Contrariando la usual impuntualidad de los uruguayos, el lunes antes de las 18.30 -la hora a la que estaba convocada la actividad- muchos realizadores, actores y estudiantes ya se habían acercado a la plaza Independencia. La movilización fue convocada por la Asociación de Productores y Realizadores de Cine (Asoprod) y GremioCine, entre otras agrupaciones, para “apagar juntos las últimas luces del cine nacional”. Reclamaron la actualización retroactiva por el Índice de Precios del Consumo (IPC) del Fondo de Fomento Audiovisual (ver www.ladiaria.com.uy/AEc1) y denunciaron la reducción real del fondo desde 2008.
En la multitud se podía identificar a muchos directores, como Álvaro Brechner, Pablo Stoll, Walter Tournier, Manolo Nieto, Juan Carlos Rodríguez Castro y Mario Handler -que se paseaba con palos para selfies, registrando lo que sucedía-, además de numerosos actores -Horacio Camandulle, Roxana Blanco, César Troncoso, entre otros- y una amplia participación de extras, distinguidos por una pancarta que rezaba: “Extras presentes”.
Christian Font habló en nombre de la Asociación de Críticos de Cine. “El Poder Ejecutivo no parece tener un plan de rodaje. No parece tener clara una política orientada al sector, y no me refiero sólo a los Fondos de Fomento, sino también a que se haya dejado en pausa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual [LSCA], algo que prometió el propio presidente de la República en noviembre de 2014”. Lo mismo ocurre con la representación que deberían ejercer el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] y el ICAU [Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay] al tratar de velar por los intereses del sector, abogó el periodista. Recordó que en 2014 el cine uruguayo vendió 70.000 entradas, incluso en “desigualdad de condiciones y en tiempos de múltiples plataformas, de descargas por internet y de tener que pelear por una sala y un horario, además de casi tener que pagar para exhibir. Frente a esto, el MEC estuvo casi omiso”.
Al ser consultado por la diaria sobre esta situación, el cineasta Manolo Nieto (La Perrera, El lugar del hijo) cuestionó a la directora del ICAU, Adriana González, quien, según su entender, “tiró la toalla hace rato”. “Creo que no está representando al sector porque no lo apoya ni lo defiende; sólo está a favor de un statu quo. Además, no está articulando ninguna solución y no está gestionando ninguna política. Ya es hora de que renuncie: tiene que venir otra persona con más capacidad para dialogar y encontrar soluciones, con más peso político y con más llegada. Pero, sobre todo, que tenga una actitud más proactiva y que esté del lado de los productores y los realizadores, no sólo del lado del Ministerio de Economía. A esto se suma la caída del programa Compromiso Audiovisual y de los convenios; incluso en todos estos años nunca hubo una comisión de trabajo para pensar y ajustar la ley [de cine] frente a los cambios que se vivieron”.
Álvaro Brechner, director de Mal día para pescar y Mr Kaplan, considera que esta situación incide con que se detengan muchas iniciativas desarrolladas durante los últimos diez años y que, de cierto modo, fomentaron la existencia del cine en el país. “Esto no sólo no posibilita un futuro, sino que destruye todo lo que se había logrado. Ahora se vuelve inviable pensar en hacer cine. La realidad es ésa”, afirmó. Los datos lo respaldan: a comienzos del 2000 se producían una o dos películas por año; en 2012 el promedio subió a 14 estrenos y para este año está previsto apenas el estreno de dos películas de ficción. “No sólo se anula todo lo que significa esta expresión artística para el país, sino que además se cierra la posibilidad industrial: si antes era difícil hacer películas en Uruguay -una plaza cara y con pocos recursos- y aun así se había logrado crear películas y tener una fuerte presencia internacional (para los recursos que tenía, comparado con otros países de la región, era bastante milagroso), hoy ya es impensable. Espero que se encuentre una salida; mientras tanto, es necesario alertar sobre esta situación real de catástrofe. Lo que se interrumpe es la posibilidad de inversión internacional y el desarrollo de una industria”, expresó.
Brechner opinó que el ajuste por IPC del Fondo de Fomento Audiovisual es “elemental”. Propuso acompañarlo con otras políticas, como la aplicación de pequeños impuestos a las entradas de cine para apoyar a la producción local, como se hace en otros países de la región. “Hoy no somos conscientes, porque el año pasado tuvimos algunos estrenos y este año quedan coletazos. Pero ahora se están rodando una o dos películas de ficción por año, y con producciones mínimas”, alertó.
El realizador Pablo Stoll (25 watts, Whisky, Hiroshima) considera que este momento crítico responde más a una cuestión política que económica, sobre todo teniendo en cuenta el monto económico que está en juego. Coincidió con Font en que es necesario que se concrete la LSCA, que “implica un desarrollo importante para la producción audiovisual independiente”.
A Stoll lo apena la respuesta que ha dado el ICAU -“readecuarse a los fondos disponibles”-: “Me parece una lástima que desde un lugar institucional piensen achicarse y acotarse, en lugar de fortalecerse. Me causa gracia que se piense que fortalecer el ICAU significa hacer una reestructura interna -que es positiva-, cuando el fortalecimiento del instituto implica abrirse al exterior, obtener financiamientos y concretar coproducciones con Colombia, Chile y Brasil. El fortalecimiento es exigir a las salas que mantengan determinado tiempo en cartel a las películas nacionales, y es generar políticas que todavía siguen siendo su gran debe. Cuando hablamos de falta de liderazgo nos referimos a esto”.
Al igual que Brechner, recordó que en la región se aplica una tasa mínima a la venta de entradas de películas extranjeras. Explicó que en 2014 los cines recaudaron 17 millones de dólares, de manera que podría “haber existido un millón de dólares para la industria, y seguramente no hubiera sido tan tremendo: de esta manera se estaría atacando a los fondos genuinos del sector, porque provienen de gente que paga para ver cine, además de que así es como se financia el cine en todo el mundo”. “Es necesario evitar esa idea de que el cine uruguayo está subsidiado y los demás no, porque todos lo están, incluso el estadounidense, que si no se subsidia por fondos directos sí está regido por un sistema absolutamente proteccionista”, sostuvo.
Propuestas nacionales
En una proclama, la asociación recordó que los 100 pesos que se aportaban a partir de la ley aprobada en 2008 en 2015 pasaron a equivaler a 60. “Hoy nuestro cine está en esa situación, y si proyectamos la curva de inflación a finales de este período, en 2020 la pérdida real del fondo será de 70%”, sostuvieron. Exigieron que se se corrijan estos errores cometidos por los legisladores en la creación de la ley de cine, y explicaron que en las actuales condiciones el cine “no podrá sobrevivir”. “No podemos hacer películas con 30% de presupuesto. Las películas se filman o dejan de existir”, aseguraron.
Pero la crisis que vive el sector es mucho más amplia, ya que en los últimos meses cayó el convenio con el Banco de la República Oriental del Uruguay, destinado al estreno de películas nacionales. Otros organismos públicos tomaron acciones en el mismo sentido; así, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) suspendió los premios que otorgaba a la producción de contenidos infantiles y televisivos, y Antel “desestimó la creación de una plataforma online de streaming de películas nacionales”, que implicaba un costo “similar al auspicio que ofreció para el recital de Elton John”. Agregan que el ente telefónico prioriza su alianza con un extranjero como Netflix, “dándoles alojamiento gratis a sus contenidos en servidores de la empresa, y promocionando la afiliación -también gratis, por seis meses- junto a la conexión Vera, cuando al día de hoy Netflix sólo aloja tres producciones nacionales en todo su catálogo”. A la vez, se preguntan por qué no se le exige a la empresa que compre ocho o diez películas nacionales al año.
En cuanto a la región, advirtieron que hace una semana Argentina incrementó 60% los fondos cinematográficos para paliar la inflación acumulada desde 2012, y Brasil invirtió “millones en la producción local, además de fomentar la coproducción con la región y, para ingresar al país, exigir a los grandes operadores de cable un porcentaje de producción nacional en sus pantallas”. Concluyeron que ante los mismos problemas coyunturales y las mismas situaciones sociales, la región decidía mantener o redoblar la inversión en el sector, mientras la defensa del valor de la producción nacional era protegida y fomentada. Esta proclama fue precedida por una ocurrente y contundente reflexión del director Juan Ignacio Fernández, que evocó la incidencia cinematográfica en distintas expresiones sociales, además de la construcción de significado sobre distintos espacios o construcciones edilicias, como es el caso del Palacio Salvo -que se debate entre Ataque de pánico y El dirigible-.
Ayer Asoprod se presentó en el Parlamento para exponer el estado crítico del sector. El presidente de la asociación, Diego Fernández Pujol (que sustituyó en el cargo a Esteban Schroeder luego de su renuncia, propiciada por la caída de Compromiso Audiovisual), evaluó como muy positivo el encuentro con varios senadores y diputados (entre los que se encontraban Pablo Mieres, Constanza Moreira, Luis Alberto Heber, Graciela Bianchi, Beatriz Argimón, Marcos Carámbula y Pablo Iturralde), y adelantó que ya pautaron reuniones con varios de ellos, además de otra con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con respecto al encuentro que mantuvieron con la ministra María Julia Muñoz unas horas más tarde, explicó que no recibieron ninguna propuesta: “Quedó claro que nuestra lucha sigue en el Parlamento y no en el MEC”.
En el documento que expusieron, aseguran que la expansión y la popularización del lenguaje audiovisual genera un cambio social a nivel mundial que puede compararse con el desarrollo de la escritura, y alertan que Uruguay está volviendo al promedio de estrenos de 2002. Aclaran que la actualización del fondo es “legítima” y de “sentido común”, ya que se aplica a todos los sectores. También explican que no reclaman más recursos, sino que los ya existentes no se reduzcan, para este “sector [que] es cultura y educación pero también es industria, economía e imagen país”.