La Fiscalía de Crimen Organizado presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación en el que solicita que se case parcialmente la sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11 de diciembre, en la cual se confirmó el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic pero no aceptó imputar a quienes integraban el directorio cuando se cometieron las presuntas irregularidades.
En particular, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco solicita que se disponga el procesamiento “por un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley” de Sendic, de José Coya, que lo sucedió al frente de Ancap, y de cuatro ex directores del ente: Germán Riet, Juan Gómez, Juan Justo Amaro. Pacheco considera que estas personas estuvieron involucradas “en los dos grandes asuntos que fueron objeto de reproche penal por parte del Ministerio Público: la triangulación con la empresa Trafigura y los acuerdos con la firma Exor”.
La triangulación con Trafigura, indica la Fiscalía en el recurso, involucra a todo el Directorio, que fue el que “concedió a Trafigura una posición comercial más que ventajosa, ofreciéndole su participación en un negocio multimillonario, sin que dicha empresa extranjera haya debido enfrentar procedimiento competitivo alguno, ni en Uruguay, ni tampoco en Ecuador”, para lo cual, “adicionalmente”, operó sin contrato. En 2010 se firmó un acuerdo por el cual Petroecuador le vendía petróleo a Ancap para que fuera refinado, pero en los hechos Ancap cumplió con “su parte contractual por intermedio de Trafigura”, sin haber llamado a precios a otras empresas. Los entonces directores de Ancap “deben responder por un delito de abuso de funciones”, asegura la Fiscalía en el recurso.
Acerca del acuerdo de servicios y la transacción con Exor, Pacheco plantea que ese directorio “resolvió transar un juicio que era 'ganable' según la jurídica de Ancap” y pactó “nuevamente exclusividad con Exor para una segunda operación de cancelación de deuda, sin saber fehacientemente si el Ejecutivo acordaría los fondos (…) y pactando una multa millonaria”.
La Fiscalía considera que “en ambos casos la conducta de los señores directores de Ancap que intervinieron en la contratación de la empresa privada Trafigura y en los acuerdos celebrados con la firma Exor debe ser subsumida en la figura delictiva” del abuso de funciones, “norma penal que se entiende erróneamente desaplicada por el Tribunal”. “Se trata en ambos casos de actos arbitrarios cometidos en perjuicio de la imagen, el prestigio y el normal desenvolvimiento de la actividad estatal”, agrega el texto.