En la Rendición de Cuentas 2012 se incluyó el artículo 218, que plantea modificar el plazo de protección de los derechos de autor: de los 50 años post mortem que rigen en la actualidad -antes de pasar a dominio público-, se pasaría ahora a 70 años, algo que desató una gran polémica en las redes ante lo que algunos entienden como una concesión excesiva y no discutida.
Según dijo a la diaria Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional, la iniciativa fue del ministro Ricardo Ehrlich, quien lo invitó a “redactar un proyecto de artículo para ser incluido en la Rendición de Cuentas”, extendiendo el dominio privado de 50 a 70 años. “Uno de los asesores del Consejo de Derechos de Autor lo redactó -dijo- y está firmado ante el ministro”. Asumiendo la redacción del artículo, aclaró que lo redactó como colaborador del ministro y no como parte del Consejo que preside, aunque “todos los del Consejo están enterados y ya lo leyeron”, agregó. Dijo que se encontraba fuera del país y que “algo que me parece más importante que esto”, es que Uruguay acaba de firmar el tratado de Marrakech, por el cual en la práctica desaparecen los derechos de autor de las ediciones para ciegos y personas de baja visión, por lo que se pueden copiar y reproducir ilimitadamente, y aseguró que los demás -aquellos que están a favor o en contra del artículo- se pueden defender solos. Concluyó diciendo que Uruguay es un exportador neto de derechos de autor, que importa, más que nada, música extranjera y paga los derechos por eso, y su exportación de música no equilibra la balanza.
Al ser consultado, el doctor José Antonio Villamil -también integrante del Consejo de Derechos de Autor- declaró que los hechos hablan por sí solos, y que el Consejo nunca se enteró de la inclusión del artículo. Dijo que el mundo digital avanza y las obras se producen con una alta velocidad, lo que genera también su envejecimiento rápido, además de que la circulación de hoy en día es inmediata, lo que genera que las posibilidades de creación, difusión y acceso sean mayores. Por lo que, según Villamil, la realidad estaría evidenciando que esos plazos tan extensos ya no tienen justificativo. Los plazos de protección tienen que ver con el autor y sus editores -a quienes, muchas veces, el autor cede sus derechos-, para que los últimos recuperen su inversión y los autores reciban una justa remuneración por su obra. Si éste es el justificativo de que existan derechos de autor exclusivos -se plantea Villamil-, debe existir un balance, y cree que al extender el plazo no se logra sino que, por el contrario, se va en su contra. Reconoce que efectivamente los países del Mercosur, y la mayoría en general, están en los 70 años, pero el hecho es que cuando esos plazos tan largos se están cuestionando, Uruguay, en vez de realizar una reflexión profunda sobre el tema, opta por una norma impuesta de forma unilateral.
Villamil confirmó que la primera en solicitar la extensión del plazo fue la Cámara Uruguaya del Disco (CUD), precisando que los fonogramas que se habían editado de músicos uruguayos importantes -como Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y Los Olimareños- estarían entrando en el dominio público. Él considera que la ampliación del plazo tiene consecuencias mucho más importantes en el ámbito social, porque la mayoría de la música que escuchamos es extranjera, y el balance comercial de derechos de autor está desequilibrado. Plantea que si se aumenta 40% -los 20 años en cuestión- lo único que se hace es empeorar ese desbalance, con sus consecuencias difusivas, y no se contribuirá efectivamente a ayudar que la producción nacional o la conservación de ese patrimonio histórico se produzca; son necesarias medidas que deben ser más focalizadas, y que no generen efectos colaterales que por su propia negatividad descompensen el sistema, o lo vuelvan todavía más desequilibrado de lo que ya está.
Los derechos torcidos
El presidente de la CUD y coordinador general de Ayuí-Tacuabé, Mauricio Ubal, hace la salvedad de que la iniciativa que presentaron en su momento, tendiente a elevar el plazo de protección de fonogramas (grabaciones), que como artista y productor vive en carne propia, “ha sido desplazada del texto a consideración, y lo que ha quedado refiere exclusivamente al derecho de autor”.
En un comunicado firmado por Mauricio Ubal y Mario Carrero, se apela a que el trabajo creativo de productores, intérpretes y autores uruguayos “no vale menos que el de nuestros colegas de otros países latinoamericanos o de otras partes del mundo”. Por lo que 50 años “hoy, es poco” para proteger la cultura y la identidad. “Los uruguayos tal vez no seamos más” -dicen-, “pero nunca debemos ser menos que otros países a la hora de proteger lo nuestro”, y se pide la extensión a 70 años del plazo de protección para obras, interpretaciones y producciones fonográficas.
Por su parte, el musicólogo y director honorario del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, Coriún Aharonián, sostiene que es una pena que el artículo haya sido incluido en la Rendición de Cuentas “en forma tan disimulada y sin la discusión previa.” Dice que le duele mucho discrepar con amigos, pero no cree que una extensión a 70 años sea positiva para el país, tema sobre el que ha escrito -de manera extendida- hace una década. Plantea que si el problema consiste en acompasar nuestra legislación con la de los países vecinos para “evitar que se nos lleven gratis la producción de más de 50 años”, alcanzaría con extender la protección a 70 años para lo producido dentro del país, y mantenerla en 50 años para lo producido afuera. “La balanza de pagos de Agadu [Asociación General de Autores del Uruguay] es clara muestra del drenaje de dividas que la ‘protección’ a la yanqui le significa al Uruguay en beneficio de las grandes transnacionales.” Aclara que tampoco es solución internet, ya que no democratiza la cultura, sino que genera nuevos grupos de poder, “con sede siempre en el norte”.
Por otra parte, una de las movidas que se visualizan en la web es la que difunde noal218.org, una campaña que reúne firmas “contra la privatización de la cultura en Uruguay”. A esta iniciativa se han adherido varias organizaciones, como Wikimedia Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Cotidiano Mujer, Esquizodelia Records, Radio Mandinga, Ediciones Trilce y Creative Commons Uruguay. A la doctora Patricia Díaz -integrante de Creative Commons Uruguay también le llama la atención el modo en que se incluye esto en una ley que en un principio no tiene nada que ver con derechos de autor, pero considera que es algo que suele suceder, ya que estas leyes tienen plazos determinados para expedirse (45 días en este caso); de lo contrario, quedan sin la posibilidad de modificar todo lo que tiene que ver con ajustes presupuestales. En plazos tan acotados no hay posibilidad de realizar una discusión mayor sobre el articulado, lo que tampoco justifica la forma en cómo se enteró la sociedad -de casualidad, según la abogada-. “El tema del debate es lo primero que realmente indigna”, dice.
Otro de los temas que le resultan preocupantes a Díaz es el trabajo que están realizando para generar una nueva visión de lo que son los derechos de autor, más que nada desde el punto de vista de la publicación y la circulación de cultura en la web. Dice que están tratando de desanquilosar esa estructura, y de un momento a otro se “incluyen estas cosas así”. Con respecto al contenido de este artículo y quiénes son los que estarían interesados en su inclusión, es algo que se están enterando por la interna política. “Fuimos asesorándonos en los lugares donde se había discutido -dice- y nos enteramos de que, más que nada, se dio en la interna del Frente Amplio, sin mayores discusiones. Fue un aviso creo que de Ehrlich, en algún plenario, a solicitud de Agadu y la CUD”. Díaz dice que llegaron a los argumentos por medio de algunos documentos que se filtraron al llegar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), referidos al vencimiento de determinados fonogramas. El otro argumento que se manejó, agrega, es que era necesario ponerse a la altura de las legislaciones latinoamericanas, aunque en esos países se esté intentando bajar los años de protección. Para la abogada, en la actualidad está demostrado que esos plazos prolongados perdieron razón de ser e, inlcuso, son perjudiciales para la efectiva promoción de actividades culturales porque dificultan su efectiva circulación, precisando que las normativas con plazos más amplios han legislado a favor de aumentar las excepciones y limitaciones en la aplicación de ese plazo, incluyendo mecanismos que facilitan el acceso (en Uruguay el artículo que contiene las limitaciones y excepciones al régimen no es modificado desde 1937), como pueden ser la libertad de panorama, los derechos de copia de privada, el uso para fines educativos, entre otros.
Según Díaz una cosa es el derecho del autor sobre su composición y su obra, y otro es el llamado derecho conexo: derecho sobre un fonograma. En este derecho, el plazo corre diferente. En el caso de Los Olimareños y de Viglietti, no significa que sus obras pasen al dominio público, sino que sólo lo hace el fonograma grabado por determinada discográfica (que previamente se firmó en acuerdo con las determinadas productoras, que podrían incluir cláusulas de exclusividad, por ejemplo); por lo tanto, el que sale beneficiado en la ampliación del plazo es el que detenta los derechos patrimoniales de los fonogramas, y no el autor. Díaz cree que en vez de seguir insistiendo en el mismo modelo, se debería actualizar a uno de acuerdo a las necesidades del siglo XXI, y se pregunta si toda la producción del Uruguay va a quedar estancada 20 años sólo porque algunas personas que firmaron contratos en el siglo pasado van a dejar de cobrar su regalías.
En contrapunto
la diaria se comunicó con el presidente de Agadu, Alexis Buenseñor, quien se limitó a remitirse al comunicado redactado por el comité directivo, enviado luego de la conversación. En éste se deja en claro que Agadu apoya la extensión del plazo, argumentando que “el Proyecto no hace sino armonizar la realidad de América Latina y del propio contexto internacional”, además de proteger, de ese modo, a los autores que se encuentran en inferioridad de condiciones respecto de los estándares internacionales.
Alicia Guglielmo, presidenta de la Cámara del Libro, expresa que como cámara les preocupa el derecho de los vivos, ya que los textos de estudio están siendo fotocopiados de una manera absolutamente impune por privados y públicos en las mismas instituciones educativas. Además, se lamenta de que el Estado no esté llamando a licitación de publicaciones, ya que el propio sector se está debilitando. Aclara que el Plan Ceibal es el único organismo del Estado que ha aportado recursos importantes para la compra de libros. En cuanto al artículo 218, dice que la Cámara no lo pidió ni fue consultada, y que se enteraron por la prensa cuando el tema se hizo público. Más que nada, le preocupa qué se va a hacer con los libros digitales, un tema que se ha discutido mucho en la mesa, precisamente porque se vincula al futuro. Le llamó la atención el comentario de algunos colegas, como los de Banda Oriental, quienes le comentaron que hace aproximadamente 20 años pasó algo muy parecido a esto: apareció en una Rendición de Cuentas y luego desapareció.
El doctor Edison Lanza -periodista que además se desempeñó durante muchos años como asesor legal de la Asociación de la Prensa Uruguaya- señala tres puntos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, considera que no siempre es un mal procedimiento introducir modificaciones a normas sustantivas que regulan derechos en una Rendición de Cuentas, que se aprueba rápidamente, pero esto no permite su discusión. Incluso, cree que muchos parlamentarios pueden no llegar a apreciar lo que están votando, y en ese sentido está pasando lo mismo con la Ley de Acceso a la Información Pública. Con el tema de los derechos de autor se introdujo un cambio sustantivo mediante este procedimiento, sobre algo que considera complicado y en lo que no existe ninguna participación de la sociedad civil ni discusiones previas. Como segundo aspecto, señala que cualquier modificación obvia del derecho de autor de propiedad intelectual merecería una discusión porque, precisamente, la sociedad se encuentra en un momento en que el concepto de derecho de autor tradicional está en crisis. Con internet están surgiendo nuevas formas autorales, como las creaciones abiertas creativas que cualquiera puede tomar y modificar, como el caso del sistema de Creative Commons, una suerte de trabajo en colectivo que se emplea para determinados fines creativos. “En medio de un mundo donde la idea de la cultura es que sea más abierta, o por lo menos se promueven esos valores, se está generando una restricción adicional al uso de los derechos de autor que me parece complicado”. Como tercer punto se refirió a los muchos beneficios para algunas discográficas y ciertas corporaciones que tienen los derechos de autor de aquellos artistas uruguayos que se los cedieron, y no tanto para los autores que, en definitiva, ya están muertos. En el caso de Zitarrosa y Viglietti, entre otros, cree que con 50 años está más que sobrado el usufructo que puedan hacer de esos derechos las discográficas y los familiares, “y la sociedad en su conjunto tiene derecho, en algún momento, de usar libremente las creaciones populares. No veo la necesidad de esta modificación a 70 años después de muertos los autores”, confiesa. Concluye que con las nuevas tecnologías se pueden generar productos sociales y conocimientos, e incorporar esas creaciones a otras obras. Extender estos 50 años para las futuras generaciones, en un momento en el que se está rediscutiendo todo ese tema, le parece un error y una legislación para un grupo de corporaciones.
En relación a esto Alcides Abella, director de Banda Oriental, se refirió a que si esta ley hubiera estado vigente, ni las excepcionales colecciones ni las emblemáticas enciclopedias de Arca en los 70 hubieran sido posibles, como tampoco las ediciones de Lectores de Banda Oriental o su colección para Socio Espectacular. Sólo se podrían editar libremente autores fallecidos antes de 1940.
Los reclamos sociales han tenido su eco, especialmente en la figura del director general de secretaría del MEC, Pablo Álvarez, quien aseguró que llevará la discusión al Parlamento antes de que se apruebe la Rendición de Cuentas y su polémico artículo.