Decenas de organizaciones, agrupaciones periodísticas, políticos y medios de comunicación se pronunciaron hoy en contra de la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de ordenar que sea dada de baja una noticia que fue publicada en dos páginas de internet del mismo grupo periodístico afines al presidente, Jair Bolsonaro. El propio presidente se pronunció, asegurando que, si bien respeta “la autonomía de los poderes”, siempre será “favorable a la libertad de expresión, un derecho legítimo e inviolable”.
Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo a la cadena O Globo que “ve con preocupación algunas situaciones en Brasil”. Refiriéndose en particular a este caso, consideró que la orden judicial viola la protección que la Convención Interamericana de Derechos Humanos concede a la libertad de expresión y a la prohibición de censura previa.
La censura ocurrió el lunes y se enmarca en una investigación que el STF viene llevando adelante desde marzo referente a las noticias falsas. En ese entonces, el presidente del STF, Dias Toffoli, ordenó a uno de los jueces del organismo, Alexandre de Moraes, que investigue la divulgación de información falsa que implique ofensas y amenazas contra los integrantes del STF.
La investigación se mantenía en estricto secreto y sin generar muchas novedades hasta que, ayer, Moraes ordenó a las publicaciones digitales O Antagonista y Crusoé que eliminen una noticia en particular. En ella se informaba que Marcelo Odebrecht, quien fue presidente de la constructora, había mencionado al presidente del STF en una de sus declaraciones a la Justicia. Según estos sitios, Odebrecht dijo que Días Toffoli era “amigo del amigo de mi padre”, en referencia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que lo involucraría en negociaciones vinculadas a sobornos.
Además de ordenar que la noticia fuera censurada, Moraes ordenó una serie de allanamientos a lugares vinculados a estos medios y al general retirado Paulo Chagas, un crítico del STF aliado a Bolsonaro que fue candidato a gobernador de Brasilia. También ordenó que las redes sociales de Chagas y de otras seis personas fueran bloqueadas como represalila por haber difundido “graves ofensas a esta corte y a sus integrantes, con contenido de odio y de subversión del orden”.
A la polémica por la decisión se sumó que la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió que se archive la investigación sobre noticias falsas. Dodge argumenta que el sistema penal brasileño establece una separación de funciones según la cual “un órgano acusa, otro defiende y otro juzga”, lo cual no se está cumpliendo en este caso porque el STF quedaría a cargo de todo el proceso.
El pedido de Dodge fue rechazado por Moraes que, además, informó que se extendió el período de investigación por más de 90 días. Moraes indicó en su escrito que el STF puede abrir una investigación si es acerca de una presunta “infracción a la ley penal en sede o dependencia del STF”, una definición que amplía para incluir a los jueces del órgano judicial.