Con la presencia del PIT-CNT en las barras, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Fondo de Garantía de Créditos Laborales, conocido como el proyecto de ley de insolvencia patronal. El diputado frenteamplista Luis Puig hizo referencia a la situación que viven los trabajadores cuando quiebra una empresa: “El mecanismo actual para garantizar el cobro efectivo y oportuno de los créditos laborales es insuficiente”, por lo que el trabajador termina asumiendo el “fracaso de la gestión de la empresa”. El salario, señaló, “constituye la garantía de su manutención y la de su familia” y, por ese motivo, debe ser “especialmente protegido por el derecho laboral”.
El legislador aseguró que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo mantiene los aspectos medulares del proyecto que presentó, junto al diputado Carlos Reutor, en 2015. El objetivo del proyecto, señaló, es “garantizar efectivamente los créditos laborales en caso de insolvencia patronal”, dijo Puig, y agregó que si bien ya existen otros instrumentos jurídicos, como la ley de concurso, aprobada en 2008, esta iniciativa busca subsanar el problema que se da cuando “no hay recursos y los trabajadores no cobran”.
Si bien la mayoría de los legisladores nacionalistas coincidieron en que se trataba de un proyecto necesario, varios argumentaron en contra del artículo que refiere a la financiación del fondo. Fue el caso del diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional (PN), que planteó que no le convencía la forma en que se plantea el artículo de financiamiento del fondo, aunque le parecía una iniciativa necesaria. Dicho fondo, creado en el ámbito del Banco de Previsión Social, se solventará por “una contribución especial de seguridad social patronal de hasta un máximo del 0,025% de las partidas que constituyan materia gravada”.