En el comunicado en el que se anuncia la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se señala que “en 14 años de funcionamiento, la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de 1.000 millones de dólares”. “Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio”, agrega.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, aunque la decisión nunca fue ratificada. Con la decisión adoptada por Putin, ningún ruso podrá ser juzgado en la CPI, excepto que haya una resolución expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo en el que Rusia tiene derecho a veto.