Tras haber desocupado ayer el juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) ocupó hoy el edificio del Palacio de los Tribunales, ubicado en la plaza Cagancha.
La medida, según un comunicado del gremio, es una continuación de las que se vienen tomando esta semana y “en espera de respuestas” a los “justos reclamos” de AFJU, que implican los aumentos que a su juicio les adeuda el Poder Ejecutivo por el “enganche” salarial producido durante el gobierno de José Mujica, la falta de designación de un fiscal por parte del gobierno para estudiar la inconstitucionalidad del artículo 733 del Presupuesto de 2015 (ya laudada por la Suprema Corte de Justicia para otro caso) y el artículo 15 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, a estudio en el Parlamento. Este último artículo establece que, cuando se trate de sentencias judiciales, el Ejecutivo “podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible [...], salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo”. De ocurrir esto, el artículo determina que el Ejecutivo “quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales”.