Uno de los problemas estructurales que caracterizaban a Uruguay en la década del 90 era la reducida inversión, lo que el director de la OPYPA, Mario Mondelli, estima que “explicaba en parte el escaso dinamismo de largo plazo [del país] a nivel macroeconómico”. Esta tendencia no sólo se revirtió en 2003, sino que se profundizó positivamente en los años posteriores, con una inversión que de representar 12% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2003, pasó a 22% en 2012. La Ley de Inversiones fue una de las que fomentaron este cambio de paradigma.
El 32% de los proyectos promovidos bajo este régimen en los últimos seis años se concentran en empresas agropecuarias, agroindustriales y servicios directos a la producción agropecuaria, lo que equivale a unos 3.219 millones de dólares. Mondelli considera que significaron un “componente relevante” para la contrucción de la competitividad y el dinamismo del sector, pero además, de la economía, por los “elevados encadenamientos” que tiene el sector agropecuario con el resto de los sectores productivos.
“Trabajamos para el desarrollo, para que la gente viva mejor, pero para lograrlo necesitamos que haya crecimiento y distribución, y para esto, justamente, promovemos la inversión”, explicó, por su parte, el titular interino del MGAP, Enzo Benech. “Si no hay inversión, difícilmente podamos tener nuevas tecnologías y atender nuevos mercados con calidad”, sostuvo en referencia a uno de los pilares estratégicos que se planteó el MGAP al reformular sus objetivos en 2005, el de “potenciar la competitividad y la inserción internacional” mediante la promoción de inversiones, de cambio técnico e innovación. En este sentido, 37% de la inversión agropecuaria promovida desde la aprobación de la ley fue para silos, 22% para maquinaria, 14% para instrumentos de riego, y 13% para tambos. En menor medida, se invirtió en plantines y semillas.
Histórico, limpio y descentralizado
En 2013, la Comap recomendó 622 proyectos al Ejecutivo, con una inversión asociada de 2.931 millones de dólares, un monto 24% superior al de la del año anterior, que se constituyó como récord desde que rige la ley. Según un informe elaborado por la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía y Finanzas, las empresas recomendadas ese año se comprometieron a incrementar su plantilla en 3.953 nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, las empresas que negocian con el exterior prometieron aumentar sus exportaciones en 273 millones de dólares, ambos indicadores,como promedio anual para los próximos cinco años. Otros indicadores que ayudaron a clasificar los proyectos para su posterior calificación fueron los compromisos por parte de las empresas a llevar a cabo procesos de Producción Más Limpia (P+L) y las promesas de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). De los casi 3.000 millones de dólares recomendados en 2013, 52,7 millones se destinaron a I+D+i y 1.591,8 fueron prometidos para emprender procesos P+L, un monto histórico, que supera ampliamente a los casi 215.000 prometidos en 2012.
El año pasado, además, se utilizaron otros indicadores previstos en la nueva reglamentación, decretada en 2012: la “contratación de colectivos vulnerables” fue prometida por dos proyectos; la concreción de determinado “nivel tecnológico del producto”, por 35; y tan sólo un proyecto aseguró la “estabilidad de relaciones laborales”. Por otro lado, fueron aseguradas la formación continua y capacitación en 56.
Entre las empresas postulantes, además, sostienen que aumentarán en casi 4,8 millones de dólares las exportaciones indirectas -computadas por emprendimientos cuyo giro sea la producción agropecuaria y/o la forestación-; en 1,2 millones las exportaciones de actividades turísticas, que invertirán casi 1,6 millones en servicios e infraestructura; y 3,5 en adaptación y/o mitigación del cambio climático.
Al analizar cada uno de los 622 proyectos recomendados en 2013, 128 de los emprendimientos presentados, por un monto de 1.896 millones de dólares, correspondieron a firmas “nuevas” entendidas, a los efectos de la inversión promovida, como aquellas que en el ejercicio anterior a la presentación no tuvieron ingresos gravados. Si bien la cantidad de proyectos de empresas nuevas se mantuvo constante en términos relativos desde 2010 -representando, en promedio, casi 20%-, el informe de la Unasep destaca el crecimiento de los montos de inversión asociados, que fueron el año pasado 80% mayores a 2012, superando el monto invertido por las empresas “en marcha”: 1.035 millones por 484 firmas.
De los proyectos recomendados, casi 70% (401) corresponden a pequeñas y medianas empresas (pymes) y los montos de inversión asociados a éstos representaron, en promedio, 40% del total. A nivel sectorial, el mayor monto de inversión fue ampliamente plasmado por las empresas industriales (72%), seguido por comerciales (12%), de servicios (7%), de turismo (5%) y agropecuarias (4%). Respecto de la localización, destacó la elevada participación de los emprendimientos que propusieron instalarse en el interior del país (81%), sobre todo porque el crecimiento de éstos respecto del año anterior fue de 90%.
Simbiosis múltiple
Para acceder a los beneficios de esta ley, la empresa debe ser contribuyente del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, ya que las beneficiadas por el régimen podrán ampararse en ciertos alivios fiscales, como la exoneración de este impuesto por un monto y plazo máximo que resulta de aplicar una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tamaño de inversión.
En este sentido, la técnica de OPYPA, Verónica Durán, consideró que esta ley es una “reglamentación viva” por su “permanente ajuste a los cambios de los sectores productivos, pero también de la realidad económica”. Según explicó ayer en conferencia de prensa, de los cinco objetivos que contiene la matriz de indicadores, el empleo de calidad pondera 30%;0e la descentralización en la ubicación del emprendimiento y el aumento de las ventas externas, 15% cada uno; la I+D+i o producción más limpia y los indicadores sectoriales específicos que refieren al cambio climático, certificaciones y capacitación, 20% cada uno. Además, contó que la grilla o matriz se ha adaptado para promover (exclusivamente en los proyectos agropecuarios) mayor valoración de empleo calificado y de mujeres en zonas rurales, mayores incentivos a la promoción de instrumentos de riego y, particularmente, a la diferenciación de productos y procesos.
“[Con esta ley] estamos renunciando a cobrar impuestos frente a determinadas inversiones [...], lo que nos genera un compromiso con la sociedad”, sostuvo Benech. “Estas definiciones son políticas y son las que nos ayudan a capitalizar los buenos momentos de los precios internacionales”, concluyó.