uruguay, las exportaciones de bienes agrícolas y alimentarios representan 64% de las exportaciones totales. Asimismo, el 80% de las emisiones de GEI en el país las produce el sector agropecuario, 12% la energía y 3% los residuos.
El coordinador de la unidad agropecuaria de cambio climático desl Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Walter Oyhantçabal, afirmó que el recuento de la huella de carbono “es una de las cinco prioridades transversales del MGAP”. De momento, se ha avanzado en el cálculo de la huella de carne vacuna, la de lácteos y la de arroz, por el método de análisis de su ciclo de vida, aunque Oyhantçabal aclaró que dichas mediciones no se harán públicas “hasta no comunicarlas al sector privado”. “En una segunda instancia, más adelante, comunicaremos los resultados” prometió.
Respecto de la huella que deja la industria láctea, el 91% de las emisiones son generadas “fuera del predio industrial”, dato que estimó como un “buen adelanto para saber por dónde empezar a regular”. En cuanto al arroz, 76% de la huella se genera en el sistema productivo. La producción de arroz es especialmente nociva en cuanto al efecto invernadero por las emisiones de metano que genera el proceso productivo para llegar al producto final.
Servido en bandeja
La empresa exportadora promedio de Uruguay ve la mitigación y adaptación al cambio climático “como un costo y no necesariamente como un beneficio económico”, manifestó María Laura Rodríguez, asesora económica de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).
Según ella, “la mayoría de los empresarios no está calculando su huella de carbono”; por lo tanto, lo que necesita el sector es “mayor motivación” por medio de clientes o consumidores que lo valoren, exigencias por parte del gobierno, un diferencial respecto de su competencia o una mejora en la imagen de la empresa. Ante esta falta de entusiasmo, aconsejó la implementación de políticas de incentivo por parte del gobierno o financiamiento específico para la implementación de sistemas productivos más “verdes”, aunque aclaró que el Banco República ya implementa esta medida de apoyo.
Rodríguez mencionó el “Programa de Medio Ambiente” que lleva adelante la UEU y destacó que éste sirve como plataforma para realizar “talleres de sensibilización para las empresas”. Agregó que sería “fundamental darle contenido ambiental a la marca Uruguay Natural”.