El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo (IM), Eduardo Brenta, resolvió esta tarde suspender por un período de tres meses a 13 funcionarios de la división de Tránsito, que en setiembre del año pasado habían sido denunciados por estacionar sus vehículos particulares sin pagar el costo correspondiente por ese servicio. Brenta tomó esa decisión tras recibir un informe de la Asesoría Jurídica que, tras indagar a todos los involucrados en el marco de un sumario administrativo, recomendó aplicar esa sanción contra los 13 funcionarios de Tránsito.
Según el dictamen de Jurídica, al que accedió la diaria, el objeto del procedimiento administrativo consistió en “determinar la responsabilidad de los funcionarios por la presunta utilización de conocimientos propios de su función para procurarse un beneficio indebido, en este caso, el estacionamiento de sus vehículos particulares en espacios de estacionamiento tarifado sin abonar el precio correspondiente, el día 14 de setiembre de 2016, sabiendo que no habría control sobre el mismo”. Tras detallar cuáles fueron las principales argumentaciones de los funcionarios implicados, el informe de Jurídica concluye que estos inspectores “han comprometido su responsabilidad administrativa”, y por lo tanto recomienda la aplicación de una sanción de tres meses de suspensión.
El 14 de setiembre de 2016, el entonces director de Tránsito de la IM, Pablo Ferrer, constató, tras recibir una denuncia, que en las inmediaciones de la IM había 14 vehículos estacionados en el área tarifada que no estaban pagando el costo correspondiente por ese servicio; cinco de ellos estaban por la calle San José, entre Javier Barrios Amorín y Santiago de Chile, y los otros nueve por Soriano, entre las mismas transversales. Ferrer pudo comprobar que varios de esos vehículos que no pagaban el estacionamiento tarifado pertenecen a funcionarios de la División Tránsito, según consta en una nota que le envió ese mismo día al secretario general de la IM, Fernando Nopitsch.
Según entendieron los jerarcas en aquella oportunidad, este accionar tendría “cierta apariencia de premeditación”, ya que en varios de los vehículos multados se encontró un patrón común: adhesivos pegados en los parabrisas que tenían logos con la letra “z”. La suspicacia y la asociación de los jerarcas fue inmediata: la “z” serviría para identificar cuáles son los vehículos propiedad de los “zorros”, que de esa forma sorteaban los controles que hacen otros integrantes de la división, que también podrían ser investigados. Esto último fue luego negado por los inspectores, quienes argumentaron que el logo, en realidad, identificaba a un equipo de fútbol integrado por los funcionarios de Tránsito.
Tres meses y medio después de aquel episodio, a finales de diciembre, la IM dictaminó el inicio de un sumario administrativo, cuyos resultados se conocieron esta tarde.