El 31 de octubre, en el décimo aniversario de aprobación de la reforma, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) invitó a festejar, sí, pero también a reimpulsar políticas que llenen de contenido lo que definen como el verdadero espíritu de aquel movimiento social que se tradujo en 64,7% del padrón electoral: la participación en la gestión colectiva del agua. Tal como lo expresaron a la diaria varios integrantes de ese grupo días antes de la celebración, no perciben un estímulo suficiente por parte del Poder Ejecutivo en su rol de conductor de los consejos regionales y las comisiones de cuenca.
Por ejemplo, consideran escaso el esfuerzo que se hace desde la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) para difundir la existencia de cada uno de estos organismos en los momentos previos a su conformación inicial, y cuando se llevan a cabo las respectivas sesiones. Alertan que no hay apoyo económico para facilitar el empoderamiento ciudadano, ya que los representantes de la sociedad civil corren con desventaja frente a los de los demás sectores -usuarios y Poder Ejecutivo-, ya que las sesiones se realizan en días y horarios laborables.
En estos primeros años, el mecanismo elegido por la Dinagua ha sido la comunicación institucional a través de su sitio web o comunicados de prensa, para dar a conocer la vigencia del plazo para inscribirse en nombre de la sociedad civil en los consejos o comisiones y la realización de las sesiones. Señalan que tampoco tiene mucha difusión lo que se está convirtiendo en una biblioteca de la gestión del agua. La Dinagua está subiendo a su página oficial todas las actas de las sesiones con transcripción de las distintas intervenciones, así como documentos e informes anexos que se presentan como insumos y aportes a la gestión.
“La participación se limita muchas veces a que los movimientos sociales reciban información sobre lo que se realiza, pero eso no es lo que plantea la Constitución”, sintetiza la CNDAV, citando las palabras de uno de sus miembros, Marcel Achkar, durante las celebraciones del 31 de octubre en el PIT-CNT.
Ciclo continuado
En líneas generales consignó que el escenario al que se llegaba en 2004 con la propuesta de reforma no es el mismo que diez años después. “En aquel momento, si frenábamos la privatización y establecíamos que los recursos hídricos son de propiedad pública estatal, nos iba a permitir controlar los procesos de privatización del resto de los recursos naturales”, resumió Achkar.
“Pero el capital avanzó en el territorio y existe una tensión entre los intereses del sistema y de las empresas transnacionales y las necesidades de la sociedad. Avanzó la concentración de la tierra y la extranjerización por medio de la intensificación agraria. Y esa privatización y extranjerización del territorio a través de la intensificación agraria o potencialmente de la extracción minera afectan y afectarán el funcionamiento del ciclo hidrológico. Ahí nos encontramos con la limitación de que el texto tendría que haber sido más claro para impedir la privatización del resto de los bienes de la naturaleza que afectan el funcionamiento del ciclo hidrológico”, agregó.
Achkar señaló que “durante estos largos diez años hemos discutido mucho en las organizaciones y en la CNDAV sobre agua y territorio, partiendo de un principio básico: un territorio degradado produce agua en mal estado. El proceso de separar la tierra del agua nos genera esta situación. Por un lado avanza la degradación de los territorios, y por el otro intentamos elaborar planes para una gestión sustentable del agua. Hay allí una tensión y contradicciones” que se definirán “en la práctica según la presión que pueda ejercer el movimiento social en el sentido de seguir transitando hacia la concreción de lo postulado en la Constitución”.