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Michel Temer en el aeropuerto Vnukovo de Moscú, ayer. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Policía Federal de Brasil concluye que Temer incurrió en corrupción

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La Policía Federal de Brasil concluyó que el grupo J&F, que maneja la multinacional cárnica JBS, pagó sobornos al presidente de Brasil, Michel Temer, según un informe cuyo contenido fue divulgado ayer de noche.

El informe señala que existen fuertes evidencias de que Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva, consigna la agencia de noticias Efe. Allí se indica que J&F dio “ventajas indebidas” a Temer “de manera remota”, y también al ex diputado Rodrigo da Rocha Loures (ex asesor del presidente), de forma “inmediata”.

El ex legislador intermedió con Temer desde hace dos décadas en una reunión que mantuvo con el empresario Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS. Batista grabó una conversación entre ambos y relató en varios audios el silencio y la complacencia de Temer a una serie de maniobras realizadas en tribunales y en el gobierno para favorecer a JBS e impedir que se avanzara en investigaciones sobre sus actividades.

Rocha Loures, muy cercano a Temer desde hace dos décadas, fue el intermediario de una polémica reunión que el gobernante tuvo en su residencia oficial con Batista, uno de los dueños del grupo JBS, quien grabó una comprometedora conversación entre ambos.

Batista también dijo que el empresario agregó que conoció a Temer en 2010 y que desde entonces paga millonarias comisiones por gestiones que, según la denuncia, hacía desde el poder para favorecer a JBS.

Ahora la Policía ya entregó al Supremo Tribunal Federal un informe parcial de las investigaciones, pero a su vez ha solicitado más tiempo para indagar si Temer incurrió en delitos de obstrucción a la Justicia y de asociación ilícita. Luego de esto, el fiscal general, Rodrigo Janot, deberá decidir si denuncia o no al presidente brasileño.

Si el fiscal presenta una denuncia contra Temer, su aceptación o rechazo dependerá de una votación en el pleno de la Cámara de los Diputados, que necesitará el voto de al menos dos tercios de sus miembros para que el Tribunal Supremo Federal tenga la última palabra sobre el caso.

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