La ley que limita las libertades anticipadas para casos de personas que cometieron delitos graves y reincidieron, que fue aprobada por la Cámara de Diputados ayer y será reglamentada en breve por el Poder Ejecutivo, recibió críticas desde varios ámbitos por considerar que agravará los problemas que genera la superpoblación carcelaria. Desde el oficialismo reconocieron que la ley forma parte de un proyecto para incluir el presupuesto carcelario en el 4,5% del Producto Interno Bruto que se destina a la educación, algo para lo que sería necesario consolidar a las cárceles como verdaderas universidades del delito. “Cuando un preso es liberado, es un fracaso de este sistema educativo. Sería el equivalente a la deserción de los liceos”, aseguró un legislador de Asamblea Uruguay.
De todas maneras, tanto desde la bancada oficialista como desde el Poder Ejecutivo aseguran que la situación de las cárceles “ha mejorado sensiblemente” desde la llegada del Frente Amplio al poder, y, de hecho, llamaron a “defender los logros” en materia carcelaria. “Es cierto que la situación no es la ideal y todavía queda mucho por hacer, pero si vuelve la derecha sería una catástrofe. Van a empezar a morir seis presos por mes en lugar de los tres de ahora. Los frenteamplistas tenemos que defender el actual modelo, en el que los suicidios y asesinatos se mantienen por debajo de la media decena cada 30 días”, aseguró un legislador del Movimiento de Participación Popular.
Un jerarca del Ministerio del Interior se mostró preocupado por la posibilidad de que desde la oposición se haga un uso “demagógico” de los problemas que podrían eventualmente generarse debido a la aprobación de la ley. “Todos somos responsables por este desastre que acabamos de votar. Sería muy desleal que cuando empiece a aumentar el número de muertos y heridos por causa de la superpoblación, desde la oposición se salga a hacer algún tipo de denuncia por violaciones a los derechos humanos”.