Además de ganarse la oposición del movimiento sindical, el decreto que emitió el gobierno sobre los cortes de calles también comienza a recibir críticas en la interna del Frente Amplio.
De hecho, Casa Grande, el sector político liderado por la senadora Constanza Moreira, emitió un comunicado en el que advierte que esta norma “aumenta la autonomía de la fuerza policial para decidir sobre situaciones que deberían tramitarse a través del diálogo”.
Según se señala, “la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra del pueblo organizado”, a lo que se agrega que “legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo sólo puede ser funcional a fuerzas conservadoras”.
Además, se entiende que el gobierno “ya cuenta con las herramientas legales” para enfrentar este tipo de situaciones, y se enfatiza que “en Uruguay la libertad y las formas pacíficas de resolver los conflictos son la norma, por lo que no estamos en una situación en la que amerite intensificar las medidas represivas”.
En tanto, en declaraciones a El País, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo que se trata de una medida “inapropiada e innecesaria”, debido a que otorga potestades a las fueras represivas y “genera un panorama de incertidumbre” en el “campo popular”. También el diputado del Espacio 609 Óscar Groba cuestionó la medida, según consigna ese mismo medio. El legislador sostuvo que “restringe el derecho social de manifestarse” y “cercena la posibilidad de manifestaciones sociales que no sean violentas”.