En el marco del conflicto de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) con el Poder Ejecutivo, este sindicato ocupó hoy los juzgados penales de la calle Juan Carlos Gómez.
Esta medida es una más de las varias que viene realizando AFJU, que todavía no ha logrado legar a un acuerdo con el gobierno respecto de las deudas salariales resultantes de un “enganche” que se produjo tras un aumento salarial del los ministros que integran el gabinete presidencial durante el gobierno de José Mujica, y que la Justicia determinó que por lo tanto implicaba también a todos los trabajadores del sistema judicial.
El jueves 15 de junio, este gremio llevó a cabo una peculiar manifestación frente a la Torre Ejecutiva, donde además reclamó que se designe un fiscal para que defina si el artículo 733 de la Ley de Presupuesto de 2016 es constitucional. Ese artículo estableció un procedimiento administrativo que habilita al Poder Ejecutivo a pagar las condenas contra el Estado una vez que se aprueben los recursos necesarios en las futuras leyes presupuestales, para que este “efectúe las previsiones correspondientes”. Esta norma ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero para un recurso presentado por una trabajadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.