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Bajo sospecha

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Las denuncias de presuntas operaciones de lavado de dinero en Uruguay aumentaron 18% en 2012.

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Según informó el Banco Central del Uruguay (BCU), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 237 denuncias de operaciones “sospechosas o 
inusuales” el año pasado, 17,9% más que en 2011.

El informe del BCU, que tiene como finalidad prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, indica que si bien el número de casos reportados a la UIAF no es “estadísticamente significativo” y que el número de actividades de este tipo continúa la tendencia creciente que se registra desde 2004. El 61% de las denuncias fueron presentadas por bancos, 17,8% por casas de cambio y empresas de servicios financieros, 4,2% por empresas de transferencia de fondos y 4,7% por empresas integrantes del mercado de valores. La obligatoriedad que tienen bancos, casas de cambio y empresas de servicios financieros de reportar estos casos surge de la ley 17.835, denominada “Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo”.

Avisale al gordo

La obligación de reportar las operaciones sospechosas alcanza a las realizadas pero también a las “tentadas”, aquellas transacciones que se “intentó realizar pero no fueron efectivizadas por algún motivo”. Según el informe, 67% de las operaciones reportadas como sospechosas o inusuales el año pasado fueron efectivamente realizadas.

El 55,6% de los reportes recibidos por el BCU fueron por transacciones realizadas en Uruguay exclusivamente, mientras que el 44,4% restante involucra también a otros países. En este sentido, Argentina, con 19,2%, es el país de origen con la mayor cantidad de casos sospechosos de lavado, seguido de Estados Unidos (17,5%), Brasil (7,9%), Venezuela (6,2%), España (5,1%), Panamá (4,5%), Hong Kong (4,5%), Suiza (4,5%), México (4%), Inglaterra (2,3%) y otros países (24,3%).

Entre las personas físicas reportadas, los uruguayos con 43,3% y los argentinos con 23,2% registran la mayor presencia en las operaciones, seguidos por brasileños (7,6%), chinos (5%) y venezolanos (4,2%). En el caso de las personas jurídicas vinculadas a los reportes, la mayoría proviene de Uruguay (60,2%), las Islas Vírgenes Británicas (7,4%) y Panamá (5,6%).

De los perfiles

La mayor cantidad de actitudes sospechosas (17%) se detectó en la “solicitud de apertura de cuentas o realización de transacciones que fueron rechazadas por falta o inconsistencia de información”. Le siguió la realización de movimientos de fondos incompatibles con el perfil del cliente (16%) y la coincidencia de las personas reportadas con listas internacionales o información de prensa que los vincula con actividades ilícitas (15%). En cuanto al tipo de producto o transacción financiera sospechosa o inusual, las estadísticas indican que el mayor porcentaje se presenta en transferencias o giros (37% y 5%, respectivamente), utilización de cajas de ahorro (15,1%) y uso de efectivo, tanto en materia de depósitos como de retiros (12,1%). En cuanto a la actividad no financiera informada, el comercio exterior es la actividad mayormente reportada (17,7%), seguida por los servicios (15,6%), actividades relacionadas con inmuebles urbanos (14,6%) y producción agropecuaria (9,4%).

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