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Propaganda a favor de la despenalización del aborto frente al Palacio Legislativo. Foto: Nicolás Celaya (archivo, noviembre de 2011)

Fallo judicial impidió a mujer continuar con un aborto

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Una resolución judicial impidió que una mujer llevara adelante un proceso de interrupción voluntaria de embarazo en Soriano.

El caso, dado a conocer ayer por el portal Uypress, se dio debido a que el hombre que produjo el embarazo quería tener al niño, y ante la negativa de su pareja, decidió acudir a la Justicia. Según la sentencia judicial emitida el 21 de febrero, tuvo que “activar los mecanismos legales tendientes a la protección de la vida del hijo en común”. La mujer tiene plazo hasta hoy para apelar el fallo.

La jueza expresó en su fallo que dio lugar a este recurso de amparo, debido a que el padre “no tiene otra acción o forma legal de obtener reconocimiento a su derecho en tiempo como para evitar la lesión al derecho humano a la vida de su hijo”. Además, observó que no se cumplieron algunos de los requisitos incluidos en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para la jueza, no “surge constancia de haberse expuesto las razones que impiden [continuar con el embarazo en curso], ni las que se expresan por la Sra. XXXX en su declaración fueron probadas”.

Por eso, la jueza hizo lugar a la demanda de amparo: debido a “la falta de prueba por falta de registro del cumplimiento de los requisitos previstos en el Art. 3 Inc 1ª de dicha ley”. En el fallo, la jueza sostiene: “humildemente que deben controlarse dichos extremos -requisitos- porque si no la ley sería un pase libre para que se aborten niños entre las primeras doce semanas, solo con pedirlo, y eso no es lo que dice la ley, desde el momento que exige apoyar las carencias que pueden implicar impedimentos para continuar con su embarazo a la mujer, y tutelar la vida”. También asegura que “no son razones de ganas, de momentos, de razones psicológicas no comprobables” las que determinan cuándo es legítimo continuar el proceso de interrupción del embarazo.

En tanto, el abogado del hombre, Federico Arregui, cursó un pedido de inconstitucionalidad de la ley, que deberá ser evaluado por la Suprema Corte de Justicia.

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