Alfombra roja, estrellas y superproducción es una tríada que se ha vuelto familiar en las pantallas, pero no en nuestra sosegada realidad. Todo parece indicar que este fin de semana cambiaremos la pisada, cuando el domingo comience en el Centro de Convenciones de Punta del Este la III Ceremonia de los Premios Platino del Cine Iberoamericano -que se emitirá a través de Televisión Nacional de Uruguay y TNT-, organizada por la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (integrada por Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay). El encuentro, cuyas ediciones anteriores se realizaron en Panamá y Marbella, nucleará a unos 500 profesionales del sector, a reconocidas estrellas y a nombres más bien marginales dentro del mainstream. En la larga lista están los argentinos Ricardo Darín y Guillermo Francella, el español Javier Cámara (Truman), el colombiano Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente), el guatemalteco Jayro Bustamante (director de la bellísima Ixcanul), el estadounidense Edward James Olmos y el mexicano Gabriel Ripstein; y como maestros de ceremonia, la uruguaya Natalia Oreiro, el español Santiago Segura y el mexicano Adal Ramones.
En este marco varias instituciones organizaron ayer una conferencia en la que distintas autoridades y productores colombianos y dominicanos expusieron las claves de los modelos que les han permitido desarrollar una dinámica industria audiovisual, con capacidad de crear empleo, captar inversiones y promover en el extranjero su patrimonio y memoria fílmica. El cierre de la conferencia se realizó con el lanzamiento de la marca Uruguay Audiovisual, una iniciativa del Ministerio de Turismo, Uruguay XXI, el Instituto del Cine y Audiovisual, la Cámara Audiovisual y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, que busca consolidar al sector dentro y fuera de fronteras. “El fin utilitario es ‘vender un país’”, dijo el director Nicolás Branca en la presentación.
Desde afuera
La presentación de República Dominicana impactó por las cifras millonarias de inversiones y por la alta concurrencia al cine. Allí hay diversos apoyos estatales al sector: por ejemplo, del total de los gastos de producción dentro de ese país, se devuelve la cuarta parte. El crecimiento de la industria implicó que de 2011 a 2015 se estrenaran 106 películas, y eso no complicó su exhibición, ya que al cine nacional le corresponde obligatoriamente, como mínimo (“cuota de pantalla”), 30% del total.
Con los años, Colombia se ha convertido en un faro para el continente: desde 1997 cuenta con una Ley de Cultura en la que el Estado asume su obligación de conservar, divulgar y desarrollar la cinematografía del país, “en virtud de la importancia estratégica del audiovisual como generador de memoria colectiva y de identidad nacional”. Al año siguiente se creó Proimágenes, una institución mixta que procura el desarrollo armónico del sector. El siguiente paso fue aprobar la Ley de Cine, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y el Fondo Fílmico, un instrumento de devolución de dinero a quienes filmen en Colombia y contraten servicios técnicos y artísticos colombianos. Entre los resultados hay datos que sorprenden: de 2004 a 2013 se filmaron 132 largometrajes y 400 cortos.
Adelfa Martínez, directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura colombiano, dijo a la diaria que su cargo se creó en 1997, con el cometido de decidir la política para el sector, previendo ya el fondo mixto Proimágenes Colombia y con un “sentido muy definido, mirando a mediano y a largo plazo para poder desarrollar una infraestructura y una administración de los recursos públicos de una manera mucho más fluida”, y para asumir un enfoque adecuado a “la lógica de la realización cinematográfica”. Según Martínez, desde la lógica de la administración pública y atendiendo a los períodos fiscales, es muy difícil entender que una película no se puede hacer en un año “porque sí”, sino que se hace en el tiempo necesario de acuerdo con su carácter y lógica de financiación.
Explicó que durante cinco años, en un proceso de diseño y de revisión de políticas, asumiendo las características del área, llegaron a la Ley de Cine, que definió los caminos fundamentales: “hacer mucho más cine en Colombia, y promocionar nuestra cinematografía. Esto tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que está dirigido por un Consejo Nacional de Cine, y con los estímulos tributarios que están orientados a los inversionistas y a la empresa privada”. Según la directora, esto ha permitido captar para el sector, en los últimos años, unos 60 millones de dólares, a partir de convocatorias públicas anuales para fomentar la producción de largos y cortos de ficción, animación y documental.
En cuanto a la exhibición, dice que si bien la ley permitiría imponer una cuota de pantalla, hasta el momento no ha sido necesario hacerlo, porque los exhibidores le han dado espacios adecuados al cine del país. Sin embargo, antes de la Ley de Cine, en Colombia se exhibían en promedio sólo tres films nacionales por año en las salas comerciales, y luego la cantidad creció en forma exponencial, llegando el año pasado a un récord de 36. “Esto comienza a convertirse en una situación especial, porque las películas colombianas tienen que competir con todo el resto de la programación, y con los compromisos que las salas comerciales mantienen con las grandes productoras extranjeras. Esto significa que, si las películas colombianas no logran conectar con el público en el primer fin de semana, y alcanzar la suficiente taquilla”, por la lógica del mercado, bajan de cartel. Martínez no cree que las cuotas de pantalla sean una opción exitosa, incluso después de haber estudiado los casos de otros países. “No es cierto que por tener más tiempo a las películas nacionales en cartel vaya más público a verlas”, reconoce.
También explica que se está intentando que la exhibición de óperas primas y películas “más de nicho” logre un equilibrio con la de aquellas que tienen un contacto con audiencias mayores. “Nosotros tenemos un cine independiente y otro más comercial, y nos interesa que la producción sea equilibrada. En ese sentido, nos esforzamos muchísimo para que sean jurados y evaluadores externos los que definan cuáles serán nuestros próximos proyectos o nuestras futuras películas”. Si bien opina que los recursos con que se cuenta son escasos, señala que se ha intentado maximizar su rendimiento y “destinarlos a aquello que nos dé más resultados, como la presencia en los festivales más importantes y los principales mercados, y tener una comisión fílmica muy activa. También tener herramientas más seductoras para renovar el interés en el país”.
Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que otorga incentivos a los rodajes extranjeros. Cuando se le pregunta a Martínez por el resultado, responde que han sido muy favorables, sobre todo porque desde mayo ya se han aprobado 22 proyectos, lo que implica para el país una inversión para nuevas películas que ronda los 29 millones de dólares, además de otras derivaciones positivas como la creación de puestos de trabajo. Reconoce que esto se ha vuelto clave, en la medida en que brindó la oportunidad de que su equipo creativo y técnico entrara en contacto directo con los equipos internacionales, permitiendo intercambios de conocimiento. En este terreno hay una ley y un fondo que “se alimenta de manera distinta que el Fondo de Fomento Cinematográfico, nutrido por la taquilla de los distribuidores y exhibidores” y está siendo asignado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según la directora, este es otro gran logro, porque reconoce que el cine “tiene tanto de cultura como de industria”.
Inversión privada
En la última década, el sector de exhibición colombiano ha crecido de modo considerable, y “gracias a la legislación, los exhibidores y la empresa privada invierten sus ganancias en cultura. Al invertir en su mismo sector, y en su mismo negocio, tienen un descuento tributario de 50%, y esto los exhibidores lo han utilizado muy bien”, señala Martínez.
Consultada acerca de la respuesta del público, explica que hay un importante sector asiduo, y que se está trabajando para lograr que la parte de la población que rara vez accede al cine se familiarice con él, a partir del impulso a salas alternativas en casas de la cultura y bibliotecas públicas, que pertenecen a circuitos más bien comunitarios. A estos lugares se está intentando llegar con colecciones de cine colombiano: el organismo estatal adquiere los derechos y pone las películas a disposición de todos esos escenarios, para que trabajen en la formación de públicos.
En sintonía con estas iniciativas, la dirección está desarrollando el programa Colombia de película, nuestro cine para todos, en el que trabajan con colecciones de películas colombianas -tanto largometrajes como cortos de ficción, documentales y trabajos de animación-, interviniendo para hacerlos accesibles a personas con discapacidad auditiva o visual.
En paralelo, se ha puesto en marcha un proyecto con las radios comunitarias, por las que se “transmiten” películas, en una suerte de regreso a la época de la radionovela o el radioteatro, y esto “ha sido muy exitoso”, sobre todo para alcanzar aquellos lugares en los que no existe posibilidad de contar con salas de exhibición.
Martínez agrega que, entre las estrategias que están implementando para llevar el cine más allá del circuito comercial, también se encuentra Retina Latina, una plataforma digital gratuita de difusión, promoción y distribución del cine latinoamericano. Entre los países que la integran se encuentran, además de Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Uruguay (el lunes a las 18.30, en la sala Delmira Agustini del teatro Solís, DocMontevideo realizará un encuentro con la coordinadora de esta plataforma). Retina Latina “nos está permitiendo contar con cine patrimonial, que difícilmente trasciende nuestras propias fronteras. Y nos está demostrando que, sobre todo en el caso de los cortometrajes y los documentales que no tienen tantos circuitos o tanta oportunidad de circulación, esta es una excelente alternativa para mantenerlos” a la vista.
De este modo, Colombia se ha convertido en un ejemplo de cómo conservar -y construir- memoria y patrimonio, mediante iniciativas y legislación que abarcan toda la cadena productiva del audiovisual.