“A derribar barreras. A concretar derechos” fue la consigna de la 6º marcha por la accesibilidad e inclusión, que salió esta tarde desde la Universidad de la República y transitó por 18 de Julio hasta llegar a la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde se leyó una proclama y se cerró el acto con música.
Fiorella Buzeta, de la Coordinadora de organizaciones sociales que planifica la marcha, explicó que el lema de la convocatoria tiene dos sentidos: “'A derribar barreras' apunta más a la sociedad, a derribar prejuicios, mitos que hay entorno a la discapacidad, y 'A concretar derechos' es más que nada a lo institucional, a que todavía falta mucho para hacer. Hay muchas leyes que se han hecho y no se terminan de aplicar, incluso organismos internacionales han hecho recomendaciones a Uruguay y no se aplican”.
Para esto pase, Buzeta aseguró que “debe haber voluntad política”. Al consultarle por las prioridades del colectivo de personas con discapacidad, Buzeta aclara que es difícil mencionar sólo algunas, porque “estamos hablando de derechos”, pero enumera algunas, como la accesibilidad del medio físico y la inclusión educativa y laboral “para poder acceder a un trabajo digno. Sin subestimar, muchas veces se enfoca a las personas con discapacidad a trabajar en talleres o en manualidades, y hay otra demanda también”.
El énfasis estaba puesto en “concretar” y muchos de los manifestantes lo reiteraban. Gabriel Soto, presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, también aseguró que el motivo para marchar “es que de una vez por todas se empiecen a concretar acciones efectivas para que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad”. Entiende que hay dos aspectos que trancan la inclusión en distintos aspectos de la vida: por un lado los recursos económicos para que las propuestas de accesibilidad se vayan concretando y también “un cambio de mentalidad: tanto nosotros de mostrarnos como personas con nuestros derechos y obligaciones y también la sociedad, que nos pueda incluir como personas, sin importar la discapacidad. Para ese cambio falta todavía, pero tiene que ser de ambas partes”.
Mientras tanto, el Senado sigue discutiendo el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad en el sector privado, que propone que en las empresas de más de 25 empleados 4% de la renovación de la planilla sea ocupada por personas con discapacidad. El proyecto tiene media sanción de Diputados, pero desde el Poder Ejecutivo se ha planteado que la ley se aplique en las empresas con más de 200 trabajadores. “Hace cuatro años que se viene peleando por la ley, al final del camino no se debería incorporar elementos que hagan que sea una ley vacía”, afirmó Martín Nieves, integrante de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, desde donde se ha impulsado la iniciativa.
Nieves aseguró que en Chile, Brasil, Bolivia o Venezuela “se llegó a un porcentaje relativamente interesante”, y graficó que si se cuenta a las empresas con más de 25 trabajadores la ley se debería aplicar en 5.000 empresas, mientras que sólo hay 750 empresas de más de 125 trabajadores: “es una locura que solo se aplique por encima de los 200 trabajadores”. Desde la Comisión se lanzó la campaña Yo apoyo/Yo firmo, y ya van recolectadas más de 300.000 firmas de personas que apoyan la aprobación de la ley.