El gobierno argentino encabezado por Mauricio Macri acordó con el Grupo Macri el pago de una deuda que este tenía con el Estado por el Correo Argentino y que implica una quita de 98,87% en perjuicio del Estado.
La información fue dada a conocer hoy por el matutino argentino Página 12. La fiscal Gabriela Boquín sostuvo que con el arribo de Macri a la Casa Rosada el gobierno argentino cambió su estrategia judicial y aceptó una propuesta que anteriormente había rechazado. Además, solicitó investigar para averiguar si con esta decisión no se está beneficiando a la familia presidencial.
En 1997 el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino, al que administró mediante la empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri actualmente conserva la mayoría accionaria -las acciones actualmente pertenecen a los hijos del presidente argentino-. La concesión fue rescindida en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Dos años antes, la empresa había entrado en concurso de acreedores, con una deuda de 900 millones de pesos-dólares (ya que regía la convertibilidad) y el Estado era acreedor de 32,65% de esa deuda. Según el cálculo que entregó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, la deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en setiembre de 2001, antes de la devaluación.
El gobierno de Macri aceptó una propuesta del Grupo Macri que antes había sido rechazada por el Estado al ser considerada abusiva. Esta consiste en que el grupo pague en 15 cuotas anuales “100% del monto verificado”, es decir, 296 millones de pesos (unos 18 millones de dólares al tipo de cambio vigente), con un interés anual de 7%. La diferencia entre la deuda de 296 millones de dólares y de la misma cifra, en pesos argentinos -que es la deuda que va a pagar el Grupo Macri según el acuerdo-, es de 278 millones de dólares, o sea, alrededor de 4.500 millones de pesos argentinos.
La fiscal Boquín, que recurrió el acuerdo ante la Cámara de Apelaciones, aseguró que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”.