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Jorge Silveira ingresa al juzgado (archivo, agosto de 2006)

Foto: Iván Franco

Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó enjuiciamiento y prisión para 3 militares y un policía por torturas y abusos sexuales a presas políticas

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El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el enjuiciamiento y la prisión para tres ex militares y un ex policía en la causa que investiga la denuncia de apremios físicos y psicológicos, privación ilegítima de la libertad y abusos sexuales a que fueron sometidas 26 ex presas políticas entre 1972 y 1983.

Las mujeres presentaron la denuncia el 28 de octubre de 2011 y según la Fiscalía surge de la misma que “fueron víctimas de privaciones ilegítimas de su libertad, sometidas a graves tormentos, y en especial, que en su condición de mujeres detenidas, fueron objeto de diversos abusos sexuales. Circunstancia que marcó un patrón común y diferencial del aparato represivo en perjuicio de las mujeres por su condición de tal”.

Los ex militares encontrados como responsables de estos hechos por Perciballe son Jorge “Pajarito” Silveira, que se encuentra cumpliendo condena por otros delitos de lesa humanidad en la cárcel de Domingo Arena, el mayor retirado Antranig Ohannessian, y el ex teniente coronel del Ejército Julio Ebel Litovsky. Además, imputa al ex comisarios Silcar Lara Borges, jefe del Departamento IV de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía en 1983.

“No cabe lugar a dudas que parte de los hechos descriptos en la plataforma fáctica, se adecuan plásticamente a la figura penal prevista en el artículo 22 de la Ley 18.026 (del 25 de Septiembre de 2006) que prevé: 'El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría. Se entenderá por “tortura” todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales”, expresa el documento de la Fiscalía.

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