Tabaré Aguerre. Foto: Pablo Vignali (archivo, enero de 2014)

No hay apuro

La ARU teme que Aratirí dañe estatus natural del país y reclama postergar explotación del hierro.

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Seis gremiales vinculadas al agro se reunieron el lunes con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Los encuentros entre las partes son “normales a esta altura del año”, contó a la diaria el secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Fernando López, quien recordó que desde su asunción, al inicio de este período de gobierno, el ministro acostumbra ...
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Seis gremiales vinculadas al agro se reunieron el lunes con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Los encuentros entre las partes son “normales a esta altura del año”, contó a la diaria el secretario general de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Fernando López, quien recordó que desde su asunción, al inicio de este período de gobierno, el ministro acostumbra a reunirse con las gremiales una vez por año. Se discutieron varios temas -un proyecto de ley para modificar el fondo sanitario, la posibilidad de agilizar la exportación de ganado en pie, la importancia de vincular esfuerzos entre productores e instituciones para una mejor y más eficiente capacitación-, pero el que ocupó más espacio fue el de la explotación minera de gran porte.

Según contó el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Ruben Echeverría, en una entrevista en Radio Uruguay, el ministro “resaltó las bondades” del actual emprendimiento de la empresa Aratirí, y si bien “comprendía que no estén a favor”, intentó “sacarles un poco de dramatismo” a los reclamos que tenían las gremiales para con el proyecto.

Discutir y aprender

Los reclamos de las gremiales transitan dos caminos. Por un lado, acceder a más información, y por otro, obtener garantías en caso de que sea aprobado el proyecto. “Los productores agropecuarios que estamos en el campo lo vemos con recelo”, dijo Echeverría. En el mismo sentido, López aseguró que “hay más interrogantes que respuestas”. Sin embargo, la CNFR no tomó posición. “No se trata de decir sí o no”, señaló López, quien destacó que se trata de un “tema complejo” y enfatizó la necesidad de “mayor discusión, conocimiento y asesoramiento”. Mientras tanto, la gremial que representa optó por colaborar con la discusión pública. Según López, en las próximas semanas se organizarán talleres que cuenten con aportes de la academia, “tanto en contra como a favor del emprendimiento”, dijo López. Según él, lo principal es discutir la “capacidad del Estado de cumplir [con las condiciones]”, tratar de “ir más allá de Aratirí” y abordar “qué modelo de desarrollo agropecuario queremos”.

Por otro lado, a los dirigentes de la ARU les preocupan el impacto -sobre todo ambiental- de la explotación minera y la posibilidad de que “se dañe el estatus” como país natural. “El mundo de hoy es globalizado, y sabemos que hay mucha competencia a nivel mundial. En Uruguay somos tomadores de precios, y en muchas ocasiones nos ha costado años -o décadas- entrar a algún mercado”, sostuvo Echeverría . “El ministro dice que hay otros proyectos nuevos -como las papeleras o los tendidos eléctricos- de impacto similar, pero si llega a pasar algo [a nivel] ambiental, si llegáramos a perder algún mercado, ¿cómo y a costa de qué lo recuperaremos?”, cuestionó. Más allá de las diferencias en los planteos, las gremiales coinciden en que no están garantizados “los controles necesarios” para que el gobierno dé el permiso.

El dilema de la ley o el proyecto

Fernando López considera que hay que basarse en la realidad: “Apareció antes la iniciativa que el marco regulatorio”, señaló. No obstante, dijo que “el tiempo de procesamiento lo definen los acontecimientos”, por lo que “profundizando la discusión y el debate, no se podría perder mucho”.

“Son cosas muy nuevas en Uruguay para apoyar este proyecto”, sostuvo el presidente de la ARU, cuestionando la urgencia por la aprobación del emprendimiento. “La ARU no está en contra de este proyecto, pero vemos que no es el momento adecuado para que se apruebe. Los yacimientos no se van a ir a ningún lado si no los explotamos ahora, podemos explotarlos dentro de algunos años. Por eso no entendemos por qué hay que sacarlo ya”, apuntó. En esta línea, propuso la posibilidad de “postergar para cinco, diez o 15 años [la aprobación], cuando quizá haya más información y estén disponibles técnicas más amigables con el medio ambiente”. A pesar de los cuestionamientos, Echeverría confirmó que la ARU no se sumará a la recolección de firmas, sino que va a “dejar a cada socio en libertad de posición para que decida lo que crea más conveniente a su saber y entender”.

Datos para todos

La impresión de los productores rurales es que Aguerre se ha asesorado convenientemente, por lo que descartan que el gobierno no tenga información suficiente para procesar una decisión. El problema que encuentran, en definitiva, es que la información “ha sido poca y de difícil acceso y disponibilidad para la sociedad”, ya que a veces está, pero “si es muy técnica, resulta de muy difícil comprensión para aquel que no es experto”, en palabras de López.

El presidente de la ARU sostuvo que Aguerre “es muy expeditivo e inteligente, sabe llevar las cosas para el lado de lo que está convencido, pero también está abierto a debatir”, y recalcó que “es proclive a tener otras reuniones para asesorarnos más”.

En el encuentro del lunes, Aguerre afirmó que 30% de los recursos que deje al Estado la minera Aratirí serán destinados a caminería y a impulsar el riego. Se había anunciado que el 70% restante se mantendría como reserva para un fondo 
intergeneracional.

“Nos falta discutir con más información”, coincidió Aguerre con los productores. “No se puede decir que son 1.700 toneladas de un producto que se utiliza como fluctuante, cuando son 1.700 kilos. No se puede decir que el proyecto emite 30 toneladas de gases de efecto invernadero por hora y desconocer que ese volumen es lo que emiten 100.000 vacas, lo que significaría que la ganadería que tenemos equivale a 120 Aratirí”, dijo el ministro al diario El País.

“Coincidimos con Aguerre en que es un tema complejo, de gran impacto, y en que tenemos que estar seguros de los aspectos sociales y ambientales y, en todo caso, contar con instrumentos de mitigación”, culminó López.

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