El lunes pasado, durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en la localidad de Piedras Coloradas, en el departamento de Paysandú, el presidente Tabaré Vázquez se sumó a las críticas de varios funcionarios del gobierno a Uber. El mandatario adelantó que el Poder Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para que se le aplique a Uber los mismos controles que se le aplican al resto de los taxis. “Los choferes de Uber deberán realizar aportes patronales y los autos deberán tener una mampara que permitirá que la gente se rompa la nariz. Por ahora éstas son las únicas regulaciones que les aplica el gobierno a los taxistas. Pero si se nos ocurre alguna otra, Uber también la va a tener que respetar”.
El presidente también se sumó al reclamo del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, de que la empresa suspenda temporalmente sus actividades para abrir una instancia de negociaciones. Una fuente del Poder Ejecutivo aseguró que esto fue un “pedido especial” del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT). “Cuando apareció Uber, los taxistas dejaron de ser unos soretes, o por lo menos lo intentaron, para que la gente no se volcara en masa al uso de la aplicación. El problema es que fue un cambio muy brusco. Estamos hablando de décadas y décadas de hacer sufrir a pasajeros, peatones y otros conductores. Si Uber suspende sus actividades para que los taxistas puedan volver a ser unos soretes por unos días, el clima de las negociaciones se distendería bastante”.
Los trabajadores del taxi coincidieron en que el cambio de actitud que tuvieron que adoptar fue “muy radical”. De hecho, hicieron un planteo que podría ser la “solución definitiva” al problema. “Si las autoridades obligan a los choferes de Uber a comportarse como unas lacras humanas, nosotros no nos opondríamos a que siga operando. Lo que no queremos es que se nos fuerce a ser mejores personas”, aseguró un dirigente del SUATT.